Un tema escasamente debatido por los ciudadanos y que, sin embargo, reviste enorme importancia es el de los secretos oficiales, ese oscuro baúl en el que todos los gobiernos (unos más y otros un poco menos) detraen del escrutinio público asuntos muy diversos, pero casi siempre sucios, enojosos, turbios, peligrosos o difíciles de explicar. La justificación recurrente para todos ellos es la necesidad de garantizar “la seguridad del Estado”. En los países democráticos, los secretos de Estado están regulados por una ley, aunque dicha ley casi nunca hace otra cosa que refrendar el derecho de los gobiernos a decidir qué asuntos deben permanecer ocultos al público y durante cuántos años. Es evidente que, en las dictaduras, no hace falta una ley para ello. No obstante, la Ley de Secretos Oficiales española data de 1968, siete años antes de la muerte de Franco, cuando el régimen quería dar una cierta imagen de apertura. Pero para tener idea de la ambigüedad y falta de precisión interpretativa, no hay más que leer los dos primeros artículos de la ley:
   Artículo 1. Tendrán carácter secreto, sin necesidad de previa clasificación, las materias así declaradas por Ley.
     Artículo 2. A los efectos de esta Ley podrán ser declaradas "materias clasificadas" los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado.*
      Sin más aclaraciones. O sea, lo que al gobierno de turno le dé la gana.

         Conviene recordar que han pasado 53 años de la promulgación de esta ley y que ningún gobierno ha dado hasta ahora la mínima muestra de querer modificarla para hacerla menos sospechosamente hermética. De hecho, este mes de febrero, se produjo una petición ciudadana solicitando al Ejecutivo que publicase el listado completo de materias clasificadas como secretas entre 1976 y 2019. Ni que decir tiene que Moncloa se negó a hacerlo. 
      Todos conocemos la inflexibilidad y el rigor con que los Estados (es decir, sus correspondientes gobiernos) aplican la ley cuando se trata de salvaguardar sus oscuros secretos. No hay más que recordar con qué saña se han empleado Estados Unidos y todos sus aliados para tratar de silenciar y para castigar el “insolente atrevimiento” de Julian Assange, un periodista que tuvo el atrevimiento de hacer públicas las numerosas fechorías y vulneraciones de los derechos humanos cometidos por los llamados “Estados democráticos”. Julian Assange y sus colaboradores no estaban poniendo en peligro la seguridad de esos Estados, sino solo a los gobiernos que llevaron a cabo esos desafueros. No se puede pasar por alto que España no apoyaría nunca abiertamente a Julian Assange, pues, entre los papeles que hizo públicos, salió a la luz la colaboración de Aznar con el gobierno de Estados Unidos, permitiendo la escala en aeropuertos españoles de los aviones que llevaban prisioneros ilegales al campo de Guántanamo, donde eran terriblemente torturados. Muchos de estos prisioneros tuvieron que ser liberados sin cargo alguno tras años de durísimo encierro.
     No quiero que se me tache de extremista. Tendré que admitir que, sin duda alguna, hay situaciones en las que puede estar legitimado el secreto de determinadas actuaciones (negociaciones, encuentros, compromisos, intercambios de información, etc.). Pero, hecha esta salvedad, habría que delimitar escrupulosa y minuciosamente qué tipos de actuaciones podrían acogerse a esta ley de silencio, durante cuánto tiempo podría mantenerse el secreto antes de darlas a conocer públicamente y quién(es) debería(n) controlar la aplicación de esta excepcionalidad. Por supuesto, si se filtrase el contenido de uno de estos secretos a la prensa, nunca se debería penalizar al periodista que lo hiciera público, si se trataba de un asunto de interés público.
       No voy a dar una lista de posibles situaciones en las que podría considerarse justificada la aplicación de la ley de secretos oficiales. Probablemente sean muy pocas. Creo que la ciudadanía no tiene por qué estar tutelada por el gobierno de turno. Lo que sí tengo muy claro son las situaciones en que nunca se debería ocultar ninguna actuación gubernamental, bajo la falsa justificación de la defensa de la seguridad nacional.
