Cada vez que un micrófono o una cámara caza inadvertidamente a un representante público cometiendo un gazapo, o sea, haciendo o diciendo algo impropio, indecoroso, vil  o despreciable, surge en los medios un debate interesado –que no interesante– acerca de la licitud de hacer público ese comportamiento condenable. Se alega que, al desconocer el deslenguado, o la deslenguada, la presencia del imprevisto artefacto grabador, se estaría atentando contra sus inalienables derechos personales, pues el comentario impropio o la acción vergonzosa se habrían llevado a cabo dentro del ámbito de lo privado.

      Viene esto a cuento del grosero exabrupto de la Secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez, cuando, refiriéndose a los pensionistas que, en ejercicio de sus derechos civiles, estaban abucheando a Rajoy, dijo que le apetecía hacerles un corte de mangas de cojones y decirles: “¡Os jodéis!” Cuesta imaginar a toda una Secretaria de Estado con cara de monja seglar y exalumna de las Ursulinas diciendo semejante ordinariez. Cuesta más entender que lo dijera refiriéndose a unos respetables ciudadanos que contribuyen con sus impuestos a pagar su salario. Y aún cuesta más que, a los dos días, añadiera, a modo de descargo, que “lo mejor era pedir disculpas y ¡santas  pascuas!” O sea, al insulto previo, la señora Martínez vino a añadir la guinda zafia del desprecio, pues, en español, la expresión santas pascuas equivale a dar por zanjado unilateralmente un asunto enojoso sin tener en cuenta la opinión de la parte ofendida.
      Pero analicemos el tema del ámbito privado frente al ámbito público. Y para ello, creo que lo adecuado es definir aquello que entendemos por “ámbito privado de actuación”. Sería difícilmente discutible afirmar que el ámbito privado engloba aquellos aspectos que pertenecen a la vida íntima de las personas, o sea, sus sentimientos, sus relaciones personales y familiares, su salud, sus gustos y preferencias sexuales. Ahora bien, aspectos como sus creencias religiosas o sus comportamientos sociales, al ser de tal naturaleza que pueden afectar a su comportamiento público nunca deberían quedar libres del escrutinio ciudadano. En el caso de una persona pública, todo lo que no pertenezca a los aspectos más íntimos anteriormente definidos es susceptible de poder ser aireado, o sea, ser dado a conocer a los ciudadanos que pagan el salario de la persona en cuestión.
      Las frases de la señora Martínez que captó un micrófono “indiscreto”  pero no invisible nos han dado a conocer aspectos fundamentales acerca de la ideología y de la actitud social, e incluso moral, de la señora Secretaria de Estado. Por ejemplo, que desprecia a los pensionistas, a los que probablemente considera parásitos sociales que tienen una vida demasiado larga y costosa para el Estado; que no tolera la discrepancia y lleva muy mal las críticas que los ciudadanos vierten contra el gobierno del que ella forma parte, es decir, que es de talante autoritario y escasamente democrático; que mantiene actitudes sociales revestidas de hipocresía, pues nunca se le ocurriría hablar públicamente (en público, sí que lo hizo) usando el lenguaje que empleó creyendo que nadie la escuchaba; que es torpe, pues olvidó una máxima fundamental de todo gobernante, y es que siempre puede haber micrófonos y cámaras abiertos en los espacios públicos. Simplificando, por las palabras que se le escaparon la señora Martínez puede ser definida como moralmente reprensible, autoritaria, hipócrita y torpe, defectos que los administrados tienen todo el derecho de conocer.
      Insisto. Se ha debatido –y me temo que se seguirá haciendo– acerca de la oportunidad, e incluso la legitimidad, de airear públicamente las torpezas, las indiscreciones, los comentarios realizados a destiempo o las exclamaciones extemporáneas de los personajes públicos. Opino que, siempre que se encuentran en público, los personajes que viven del dinero público están –deben estar–  permanentemente sometidos al escrutinio ciudadano. Da lo mismo que se trate de reyes, reinas (en activo o jubiladas), primeros ministros o secretarias de Estado. Los ciudadanos que pagan sus salarios –salarios nada exiguos– tienen pleno derecho a saber no solo lo que dicen en sus preparados discursos oficiales, sino lo que realmente piensan, aunque se esfuercen por ocultarlo. Esto es especialmente cierto en estos tiempos que nos han tocado vivir, en que la destreza de los expertos en el fingimiento y la teatralidad se ha adueñado de la escena política gracias a los ardides de la comunicación de masas. Pues muy bien, que sean precisamente esos mismos sistemas de comunicación que con tanta destreza emplean para engañarnos los que sirvan para dejarlos con las vergüenzas al aire. Y no confundamos la esfera de lo privado con los vicios ocultos (o debería decir vicios ocultados).
      A los deslenguados, a los torpes, a los mentecatos que sueltan burradas al oído sonriente y complaciente de un correligionario sin darse cuenta de que hay micrófonos alrededor (los conocidos como moros en la costa), habría que decirles una frase muy frecuentemente utilizada entre los anglosajones a la hora de despedirse de un amigo: “Sé bueno. Y si no puedes ser bueno, ¡ten cuidado!”

