Viene esto a cuento de la noticia que aparecía estos días en los medios acerca del sueldo de un señor de Bilbao que preside Caixabank, el mayor holding bancario español tras la fusión con Bankia, entidad, no lo olvidemos, rescatada con 24.000 millones de dinero público, de los que 15.000 millones pueden darse por perdidos. Pues bien, ese señor de apellido difícil de pronunciar a la primera y aún más difícil de recordar sin apoyarse en una chuleta, tuvo la desfachatez de proponer en la última junta de accionistas triplicarse el sueldo. No propuso subirse el IPC –como se hace con las pensiones cuando hay suerte– ni un 5 por ciento, ni siquiera de doblar su salario. No. Quería triplicárselo. No entraré a discutir si esa propuesta va a tener éxito porque parece que el Gobierno, a través de una institución (el FROB) que tiene un 16% de las acciones de Caixabank, se opuso frontalmente a tan descabellada y obscena propuesta, pese a que el resto de miembros de la junta de accionistas estuvo de acuerdo en concedérselo. O sea, que a lo mejor el señor Goirigolzarri –que al parecer está enormemente enojado– se tendrá que conformar con seguir ganando casi un millón de euros al año entre emolumentos fijos y variables.
           Vamos a ver. Analicemos. Goirigolzarri no es el mayor desaprensivo del reino. Hay muchos otros de idéntica e incluso peor calaña. Si me he servido de su caso es porque me ha permitido poner rostro a la desvergüenza. Caixabank se ha beneficiado de dinero público, hace dos años ejecutó un ERE que afectó a 2.023 trabajadores, a finales del primer trimestre de 2021 tenía unos beneficios acumulados de 514 millones de euros y, pese a ello, en la junta de accionistas se anunció la intención de ejecutar un nuevo ERE que puede poner en la calle a cerca de 8.000 empleados.
            Pongo puntos suspensivos para que quienes lean estas líneas tengan tiempo para desahogarse. Y lo hago con una recomendación personal. Que a nadie se le ocurra seguir el ejemplo de Goirigolzarri e ir a su jefe a pedirle que el próximo año le triplique el sueldo. Puede que su jefe no tenga el necesario sentido del humor y reaccione de forma un tanto violenta. Semejante ocurrencia convertiría ipso facto a cualquier asalariado en un majadero, un indeseable o un terrorista. Si Goirigolzarri lo hace es porque puede, porque es un banquero solvente, como dios manda.
          Claro que, pensándolo bien, un dios que manda estas cosas me trae a la memoria aquella jota de ronda del grupo La Bullonera, que triunfaba allá por los años 70:
          Si esto es lo que manda Dios,
          que venga santa Lucía
          y cure a nuestro Señor
          de tan tremenda miopía
          Y como ha salido dios a colación, me viene a la mente otro asunto con él relacionado.
        Se trata de un reportaje realizado en Jerusalén y emitido hace un par de días por no recuerdo qué cadena televisiva, en el que se entrevistaba a pie de calle a una serie de personas, la mayoría jóvenes de entre 15 y 30 años de diversas profesiones y condición social, en relación con los recientes enfrentamientos de Israel y Palestina pero, sobre todo, acerca de los brutales bombardeos que han arrasado docenas de edificios de la Franja de Gaza y han acabado con la vida de más de dos centenares de personas, entre ellas numerosos niños.

          No es este el lugar –requeriría mucho más espacio y tiempo del que conviene a un post– para hacer un repaso pormenorizado del conflicto palestino-israelí, de cómo se creó el Estado de Israel –mejor dicho, de cómo el Reino Unido, a través de las Naciones Unidas, creó el Estado de Israel tras años de tolerado terrorismo llevado a cabo por los futuros “padres” de la nación judía (Ben Gurión, Golda Meir, Menahem Begin, Ariel Sharon, entre otros)–, de cómo se les fueron arrebatando tierras y propiedades a los palestinos para entregárselas a los nuevos colonos, de cómo Israel recibió el apoyo de EE UU y la UE, aceptando el dudoso honor de convertirse en el perro guardián de Occidente en Oriente Medio…, todo eso lo voy a obviar para centrarme en el contenido del reportaje en cuestión.
        Las tres preguntas básicas que se hacía a los entrevistados podían resumirse así: ¿Qué opinión tiene de los palestinos (y de los árabes en general)? ¿Debería Israel buscar la paz y reconocer el Estado Palestino? ¿Quién es el principal culpable de la violencia actual?