         A título de ejemplo:
     - ¿Es normal que los ciudadanos no superan nada sobre la venta de material armamentístico a dictaduras militares, como el Chile de Pinochet o el Paraguay de Alfredo Stroessner? ¿Y que los ciudadanos sigan sin saber nada de la venta de armas a países como Arabia Saudí? En general, ¿es normal que estén vetadas al conocimiento público todas las cuestiones relacionadas con la exportación de armas fabricadas en España?
      - ¿Fue normal que en 1996 el gobierno socialista blindase todas las informaciones relativas a las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha antiterrorista? Ciertamente, en 1997, con Aznar en el gobierno, se desclasificaron algunos documentos (los “papeles del CESID”) por exigencia del Tribunal Supremo. Pero aquel mismo Gobierno del PP denegó la desclasificación del resto de documentos relacionados con la guerra sucia, con el habitual recurso a la reserva debida a las actividades relativas a la lucha contra el terrorismo. Más recientemente, Rajoy clasificó como secretos los documentos relativos a la lucha contra el crimen organizado en lo que, a todas luces, parece una forma de autoprotegerse por las actuaciones de su propio partido en connivencia con las cloacas del ministerio del Interior. Este es el texto con el que se llevó a cabo dicha clasificación: "Se otorga, con carácter genérico, la clasificación de secreto a la estructura, organización, medios y técnicas operativas utilizados en la lucha contra la delincuencia organizada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como sus fuentes y cuantas informaciones o datos puedan revelarlas".
      - ¿Es normal que sean secretos todos los preparativos de los viajes del rey, del presidente del Gobierno y de los ministros “siempre que las circunstancias así lo aconsejen”? ¿Cuáles son esas circunstancias? ¿Quién las determina? ¿Bajo el control de quién?
    - ¿Es normal que, pasados ocho años, sigan siendo secretas las negociaciones que condujeron a la liberación de los cooperantes españoles secuestrados en Mali y Somalia en 2012? ¿Qué impide la desclasificación de esos documentos? Seguramente, aquellas negociaciones implicaron el pago de fuertes sumas de dinero a grupos terroristas. Pero, si fue así, ¿acaso no tienen derecho los ciudadanos a saberlo y juzgar por sí mismos?
      - ¿Es normal que el gobierno de Rajoy clasificara como secreta la documentación relativa al nombramiento de Federico Trillo como embajador en el Reino Unido, cuando el mismo ministro de Exteriores, García Margallo, se había comprometido a que las embajadas se dieran a personal del cuerpo diplomático? ¿Qué oscuros secretos se trató mantener fuera del escrutinio público para dar una embajada de ese calibre a un personaje tenebroso, recién salido del escándalo del accidente del Yak-42, y que ni siquiera hablaba inglés?
         - ¿Es normal que estén vedadas al público las informaciones sobre las decisiones del gobierno de turno en asuntos relativos a “asilo y refugio”? ¿No es esto una forma de dar carta blanca al gobierno para que haga lo que le dé la gana sin tener en cuenta lo que opinan los ciudadanos? ¿No es normal que esto provoque las más lógicas sospechas de que el asilo y el refugio no se conceden por motivos humanitarios, sino por razones puramente políticas?
       - ¿Es normal que sean secretos de Estado todos los asuntos relacionados con graves crímenes de alcance internacional? Normalmente estaríamos hablando de casos de genocidio crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. ¿No sería lógico pensar que el gobierno de turno puede estar contribuyendo a “condenar a un inocente” o a “salvar a un criminal” por razones diplomáticas o meramente económicas?
      - Por último. ¿es normal que todavía sigan siendo secretos multitud de documentos inéditos del intento de golpe de Estado del 23-F? Aseguran muchos historiadores que aún desconocemos aspectos fundamentales de cómo se preparó, alentó, apoyó y participó en aquel intento fallido. Sobre todo, parece haber dudas más que razonables acerca de la verdadera implicación del entonces rey Juan Carlos.
       En cualquier caso, personalmente opino que la mejor Ley de Secretos Oficiales sería lo que no existiera. Y, de existir, debería establecer con claridad meridiana un sistema de control para su aplicación. Y todos los secretos deberían tener una fecha de caducidad, nunca superior a 25 años.
 
*Los subrayados son míos.