             Mi escasamente estimado señor Lesmes:
             Me dirijo a usted tras leer sus nada edificantes declaraciones, en las que arremete contra todo aquel que se ha atrevido a poner en tela de juicio la bochornosa sentencia del caso de “La Manada”, ya se trate de juristas, políticos (no de derechas, por supuesto) o simples ciudadanos, como es el caso de quien suscribe.
             Y tomo la decisión de redactar esta misiva, que de antemano sé que va a tener una vida tan efímera como inútil, como mero arrebato y descarga de la destemplanza que algunos personajes públicos generan en mí desde hace mucho tiempo con sus desafortunadas manifestaciones (solo me refiero aquí a las declaraciones públicas, como la suya, señor Lesmes, y  no a otros lamentables aspectos como las mentiras, los latrocinios y los turbios manejos que tiñen y ensucian la vida pública. Eso es harina de otro costal y requiere tratamiento aparte).
              Comienzo mi carta contemplando la imagen que acompaña a la noticia que ha provocado mi impulso epistolar. Al observar ese rostro (al que la barba canosa que oportunamente se dejó usted hace cinco años confiere un toque de severidad y rectitud, al menos aparentes); esa toga tan planchada; esa sobria corbata negra (ligerísimamente ladeada para dar una pincelada humanizadora al conjunto); ese elegante collar de san Raimundo de Peñafort (al alcance de tan pocos seres humanos), tengo la impresión de que usted estaba predestinado a ser lo que es: un jurista respetable y respetado. Usted nació para alcanzar cotas inaccesibles al común de los mortales. Por eso, comprendo que nos hable con esa altanería despreciativa, con ese aire de superioridad enojada con que se habla desde el púlpito o desde la tribuna a los insignificantes seres normales, o sea, inferiores.
             Eso es lo que percibo contemplando su imagen. Claro que luego me he parado a leer con atención sus palabras y, al analizar lo que usted tiene el atrevimiento de decir, mi mente se ha despejado (como la de un borracho al que se da a oler amoniaco) y he conseguido rebajarle a usted a su auténtica dimensión, es decir, a la de un señor que estudió Derecho (probablemente con muy buenas notas), ganó unas oposiciones, estuvo en lugar adecuado en el momento adecuado y tuvo los amigos y apoyos adecuados para llegar a ser un gurú del mundo judicial (en su vertiente más politizada) y se concede a sí mismo el privilegio de mirar al resto de la ciudadanía con esa condescendencia propia de la gente poderosa.       Pero, con todo el golpe de efecto que procura su supuesta sabiduría jurídica, se equivoca usted, y mucho, señor Lesmes. Tiene usted abundantes confusiones, de las que no le considero ignorante sino, por el contrario, displicentemente despreciativo. Se las enumeraré desde mi  ignorancia de, en su opinión,  paleto jurídico.