            Tomé nota de algunas respuestas, pero todas ellas podrían resumirse así, más o menos.
                   -   La violencia es culpa de los palestinos. Son todos terroristas.
            -  Los palestinos deberían salir todos de Israel y marcharse a su tierra, o sea, a países árabes (y mencionaban sobre todo Irak, Siria e Irán, que, por cierto, no es un país árabe)
              -  Los judíos y los palestinos (los árabes en general) no pueden convivir en un mismo país. Siempre han sido y seguirán siendo enemigos.
              -  Los trastatarabuelos de los palestinos les robaron sus casas a nuestros trastatarabuelos, y nosotros hemos venido a recuperar lo que siempre fue nuestro (esta respuesta la daba un chaval de no más de 15-16 años).
                     -  Esta tierra la creó dios para los judíos. Por lo tanto, es nuestra y a los palestinos hay que echarlos de nuestra tierra.
         Tras analizar estas dos noticias, solo se me ocurre que, contrariamente a lo que dicen las religiones, no fue dios quien creó al hombre a su imagen y semejanza. Fue el hombre quien creó a dios a su imagen y semejanza. Solo un dios con los atributos y defectos del ser humano puede alcanzar tal grado de vileza y cometer tanto errores y torpezas. 

          Una lectura matutina, incluso si es a vuelapluma, de las noticias más destacadas del día provoca inevitables reflexiones acerca de la justicia, del oportunismo político de las actuaciones judiciales, de la manipulación de la opinión por parte de los medios y hasta de la incurable estupidez del ser humano. Voy por partes.
          1. Acerca de la justicia.
           Una jueza de Madrid, de nombre Esperanza Collados, citó el pasado lunes a un matrimonio para que asista el próximo martes día 4 a un acto judicial em el que debe decidirse la custodia y régimen de visitas de la hija del matrimonio, de 4 años. Hasta aquí todo normal. Pero la noticia no acaba ahí. La razón del litigio es la denuncia presentada contra el padre por presuntos abusos sexuales sobre la menor. Y lo que es peor, tras el examen pericial de la niña, tanto psicológico como físico, parece ser que las pruebas de que han existido esos abusos son bastante concluyentes. Lo abracadabrante de la noticia es que el miércoles 29 de abril, o sea, cinco días antes de la citada vista judicial, la madre debía entregar a la niña al padre porque la jueza se negó a imponer una cláusula preventiva que impidiera ese contacto hasta que se haya adoptado una decisión judicial sobre la custodia. Y eso a pesar de tener en sus manos los informes médicos. La lectura de esta noticia suscita una primera reflexión. Esta señora merecería (no voy a decir si lo deseo o no, no vayan a acusarme de apología de la violencia) ser sometida a una sesión espeluznante de abusos sexuales con inclusión de sodomía (siempre que tales prácticas no le proporcionen el menor placer). A lo mejor ya nunca volvía a tomar decisiones tan aberrantes y crueles como la que ha tomado con esta niña. Pero seamos más fríos y pragmáticos. Si queremos entender la incalificable actuación de la jueza, parémonos a analizar quién es Esperanza Collados y cuál es su historial. Y, aplicando aquel viejo criterio que dice que “por sus hechos los conoceréis”, veamos si sus actuaciones profesionales nos dan una visión objetiva de esta señora togada.

1. Esperanza Collados acaba de abrir una investigación contra el vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y los miembros del consejo de administración por el rescate de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. Es posible que este rescate merezca ser investigado en el Congreso de los Diputados, pero, ¿quién ha interpuesto en estos momentos (a pocos días de las elecciones madrileñas) la denuncia que da pie a esta investigación (con escasas posibilidades de prosperar judicialmente)? Nada menos que Miguel Bernad, el abogado de Manos Limpias, uno de los tipos más inicuos y retorcidos de la ultraderecha. Solo Vox ha interpuesto otra demanda en el Supremo por el mismo asunto (no lo han hecho ni el PP ni Ciudadanos). ¡Qué casualidad!
2. Esperanza Collados es la jueza que en su día archivó la causa de la destrucción de los discos duros del PP.
3. Esperanza Collados decretó el archivo de la investigación judicial de la adquisición del City National Bank de Florida por parte de Caja Madrid, que llevó a la cárcel en dos ocasiones a Miguel Blesa. El juez Elpidio Silva, que comenzó esta investigación acabó siendo suspendido por su actuación con el imputado Blesa, y ¿quién ocupó su plaza? Naturalmente, Esperanza Collados.