      Hay mucho revuelo estos días con el asunto de la famosa “normalidad democrática” cuya no existencia en España denuncia Pablo Iglesias amén de descolocar y sacar de quicio a todos los “españoles de orden”, a quienes no les gusta que les remuevan las tranquilas aguas en que navegan y a los que cualquier comentario subido de tono –sin llegar a ser vitriólico– les parece un desatino, sobre todo si sale de la boca de todo un vicepresidente de gobierno, quien, por el hecho de serlo, debe abandonar toda locura especulativa y limitarse a hacer declaraciones moderadas y “sensatas”. Me refiero a ese tipo de ciudadanos que piensan que la principal labor del gobierno es ofrecer un paisaje de aguas tranquilas, seguras, sin oleaje ni marejadas, aunque todo el mundo sepa que ese paisaje no existe, que se trata de un decorado, de un trampantojo.
      En contraste con lo anterior, y para ofrecer un contrapunto tranquilizador de conciencias conservadoras –de izquierdas y de derechas– acudió presta al quite la señora ministra de Defensa, firme puntal de las posiciones más “mesuradas, juiciosas y conservadoras” del vivero socialista (obrero español), y tranquilizó al personal de orden afirmando que España goza de una democracia plena. “Alabado sea el Señor, que no nos desampara”, musitaron miles de bocas hasta entonces inquietas y convulsas, y hasta los votantes de más rancio abolengo del PP le concedieron a doña Margarita un 9 alto en las encuestas de opinión.
       Antes de pasar a plantearme este asunto haciendo e intentando responder a unas cuantas preguntas que considero pertinentes, quiero dejar claros dos extremos:
          Uno. La democracia plena, libre de pecado y de impurezas nunca ha existido, ni existe ni existirá, y eso es algo sobre lo que creo que nadie tratará de argumentar en contra. Imagino que a estas alturas todo el mundo sabe que la Arcadia era un lugar idílico donde reinaba la felicidad, la sencillez y la paz, habitado por una pastores que vivían en comunión con la naturaleza, pero que era imaginario, inexistente. Como mucho era una “aspiración de los hombres buenos” (y espero que nadie haya añadido “y tontos”). 
        Dos. Si queremos abordar seriamente el tema del grado de democracia en que vivimos en España, no podemos caer en la fácil tentación de establecer comparaciones. No me sirve que comparemos nuestra situación ni con países sometidos a brutales condiciones de tiranía, ni tampoco con democracias que, sin ser perfectas (ya hemos dicho que no existen), sí disfrutan de unas condiciones que podrían obtener una nota más alta en la escala de valores democráticos. Cada país tiene su pasado, su historia y, mal que nos pese, su idiosincrasia. Aquí habría tema para un extenso artículo que analizase con detenimiento los hechos que se desarrollaron en un país cualquiera y que fueron determinantes para explicar lo que ese país es en la actualidad (religión/es predominante/s, guerras, acuerdos de paz, aventuras coloniales, esclavismo, hambrunas, persecuciones…) Nada sucede gratuitamente. Y cada país tiene su pasado, en algunos casos, como el nuestro, su pasado reciente.
         Así que, olvidándonos de utopías, Arcadias y comparaciones inútiles, tratemos de analizar la calidad democrática de nuestro país respondiendo honestamente a estas preguntas:
        1. ¿Puede considerase plenamente democrático un país que pasó página de una sangrienta guerra civil que causó cientos de miles de muertes y de una dictadura que, dejando de lado los miles de fusilamientos sin juicio o con juicios sumarísimos de los primeros años de franquismo, mantuvo amordazada toda opinión crítica, y encarcelada o exiliada a toda disidencia, sin que se haya producido un reconocimiento público y una condena inequívoca y oficial de todo ese horror? Y no hablo de revanchismo. Hablo de justicia. En Alemania sí hubo una condena del nazismo. Y, además, hubo compensación –moral y económica– a las víctimas del expolio. En España hubo un expolio brutal de toda clase de bienes (raíces, inmuebles, agrícolas, industriales), pero no ha habido ninguna compensación. Los beneficiarios del expolio –y sus hijos y nietos– siguen disfrutando del fruto del robo. Entretanto, y como contrapunto, las cunetas españolas siguen alojando decenas de miles de víctimas de fusilamientos sin juicio. Un país que no es capaz de asumir las culpas de su pasado no puede considerarse plenamente democrático. 