1. Confunde Justicia con acervo legislativo. Está usted saturado de leyes, de códigos, de reglamentos. Y no me extraña. Se pasó usted muchos años de afanoso estudio de las Leyes y me temo que perdió la perspectiva, no obstante tan sencilla, de la realidad. El estudio del Derecho, y su posterior aplicación, debe tener siempre como finalidad “hacer justicia”. O sea, el Derecho debe estar siempre al servicio de la Justicia; de lo contrario, el Derecho pasa a ser Torcido. Si una sentencia, por atenerse a determinados recovecos del articulado legal, no hace justicia a un ciudadano (o ciudadana) cuyos derechos han sido gravemente lesionados, deja de ser Justicia.
2. Confunde usted respeto a las decisiones judiciales con sometimiento ciego y silencioso a las mismas. Se infiere de sus declaraciones que a usted le molestan las críticas a las decisiones de los jueces, supongo que, en principio, por corporativismo, aunque tampoco desdeño que sea por ese clasismo rancio al que hacía referencia al principio de mi misiva. Lo imagino a usted diciéndose para sus adentros: ¿Pero quién coño se creen que son estos malditos ignorantes para poner en tela de juicio una sentencia judicial? (Imagino que en la intimidad dirá usted tacos, como casi todo el mundo; si no es así, le ruego que me disculpe y los tache de la carta.) Pues, señor Lesmes, se equivoca usted gravemente. Los ciudadanos tienen pleno derecho a discrepar de las decisiones judiciales. Y a criticarlas, siempre que lo hagan dentro de unos cauces razonablemente respetuosos. Porque no quiero ni imaginar que esté usted en contra del derecho fundamental de todo ciudadano a la libertad de expresión. ¿O lo está usted?
3. Deduzco de sus palabras que usted piensa que para tener una idea clara de en qué consiste una decisión (una sentencia) justa hay que ser un experto en Derecho. Es posible que en determinados casos en que se dirimen complejas disputas de Derecho Civil, por ejemplo, disputas financieras, sea muy difícil tener una opinión si se desconoce el correspondiente código legislativo. Pero hay casos en los que el sentido común y una limpia conciencia constituyen los pilares de una correcta opinión. Y, si esa opinión es mantenida por la inmensa mayoría de la población, es muy difícil que una sentencia judicial que va en dirección contraria sea defendible. Los jueces no son infalibles como dicen que es el Papa, señor Lesmes. Los jueces yerran. Y lo hacen porque aplican sus propias creencias, su ideología, sus filias y sus fobias a la hora de interpretar la ley.
4. Dice usted que las críticas pueden comprometer gravemente el sistema de justicia.  Y yo le digo que el sistema judicial lleva años profunda y gravemente comprometido. Y no por las críticas que le pueda hacer la gente (esa gente a la que usted seguramente considera iletrada y despreciable); el sistema judicial está comprometido por gente que, como usted y otros como usted dentro de la Judicatura, señor Lesmes, ha hecho de la Justicia su cortijo, gente que desprecia valores como la Verdad y la Democracia, y que se esfuerza por hacer que la aplicación de la Justicia se adapte, como un traje a la medida, a sus creencias, a su ideología y a los intereses de los suyos. Podría hacer una enumeración de los casos que los ciudadanos profanos en Derecho, como yo, consideramos ultrajantes, escandalosos, y que se vienen produciendo de forma constante en nuestro país sin que a los responsables del sistema judicial que usted aparenta defender se les caiga la cara de vergüenza (no les veo que les dé ni un tímido sonrojo). No voy a hacer esa enumeración porque sería demasiado prolijo y porque considero que es tarea innecesaria, pues todo español de bien sabe perfectamente a  qué me refiero.

             No voy a cansarle más, señor Lesmes. Ya me he desahogado, que era lo que realmente necesitaba. No creo ni siquiera que esta humilde misiva llegue a su conocimiento. Tampoco importa. En realidad, salvo las escasas excepciones de quienes tienen lectores asegurados, quienes escribimos como he hecho yo hoy, lo hacemos para liberarnos de la angustiosa situación a la que nos vemos sometidos por gobernantes corruptos, administradores ineptos, y por un sistema político y judicial que está en manos espurias y carentes de respetabilidad.
            Reciba un respetuoso pero nada afectuoso saludo de un ciudadano de a pie.

      La Universidad –y me refiero necesariamente a la universidad pública, pues la privada no deja de ser un puro negocio– ha sido siempre, y debería seguir siéndolo, un reducto irreductible de independencia intelectual y, por supuesto, moral. 