         ¿Es preciso seguir buscando datos que redondeen el perfil de esta jueza? Parece que queda claro que ideológicamente es una persona muy de derechas (cosa a la que tiene derecho), pero que, como jueza, no duda en usar su poder para favorecer a sus correligionarios. Y, por supuesto, como buena conservadora, parece ser inequívocamente machista.
 
2.   Oportunismo político de las actuaciones judiciales
          El Juez García Castellón (otro que tal) citó a declarar, en víspera de las elecciones de Madrid, a los peritos de la IGAE (Intervención General de la Administración del Estado). Estos, aplicando criterios que difieren en parte de los expresados por los peritos de la UDEF, ponen en tela de juicio, aunque solo sea en parte, la validez de los apuntes de los papeles de Bárcenas.
           Ahora bien, independientemente de la oportunidad política de realizar esta declaración, que evidentemente da algo de oxígeno a la defensa del PP en el caso de los papeles de Bárcenas, pues van a tratar de dar bombo y platillo a estas opiniones muy por encima de las opiniones de los miembros de la UDEF (mucho más habituados a investigar delitos fiscales que los miembros de la IGAE, cuyo cometido se centra más en controlar la correcta contabilidad de la propia Administración), llama la atención la distinta forma de dar la noticia (des)informativa en los medios de comunicación.
          Titular de El País: Los peritos de la Intervención del Estado creen que el PP pagó con la caja b la reforma de la sede de Génova.   Subtitular: Los técnicos, en contra del criterio de la Policía, mantienen en el juicio que los ‘papeles de Bárcenas’ están “incompletos” o incluyen algunos apuntes contables irreales
          Titular de ABC:   Peritos de Hacienda califican los 'papeles de Bárcenas' de «chapuceros» y dice que están «llenos de errores»
          Titular de El Mundo: Los peritos de la IGAE destrozan los 'papeles de Bárcenas': "No nos parecen creíbles, algunos apuntes pueden estar ahí con alguna intención"   Subtitular:  Cuatro miembros de la Inspección General de la Administración del Estado califican de "chapuza" en el juicio la supuesta 'contabilidad B' del PP.
          Titular de La Razón: Los peritos de la IGAE destrozan los 'papeles de Bárcenas': "No nos parecen creíbles, algunos apuntes pueden estar ahí con alguna intención"
          (Los subrayados son míos.)
           Parece que hay una diferencia notable entre el titular de El País, periódico que en los últimos años no se ha destacado por ser demasiado de izquierdas (perdón por la ironía) y los titulares de los tres periódicos basura de la derecha desmesurada. También llama la atención el hecho de que el redactor de titulares de El Mundo parece ser el mismo que el de La Razón. Este último, para dar la sensación de “independencia”, en vez de decir que “los papeles no parecen creíbles”, afirma “no nos parecen creíbles”, dando un toque personal al titular.
 
3.  Incurable estupidez del ser humano
          Leo una noticia según la cual, en su nueva carrera espacial, “China se está preparando para abandonar el sistema solar en 2049 con dos nuevas naves interplanetarias”.
          A continuación, la noticia añade algo realmente jugoso: “China está dispuesta a ganarle la batalla a Estados Unidos en la colonización de la Luna, Marte y el resto del sistema solar”.
          La lectura de la noticia provoca un inevitable sobresalto. ¿Cómo? ¿China y Estados Unidos (y me imagino que también Rusia) quieren “colonizar” el espacio, o sea, los planetas y, como dice la noticia, el sistema solar?
          Uno se para a pensar un momento. Porque uno tiene la puñetera manía de pensar, a pesar del daño que esto provoca en ocasiones en el sistema nervioso y digestivo. Y uno se dice: No, no pueden ser tan majaderos. Ya, ya sabemos que, a lo largo de la Historia, “ellos”, o sea, los “poderosos” han dado muestras inequívocas de estulticia grave y dolosa. Ya sabemos que la colonización fue la fiebre de las grandes potencias. Sabemos lo que mucho que les gustaba plantar banderas, hacer guerras abusivas en desigualdad de condiciones, aplastar pueblos, levantar fronteras, adueñarse y explotar las riquezas de otros, esclavizar a hombres y mujeres, compensar a los pueblos colonizados con limosnas y dándoles a cambio una religión… Todo eso lo sabemos. Pero ¿colonizar el sistema solar?