         2. ¿Puede considerarse plenamente democrático un país que impuso una Constitución elaborada en una situación controlada por los vencedores de la guerra y con el ruido de fondo de sables? Y, en el supuesto de que esa fuera en aquel momento histórico la única forma de elaborar una Constitución a todas luces deficiente y en muchos sentidos antidemocrática, ¿puede considerarse plenamente democrático un país en el que sea prácticamente imposible modificar, renovar, modernizar una Constitución que no fue votada por ningún español que en este momento tenga menos de 60 años. En cualquier caso, podemos afirmar sin temor a parecer extremistas radicales que nuestro déficit y carencias democráticas nacen de la oposición feroz de los vencedores a integrarnos en la cultura democrática europea. 
         3. ¿Puede considerarse plenamente democrático un país “cuyo Tribunal Supremo decidió gratuitamente criminalizar iniciativas políticas arrogándose competencias que nunca debieron aplicarse para hacer frente al conflicto catalán, que era un conflicto político”? Este conflicto, en el que no hubo violencia (salvo la desplegada por la policía) no debió nunca llegar a los tribunales, sobre todo cuando se sabía de antemano que el referéndum de autodeterminación no podía ni iba a tener jamás ningún efecto en la práctica. Los hechos cometidos por los políticos nacionalistas fueron estúpidos, incluso condenables, pero condenables políticamente, pero nunca causantes de largos encarcelamientos, sobre todo, en prisión provisional. Ni siquiera se han tomado nunca medidas de este calibre con odiosos y repulsivos narcotraficantes. (Hago constar que la frase entrecomillada es una cita literal de uno de los juristas más ecuánimes y respetables de este país: José Antonio Martín Pallín.)
          4. ¿Puede considerarse plenamente democrático un país cuyo sistema judicial hace aguas por todas partes, está completamente politizado y alineado de mayoritariamente con las posturas políticas más conservadoras? Esta consideración no abarca ni mucho menos a todos los jueces y fiscales, pero sí a una gran mayoría de ellos. Y esto se refleja en los retrasos premeditados para lograr que las causas que afectan a ciertos sectores del poder acaben prescribiendo; y queda patente en una composición vergonzosamente politizada del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y, sobre todo, del Consejo General del Poder Judicial. Este último, en connivencia con el Partido Popular, lleva actuando de forma totalmente ilegítima (que no ilegal, por desgracia) pasados casi dos años de su fecha de “caducidad”. Ni siquiera hace falta recordar sentencias absolutorias dignas de vergüenza nacional, como la del caso Yak-42 o la que hoy mismo ha dictado la Audiencia Provincial de Madrid, absolviendo a la indigna expresidenta de la Comunidad, señora Cifuentes.
           5. ¿Puede considerarse plenamente democrático un país que encarcela titiriteros o raperos por expresar opiniones “vejatorias” para la Corona y mantiene en la calle a toda una horda de ladrones, parásitos, corruptos, mentirosos que han cometido delitos contra el patrimonio de todos los españoles, metiendo la mano en las arcas públicas?
       6. ¿Puede considerarse plenamente democrático un país que decide salvar a una serie de entidades bancarias con cerca de 60.000 millones de euros de dinero público, o sea, dinero de los ciudadanos, mientras que varios miles de esos mismos ciudadanos, previamente estafados por las entidades bancarias salvadas con su dinero, se veían abocados a la ruina, a dolorosos desahucios y, en algunas ocasiones, al suicidio?
       7. ¿Puede considerarse plenamente democrático un país que permite que queden sin castigo inmediato y ejemplar unos altos mandos militares que, desobedeciendo el principio básico que debe regir sus actuaciones públicas –que no es otro que estar al servicio de todos los españoles– se permiten la osadía y la desvergüenza de promover la desobediencia y hacen un encendido elogio del dictador y del franquismo? No entraré a analizar el coste que para la hacienda pública tiene un Ejército con una saturación de altos mandos en la reserva (en torno a 600 millones de euros anuales), es decir, que no están jubilados, pero no tienen que hacer nada más que cobrar su sueldo íntegro, incluidos todos los complementos salariales.