​      El poder político siempre ha respetado la autonomía universitaria, incluso si ese respeto ha sido concedido a regañadientes. Únicamente las dictaduras, sabedoras de la fuerza incontenible de las ideas, se han atrevido a entrar a saco en ese reducto para convertirlo en un centro docente obediente y desideologizado. Pero incluso las dictaduras han chocado a menudo con la dificultad que implica tratar de domeñar la inteligencia y la rectitud moral. Ahí tenemos el ejemplo de los profesores López Aranguren, García Calvo y Tierno Galván, de los que el poder absoluto de Franco solo pudo librarse expulsándolos de sus puestos, pero cuyo magisterio intelectual no pudo acallar, mucho menos aniquilar. Nombrar a estos profesores no equivale a afirmar que fuesen los únicos, pues la enseña de la independencia intelectual y la integridad moral fue portada por muchos otros docentes igualmente ejemplares.
      Viene todo lo anterior a cuento del lamentable espectáculo que hemos vivido estos días con el asunto del famoso máster nunca estudiado u obtenido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Quiero hacer abstracción de toda la capa de caspa y mugre con que se ha revestido este nuevo capítulo de corrupción que inunda nuestra vida pública. Voy un paso más allá.
     Escuchaba el otro día un comentario que puede parecer oportuno pero que procede de un planteamiento erróneo. Venía a decir lo siguiente, palabra de más o de menos: “Con la cantidad de casos de corrupción de todos conocidos, con los cientos de millones robados, los jueces y fiscales comprados, los dineros públicos despilfarrados, la miseria impuesta a cientos de miles de ciudadanos, ¿por qué se le da tanta importancia al hecho insignificante de que se haya falsificado un título universitario?” Pero no es ese el problema.
      Lo realmente alarmante, lo verdaderamente indignante es que los ladrones de la caverna no se hayan limitado a robar, que es lo suyo, lo que llevan en los genes. Lo que me produce a un tiempo irritación y espanto es que se hayan atrevido a poner sus sucias manos en la Universidad (y no añado pública porque se sobreentiende). Ya habían manchado, sin que la sociedad pareciera alarmarse en exceso, la judicatura, la fiscalía, los medios de comunicación pública, pero uno quería pensar que no se atreverían a embarrar con sus pezuñas el suelo universitario. Pero sí se han atrevido. Han ido tan lejos como van los dictadores.
      Porque lo de menos es que una mindundi trepadora haya querido presumir de lo que no es; eso es un mal menor en un político de derechas. Lo malo es que hayamos descubierto que han convertido una universidad pública en su pequeño cortijo, donde colocan a sus amiguetes como si se tratara de un negocio de compraventa de títulos. La lección de todo lo que hemos vivido –aún estamos viviendo– es que el atrevimiento de esta gente del PP no tiene límites, que no reconocen ningún terreno como sagrado –como no sea el de sus respectivas iglesias parroquiales–, que no hay barrera que no estén dispuestos a saltar por la fuerza; ni puerta que no se osen derribar; ni norma, ley, derecho que no se atrevan a saltarse, incumplir o despreciar.

      Érase que se era un país que había transitado –dicen que de forma modélica– de una dictadura de 36 años a una supuesta democracia moderna pero en la que el viejo dictador asesino instauró una anacrónica monarquía borbónica y en la que su flamante Constitución laica vivía amancebada y en bochornoso contubernio con un Concordato con la iglesia católica que despedía un insoportable tufillo a cera e incienso.

      No conocía Skid Row. Perdonad mi puta ignorancia culpable. Así son las cosas. Uno cree saberlo casi todo y resulta que desconoce muchas, demasiadas cosas importantes. Hoy me he enterado de la existencia de esta inmensa área urbana, en la que la miseria más vergonzante crece en sus acercas como una herida purulenta. Uno tiende a pensar que las mayores concentraciones de sintecho tienen que estar, por lógica, en ciudades de India, Paquistán o Haití, y a poca gente se le ocurre imaginar que una de las mayores concentraciones de pobres de puedan darse –como de hecho ocurre– en el corazón de Los Ángeles, en la rica California, en el país de Dios, como los estadounidenses más carcas y reaccionarios llaman, con sarcástica unción religiosa a Estados Unidos (God’s country).

     Imaginemos –todos somos capaces de usar nuestra imaginación– que los desfavorecidos de la Tierra, hartos de soportar la injusticia de su situación, en vez de intentar subvertir por la fuerza el orden establecido, se dirigieran a los responsables del reparto de bienes y riquezas y les dijeran: “Ha llegado la hora de cambiar esta situación. El mundo tiene unas riquezas que, si estuvieran bien distribuidas, permitirían a todos vivir con dignidad. Exigimos que se cambien las reglas del juego. No queremos violencia; no deseamos actuar con violencia ni ensañamiento a pesar de la situación de terrible injusticia que llevamos siglos soportando. Queremos cambiar las reglas de juego de forma civilizada.”Haz clic aquí para editar.

       La versión que nos ha entregado Blanca Portillo y su troupe del Ángel Exterminador es el más claro exponente de lo que se consigue cuando se dispone de mucho dinero, fama y amigos bien situados, y cuando lo que importa no es el texto y el espíritu teatral, sino alcanzar el anhelado puesto a la mesa de los triunfadores, ponerse a la altura de los elegidos, de los inconmensurables, de los “genios”…, o sea, puro exhibicionismo.
       Hecho este preámbulo y para no divagar demasiado, voy a dividir mi comentario en unos pocos apartados claramente diferenciados que me ayuden a mantener mis ideas dentro de unos cauces bien delimitados.