          Cuando ya daba por hecho que la redacción de esta noticia, con ese absurdo término, “colonizar”, había sido fruto del ardor creativo del redactor de turno, a quien se le había calentado la pluma, o el ordenador, descubro mi error, y, a las pocas horas, me encuentro con otra noticia sobre el mismo asunto, Escrita en otro medio y por otro redactor. El titular de la noticia era: “Comienzan el nuevo imperialismo interplanetario y la carrera para tomar posiciones en el sistema solar con el lanzamiento del primer módulo de la estación espacial china” Y el primer párrafo del texto principal era este: “China lanzó ayer el primer módulo de su nueva estación espacial, un hito que marca el principio de la nueva y feroz carrera por la colonización del sistema solar. Será la primera de varias estaciones que se pondrán en órbita terrestre y lunar en los próximos años, las avanzadillas del nuevo imperialismo interplanetario”.
          O sea, que no eran temores míos sin fundamento. Que, habiendo expoliado y agotado los recursos naturales de todas las naciones, las grandes potencias se plantean ahora, en un nuevo imperialismo interplanetario, salir a colonizar la Luna, Marte y todo lo que se les ponga por delante.
          Y tras la digestión de esta lectura, uno cierra el ordenador, mira a su alrededor y siente cómo se le derrumba cualquier esperanza de que algún día “ellos” pudieran llegar a darse cuenta de que son solo unos nanoseres de mierda (y perdóneseme el exabrupto) en un Universo inmenso, maravilloso y, todavía, fuera del alcance de sus sucias manos, de sus repugnantes mentes, de la irrisoria pequeñez de su realidad.

       Por último, a modo de reflexivo epílogo, adjunto la foto de la promotora de tan descabellado propósito santificador: Pilar Rodríguez. Azafata, psicóloga, hippie, viajera, madre soltera luego casada y divorciada, franquista hasta la médula desde el día que conoció a Franco en persona y, al igual que Saulo, vio la luz de la verdad que la envolvía y cayó de su caballo (o de su yegua) convertida para siempre en ardiente y fanática seguidora. "Tenía un carisma que me estremeció. Era muy viejecito y delgadito, pero tenía un aura. Es un poco como lo que se sentía la gente con Juan Pablo II" Viéndola en la foto tan relajada, con cara de abuela bonachona y rodeada de gatos, nadie diría que su mente alberga tan disparatados propósitos. Nadie diría que vive extasiada con el recuerdo de un asesino. No tiene cuernos ni rabo, y parece una señora normal, como tantas que podemos cruzarnos por la calle sin que nos produzcan el menor sobresalto.
       Pero, ojo, no hay que fiarse de su aspecto. Con los nostálgicos del fascismo ocurre como los zombies de las películas de terror. Que cuando te quieres dar cuenta, ya es demasiado tarde.

      Veía hace un par de días en TV1 un reportaje sobre el grupo de vándalos detenidos en Barcelona tras una noche de incendios y destrozos en escaparates, cajeros, contenedores y mobiliario urbano. Al parecer, y según la incompleta información dada en el reportaje, buena parte de esta docena de bestias furibundas procedía de algún país centroeuropeo y ya había dejado su huella en otros lugares, como Francia o Italia. Vamos, que son algo así como la marca internacional de la violencia callejera.

    Un tema escasamente debatido por los ciudadanos y que, sin embargo, reviste enorme importancia es el de los secretos oficiales, ese oscuro baúl en el que todos los gobiernos (unos más y otros un poco menos) detraen del escrutinio público asuntos muy diversos, pero casi siempre sucios, enojosos, turbios, peligrosos o difíciles de explicar. La justificación recurrente para todos ellos es la necesidad de garantizar “la seguridad del Estado”. En los países democráticos, los secretos de Estado están regulados por una ley, aunque dicha ley casi nunca hace otra cosa que refrendar el derecho de los gobiernos a decidir qué asuntos deben permanecer ocultos al público y durante cuántos años. Es evidente que, en las dictaduras, no hace falta una ley para ello. No obstante, la Ley de Secretos Oficiales española data de 1968, siete años antes de la muerte de Franco, cuando el régimen quería dar una cierta imagen de apertura. Pero para tener idea de la ambigüedad y falta de precisión interpretativa, no hay más que leer los dos primeros artículos de la ley:
   Artículo 1. Tendrán carácter secreto, sin necesidad de previa clasificación, las materias así declaradas por Ley.
     Artículo 2. A los efectos de esta Ley podrán ser declaradas "materias clasificadas" los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado.*
      Sin más aclaraciones. O sea, lo que al gobierno de turno le dé la gana.