         En España, tradicionalmente, han tenido éxito los chulos. En nuestro ibérico suelo no hemos dominado la técnica de la ironía fina de tipo británico. Aquí nos ha tirado más la gaita destemplada  y el desplante castizo.  El chulo, obviando el significado de proxeneta (el macarra es la quintaesencia, la versión nobiliaria, del  chulo de barrio), es el tipo maleducado que alardea de su desfachatez –sobre todo si siente seguro o con cierto poder, aunque sea mínimo, sobre la persona a la que se enfrenta–, o sea, es como el gallito del corral, el que más fuerte cacarea, el que sabe dar a cualquier comentario la respuesta más insultante y agresiva con media sonrisa de suficiencia, como solicitando el aplauso idiota de su público complaciente.

 Haz clic aquí para editar.Siempre me ha causado asombro y un grado nada desdeñable de desprecio esa insoportable pátina de credulidad palurda de que está recubierto en todas sus expresiones sociales el pueblo estadounidense. Me refiero concretamente a esa genérica aceptación de que ser creyente es síntoma de buen comportamiento social, de honradez personal. Lo hemos visto miles de veces en toda clase de películas: el protagonista se manifiesta creyente y asiduo visitante de la iglesia --en cualquiera de sus variantes, a ser posible cristianas o, como mucho, judías, pues las mezquitas no cuentan como otorgantes de sello de rectitud moral-- si quiere demostrar en cualquier foro que es persona digna de confianza.

      En política, interpreto la equidistancia como la adopción de una posición que trata de mantenerse en un punto intermedio entre dos posturas enfrentadas, disímiles. En cierta medida, el centrismo político ha sido habitualmente lugar habitado por oportunistas que, sin querer arriesgarse demasiado, buscaban pescar en aguas de ambos bandos tradicionalmente en litigio: la izquierda y la derecha. En este sentido, la personal equidistante suele ponerse como ejemplo de mesura, tolerancia y sentido común, en contraposición a los supuestos extremismos ideológicos de los otros contendientes, cuando lo más común es que el centrismo no suela pasar de ser puro oportunismo electoralista, normalmente destinado a un público de ideas conservadoras que desea sosiego y apacibilidad.
          Hay otros aspectos de la vida en los que la equidistancia puede ser una actitud ponderada y responsable.  Ese término medio constituyó uno de los elementos esenciales del pensamiento aristotélico, el famoso “aurea mediocritas” que devino en castellano en la conocida expresión “en el punto medio está la virtud”, sin que la palabra latina “mediocritas” tuviera en Aristóteles otra intención semántica que señalar “el punto medio” entre extremos indeseables. Es actitud altamente recomendable, por ejemplo, intentar situarse en un punto medio entre la riqueza y la miseria extremas; o disfrutar del consumo moderado de bebidas espirituosas, sin caer en el vicio del alcoholismo ni tener que convertirse en abstemio catequizador.
        En síntesis. La equidistancia es una posición intermedia entre puntos distintos, incluso opuestos y enfrentados. Pero no es en absoluto aplicable a quien, como yo, se opone al radicalismo de los ultranacionalistas, sean estos de tendencia españolista o de vocación catalanista. Porque, defendiendo “intereses” contrapuestos, emplean tácticas parecidas, si no idénticas: desprecio por la opinión de quienes no piensan como ellos; insulto y ultraje de quien osa disentir de su postura; omisión y menosprecio de las normas y leyes establecidas; olvido de lo esencial de las creencias defendidas y alianza con los adversarios ideológicos con tal de conseguir el objetivo espurio perseguido. Cuando critico por igual a soberanistas catalanes y españolistas contumaces no estoy siendo equidistante. Es que los considero a ambos, en el terreno concreto del nacionalismo radical, en un mismo posicionamiento y con similar comportamiento.  Me recuerdan a los dos energúmenos que pinto Goya, matándose a garrotazos.  Ni unos ni otros me merecen especial respeto.
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         Por un afán clarificador y a fin de matizar y no ser groseramente simplificador, aclararé que los soberanistas catalanes han sido en este asunto mucho más listos, más avispados diría yo, y se han aprovechado oportunamente de todas las facilidades que sus oponentes españolistas (el PP con Mariano Rajoy en cabeza) les han ido poniendo en el camino. Aún iría más lejos: el partido de la derecha españolista les ha dado el trabajo hecho.