         Conviene recordar que han pasado 53 años de la promulgación de esta ley y que ningún gobierno ha dado hasta ahora la mínima muestra de querer modificarla para hacerla menos sospechosamente hermética. De hecho, este mes de febrero, se produjo una petición ciudadana solicitando al Ejecutivo que publicase el listado completo de materias clasificadas como secretas entre 1976 y 2019. Ni que decir tiene que Moncloa se negó a hacerlo. 
      Todos conocemos la inflexibilidad y el rigor con que los Estados (es decir, sus correspondientes gobiernos) aplican la ley cuando se trata de salvaguardar sus oscuros secretos. No hay más que recordar con qué saña se han empleado Estados Unidos y todos sus aliados para tratar de silenciar y para castigar el “insolente atrevimiento” de Julian Assange, un periodista que tuvo el atrevimiento de hacer públicas las numerosas fechorías y vulneraciones de los derechos humanos cometidos por los llamados “Estados democráticos”. Julian Assange y sus colaboradores no estaban poniendo en peligro la seguridad de esos Estados, sino solo a los gobiernos que llevaron a cabo esos desafueros. No se puede pasar por alto que España no apoyaría nunca abiertamente a Julian Assange, pues, entre los papeles que hizo públicos, salió a la luz la colaboración de Aznar con el gobierno de Estados Unidos, permitiendo la escala en aeropuertos españoles de los aviones que llevaban prisioneros ilegales al campo de Guántanamo, donde eran terriblemente torturados. Muchos de estos prisioneros tuvieron que ser liberados sin cargo alguno tras años de durísimo encierro.
     No quiero que se me tache de extremista. Tendré que admitir que, sin duda alguna, hay situaciones en las que puede estar legitimado el secreto de determinadas actuaciones (negociaciones, encuentros, compromisos, intercambios de información, etc.). Pero, hecha esta salvedad, habría que delimitar escrupulosa y minuciosamente qué tipos de actuaciones podrían acogerse a esta ley de silencio, durante cuánto tiempo podría mantenerse el secreto antes de darlas a conocer públicamente y quién(es) debería(n) controlar la aplicación de esta excepcionalidad. Por supuesto, si se filtrase el contenido de uno de estos secretos a la prensa, nunca se debería penalizar al periodista que lo hiciera público, si se trataba de un asunto de interés público.
       No voy a dar una lista de posibles situaciones en las que podría considerarse justificada la aplicación de la ley de secretos oficiales. Probablemente sean muy pocas. Creo que la ciudadanía no tiene por qué estar tutelada por el gobierno de turno. Lo que sí tengo muy claro son las situaciones en que nunca se debería ocultar ninguna actuación gubernamental, bajo la falsa justificación de la defensa de la seguridad nacional.
         A título de ejemplo:
     - ¿Es normal que los ciudadanos no superan nada sobre la venta de material armamentístico a dictaduras militares, como el Chile de Pinochet o el Paraguay de Alfredo Stroessner? ¿Y que los ciudadanos sigan sin saber nada de la venta de armas a países como Arabia Saudí? En general, ¿es normal que estén vetadas al conocimiento público todas las cuestiones relacionadas con la exportación de armas fabricadas en España?
      - ¿Fue normal que en 1996 el gobierno socialista blindase todas las informaciones relativas a las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha antiterrorista? Ciertamente, en 1997, con Aznar en el gobierno, se desclasificaron algunos documentos (los “papeles del CESID”) por exigencia del Tribunal Supremo. Pero aquel mismo Gobierno del PP denegó la desclasificación del resto de documentos relacionados con la guerra sucia, con el habitual recurso a la reserva debida a las actividades relativas a la lucha contra el terrorismo. Más recientemente, Rajoy clasificó como secretos los documentos relativos a la lucha contra el crimen organizado en lo que, a todas luces, parece una forma de autoprotegerse por las actuaciones de su propio partido en connivencia con las cloacas del ministerio del Interior. Este es el texto con el que se llevó a cabo dicha clasificación: "Se otorga, con carácter genérico, la clasificación de secreto a la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizados en la lucha contra la delincuencia organizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas".
      - ¿Es normal que sean secretos todos los preparativos de los viajes del rey, del presidente del Gobierno y de los ministros “siempre que las circunstancias así lo aconsejen”? ¿Cuáles son esas circunstancias? ¿Quién las determina? ¿Bajo el control de quién?
    - ¿Es normal que, pasados ocho años, sigan siendo secretas las negociaciones que condujeron a la liberación de los cooperantes españoles secuestrados en Mali y Somalia en 2012? ¿Qué impide la desclasificación de esos documentos? Seguramente, aquellas negociaciones implicaron el pago de fuertes sumas de dinero a grupos terroristas. Pero, si fue así, ¿acaso no tienen derecho los ciudadanos a saberlo y juzgar por sí mismos?
      - ¿Es normal que el gobierno de Rajoy clasificara como secreta la documentación relativa al nombramiento de Federico Trillo como embajador en el Reino Unido, cuando el mismo ministro de Exteriores, García Margallo, se había comprometido a que las embajadas se dieran a personal del cuerpo diplomático? ¿Qué oscuros secretos se trató mantener fuera del escrutinio público para dar una embajada de ese calibre a un personaje tenebroso, recién salido del escándalo del accidente del Yak-42, y que ni siquiera hablaba inglés?
         - ¿Es normal que estén vedadas al público las informaciones sobre las decisiones del gobierno de turno en asuntos relativos a “asilo y refugio”? ¿No es esto una forma de dar carta blanca al gobierno para que haga lo que le dé la gana sin tener en cuenta lo que opinan los ciudadanos? ¿No es normal que esto provoque las más lógicas sospechas de que el asilo y el refugio no se conceden por motivos humanitarios, sino por razones puramente políticas?
       - ¿Es normal que sean secretos de Estado todos los asuntos relacionados con graves crímenes de alcance internacional? Normalmente estaríamos hablando de casos de genocidio crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. ¿No sería lógico pensar que el gobierno de turno puede estar contribuyendo a “condenar a un inocente” o a “salvar a un criminal” por razones diplomáticas o meramente económicas?
      - Por último. ¿es normal que todavía sigan siendo secretos multitud de documentos inéditos del intento de golpe de Estado del 23-F? Aseguran muchos historiadores que aún desconocemos aspectos fundamentales de cómo se preparó, alentó, apoyó y participó en aquel intento fallido. Sobre todo, parece haber dudas más que razonables acerca de la verdadera implicación del entonces rey Juan Carlos.
       En cualquier caso, personalmente opino que la mejor Ley de Secretos Oficiales sería lo que no existiera. Y, de existir, debería establecer con claridad meridiana un sistema de control para su aplicación. Y todos los secretos deberían tener una fecha de caducidad, nunca superior a 25 años.
 
*Los subrayados son míos.

      Hay mucho revuelo estos días con el asunto de la famosa “normalidad democrática” cuya no existencia en España denuncia Pablo Iglesias amén de descolocar y sacar de quicio a todos los “españoles de orden”, a quienes no les gusta que les remuevan las tranquilas aguas en que navegan y a los que cualquier comentario subido de tono –sin llegar a ser vitriólico– les parece un desatino, sobre todo si sale de la boca de todo un vicepresidente de gobierno, quien, por el hecho de serlo, debe abandonar toda locura especulativa y limitarse a hacer declaraciones moderadas y “sensatas”. Me refiero a ese tipo de ciudadanos que piensan que la principal labor del gobierno es ofrecer un paisaje de aguas tranquilas, seguras, sin oleaje ni marejadas, aunque todo el mundo sepa que ese paisaje no existe, que se trata de un decorado, de un trampantojo.
      En contraste con lo anterior, y para ofrecer un contrapunto tranquilizador de conciencias conservadoras –de izquierdas y de derechas– acudió presta al quite la señora ministra de Defensa, firme puntal de las posiciones más “mesuradas, juiciosas y conservadoras” del vivero socialista (obrero español), y tranquilizó al personal de orden afirmando que España goza de una democracia plena. “Alabado sea el Señor, que no nos desampara”, musitaron miles de bocas hasta entonces inquietas y convulsas, y hasta los votantes de más rancio abolengo del PP le concedieron a doña Margarita un 9 alto en las encuestas de opinión.
       Antes de pasar a plantearme este asunto haciendo e intentando responder a unas cuantas preguntas que considero pertinentes, quiero dejar claros dos extremos:
          Uno. La democracia plena, libre de pecado y de impurezas nunca ha existido, ni existe ni existirá, y eso es algo sobre lo que creo que nadie tratará de argumentar en contra. Imagino que a estas alturas todo el mundo sabe que la Arcadia era un lugar idílico donde reinaba la felicidad, la sencillez y la paz, habitado por una pastores que vivían en comunión con la naturaleza, pero que era imaginario, inexistente. Como mucho era una “aspiración de los hombres buenos” (y espero que nadie haya añadido “y tontos”). 
        Dos. Si queremos abordar seriamente el tema del grado de democracia en que vivimos en España, no podemos caer en la fácil tentación de establecer comparaciones. No me sirve que comparemos nuestra situación ni con países sometidos a brutales condiciones de tiranía, ni tampoco con democracias que, sin ser perfectas (ya hemos dicho que no existen), sí disfrutan de unas condiciones que podrían obtener una nota más alta en la escala de valores democráticos. Cada país tiene su pasado, su historia y, mal que nos pese, su idiosincrasia. Aquí habría tema para un extenso artículo que analizase con detenimiento los hechos que se desarrollaron en un país cualquiera y que fueron determinantes para explicar lo que ese país es en la actualidad (religión/es predominante/s, guerras, acuerdos de paz, aventuras coloniales, esclavismo, hambrunas, persecuciones…) Nada sucede gratuitamente. Y cada país tiene su pasado, en algunos casos, como el nuestro, su pasado reciente.
         Así que, olvidándonos de utopías, Arcadias y comparaciones inútiles, tratemos de analizar la calidad democrática de nuestro país respondiendo honestamente a estas preguntas:
        1. ¿Puede considerase plenamente democrático un país que pasó página de una sangrienta guerra civil que causó cientos de miles de muertes y de una dictadura que, dejando de lado los miles de fusilamientos sin juicio o con juicios sumarísimos de los primeros años de franquismo, mantuvo amordazada toda opinión crítica, y encarcelada o exiliada a toda disidencia, sin que se haya producido un reconocimiento público y una condena inequívoca y oficial de todo ese horror? Y no hablo de revanchismo. Hablo de justicia. En Alemania sí hubo una condena del nazismo. Y, además, hubo compensación –moral y económica– a las víctimas del expolio. En España hubo un expolio brutal de toda clase de bienes (raíces, inmuebles, agrícolas, industriales), pero no ha habido ninguna compensación. Los beneficiarios del expolio –y sus hijos y nietos– siguen disfrutando del fruto del robo. Entretanto, y como contrapunto, las cunetas españolas siguen alojando decenas de miles de víctimas de fusilamientos sin juicio. Un país que no es capaz de asumir las culpas de su pasado no puede considerarse plenamente democrático. 
         2. ¿Puede considerarse plenamente democrático un país que impuso una Constitución elaborada en una situación controlada por los vencedores de la guerra y con el ruido de fondo de sables? Y, en el supuesto de que esa fuera en aquel momento histórico la única forma de elaborar una Constitución a todas luces deficiente y en muchos sentidos antidemocrática, ¿puede considerarse plenamente democrático un país en el que sea prácticamente imposible modificar, renovar, modernizar una Constitución que no fue votada por ningún español que en este momento tenga menos de 60 años. En cualquier caso, podemos afirmar sin temor a parecer extremistas radicales que nuestro déficit y carencias democráticas nacen de la oposición feroz de los vencedores a integrarnos en la cultura democrática europea. 
         3. ¿Puede considerarse plenamente democrático un país “cuyo Tribunal Supremo decidió gratuitamente criminalizar iniciativas políticas arrogándose competencias que nunca debieron aplicarse para hacer frente al conflicto catalán, que era un conflicto político”? Este conflicto, en el que no hubo violencia (salvo la desplegada por la policía) no debió nunca llegar a los tribunales, sobre todo cuando se sabía de antemano que el referéndum de autodeterminación no podía ni iba a tener jamás ningún efecto en la práctica. Los hechos cometidos por los políticos nacionalistas fueron estúpidos, incluso condenables, pero condenables políticamente, pero nunca causantes de largos encarcelamientos, sobre todo, en prisión provisional. Ni siquiera se han tomado nunca medidas de este calibre con odiosos y repulsivos narcotraficantes. (Hago constar que la frase entrecomillada es una cita literal de uno de los juristas más ecuánimes y respetables de este país: José Antonio Martín Pallín.)
          4. ¿Puede considerarse plenamente democrático un país cuyo sistema judicial hace aguas por todas partes, está completamente politizado y alineado de mayoritariamente con las posturas políticas más conservadoras? Esta consideración no abarca ni mucho menos a todos los jueces y fiscales, pero sí a una gran mayoría de ellos. Y esto se refleja en los retrasos premeditados para lograr que las causas que afectan a ciertos sectores del poder acaben prescribiendo; y queda patente en una composición vergonzosamente politizada del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y, sobre todo, del Consejo General del Poder Judicial. Este último, en connivencia con el Partido Popular, lleva actuando de forma totalmente ilegítima (que no ilegal, por desgracia) pasados casi dos años de su fecha de “caducidad”. Ni siquiera hace falta recordar sentencias absolutorias dignas de vergüenza nacional, como la del caso Yak-42 o la que hoy mismo ha dictado la Audiencia Provincial de Madrid, absolviendo a la indigna expresidenta de la Comunidad, señora Cifuentes.
           5. ¿Puede considerarse plenamente democrático un país que encarcela titiriteros o raperos por expresar opiniones “vejatorias” para la Corona y mantiene en la calle a toda una horda de ladrones, parásitos, corruptos, mentirosos que han cometido delitos contra el patrimonio de todos los españoles, metiendo la mano en las arcas públicas?
       6. ¿Puede considerarse plenamente democrático un país que decide salvar a una serie de entidades bancarias con cerca de 60.000 millones de euros de dinero público, o sea, dinero de los ciudadanos, mientras que varios miles de esos mismos ciudadanos, previamente estafados por las entidades bancarias salvadas con su dinero, se veían abocados a la ruina, a dolorosos desahucios y, en algunas ocasiones, al suicidio?
       7. ¿Puede considerarse plenamente democrático un país que permite que queden sin castigo inmediato y ejemplar unos altos mandos militares que, desobedeciendo el principio básico que debe regir sus actuaciones públicas –que no es otro que estar al servicio de todos los españoles– se permiten la osadía y la desvergüenza de promover la desobediencia y hacen un encendido elogio del dictador y del franquismo? No entraré a analizar el coste que para la hacienda pública tiene un Ejército con una saturación de altos mandos en la reserva (en torno a 600 millones de euros anuales), es decir, que no están jubilados, pero no tienen que hacer nada más que cobrar su sueldo íntegro, incluidos todos los complementos salariales.
          8. ¿Puede considerarse plenamente democrático un país que, declarándose constitucionalmente laico, sigue manteniendo un Concordato especial con la Iglesia Católica, a la que subvenciona con dinero público y le entrega en torno a 11.000 millones de euros al año?
         9. ¿Puede considerarse plenamente democrático un país cuyo jefe del Estado no es elegido, sino que accede al poder por el hecho de haber sido concebido (esto siempre es de suponer) a partir del esperma de un señor o del óvulo de una señora pertenecientes a una determinada dinastía monárquica? Es algo tan rancio y medieval que no requiere mayores comentarios. Pero no está de más recordar que, para mayor deshonra de la institución, la monarquía española fue instaurada por el dictador Franco, y que el ahora fugado rey emérito juró lealtad a los principios franquistas del Movimiento. Por si algún desmemoriado me quiere llevar la contraria, copio a continuación el texto del juramento que prestó el monarca ahora residente en Abu Dabi el día 22 de noviembre de 1975: “Juro por Dios y sobre los Santos Evangelios, cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional”.
          10. Por último, ¿puede considerarse plenamente democrático un país en cuyo Parlamento, de un total de 350 diputados, 52 pertenezcan a un partido fascista exaltador de la dictadura? Ya sé que estos sujetos (nunca los llamaré señores) fueron elegidos por los ciudadanos. Precisamente por eso quiero destacar el hecho de su elección. La democracia no se basa únicamente en la existencia de unas leyes y unos comportamientos públicos democráticos. La calidad democrática de un país depende, y mucho, del sentimiento democrático de sus ciudadanos. Y en España, por obvias razones históricas, ese sentimiento nunca llegó a calar profundamente. Al menos no lo hizo con un porcentaje importante, demasiado importante de hombres y mujeres. En España sigue habiendo muchos/as franquistas. En España sigue habiendo mucho nacionalismo hispano-imperial casposo. Y, ciertamente, hay también un importante sector de la población que tiene actitudes abiertas, progresistas, democráticas. Pero que haya un número cercano al 20 por ciento de ciudadanos nostálgicos del franquismo, cuando no abiertamente fascistas, es un lastre que hace muy difícil mantener el barco a flote.
         Ahora es tarea de cada uno responder con honestidad a estos 10 interrogantes. Y será también cada uno quien llegue a la conclusión (su conclusión) de afirmar si en España, como dice la ministra Robles, tenemos una democracia plena.