          8. ¿Puede considerarse plenamente democrático un país que, declarándose constitucionalmente laico, sigue manteniendo un Concordato especial con la Iglesia Católica, a la que subvenciona con dinero público y le entrega en torno a 11.000 millones de euros al año?
         9. ¿Puede considerarse plenamente democrático un país cuyo jefe del Estado no es elegido, sino que accede al poder por el hecho de haber sido concebido (esto siempre es de suponer) a partir del esperma de un señor o del óvulo de una señora pertenecientes a una determinada dinastía monárquica? Es algo tan rancio y medieval que no requiere mayores comentarios. Pero no está de más recordar que, para mayor deshonra de la institución, la monarquía española fue instaurada por el dictador Franco, y que el ahora fugado rey emérito juró lealtad a los principios franquistas del Movimiento. Por si algún desmemoriado me quiere llevar la contraria, copio a continuación el texto del juramento que prestó el monarca ahora residente en Abu Dabi el día 22 de noviembre de 1975: “Juro por Dios y sobre los Santos Evangelios, cumplir y hacer cumplir las Leyes Fundamentales del Reino y guardar lealtad a los principios que informan el Movimiento Nacional”.
          10. Por último, ¿puede considerarse plenamente democrático un país en cuyo Parlamento, de un total de 350 diputados, 52 pertenezcan a un partido fascista exaltador de la dictadura? Ya sé que estos sujetos (nunca los llamaré señores) fueron elegidos por los ciudadanos. Precisamente por eso quiero destacar el hecho de su elección. La democracia no se basa únicamente en la existencia de unas leyes y unos comportamientos públicos democráticos. La calidad democrática de un país depende, y mucho, del sentimiento democrático de sus ciudadanos. Y en España, por obvias razones históricas, ese sentimiento nunca llegó a calar profundamente. Al menos no lo hizo con un porcentaje importante, demasiado importante de hombres y mujeres. En España sigue habiendo muchos/as franquistas. En España sigue habiendo mucho nacionalismo hispano-imperial casposo. Y, ciertamente, hay también un importante sector de la población que tiene actitudes abiertas, progresistas, democráticas. Pero que haya un número cercano al 20 por ciento de ciudadanos nostálgicos del franquismo, cuando no abiertamente fascistas, es un lastre que hace muy difícil mantener el barco a flote.
         Ahora es tarea de cada uno responder con honestidad a estos 10 interrogantes. Y será también cada uno quien llegue a la conclusión (su conclusión) de afirmar si en España, como dice la ministra Robles, tenemos una democracia plena.

       Tras varias semanas de abandono de mi blog (¿dejadez?, ¿cansancio?), me dispongo hoy a romper ese silencio abrumado por lo acontecido ayer en Estados Unidos. La que fue cuna de la democracia se ha convertido en el lecho obsceno de una puta vieja y triste que ya ni se molesta en arreglarse un poco el pelo y darse un toque de maquillaje para seguir haciéndose pasar por una dama.
      El espectáculo de ayer en Washington, dejando a un lado su posible calificación jurídica (sublevación, levantamiento, rebelión) y obviando la incuestionable gravedad del hecho de que un presidente llamase a sus seguidores a la toma violenta de la sede parlamentaria, nos ofrece una imagen bochornosa de una sociedad en descomposición.
         Si revisamos lo sucedido en EE UU en los últimos cuatro años:
     - no se entiende que Trump no fuera destituido judicialmente tras demostrarse que había negociado con Putin la manipulación de las elecciones a través de las redes sociales, lo que, en circunstancias normales, constituiría un acto de alta traición;
        - cuesta entender que un presidente que fue claramente derrotado en las urnas, y al que poco a poco van dando la espalda docenas de sus antiguos colaboradores, haya tenido en jaque al sistema judicial de un país como Estados Unidos por la sencilla razón de que a él le daba la gana;
    - suena disparatado y absurdo que un país que persigue con saña y ferocidad acciones perfectamente honestas y legales, pero que el sistema considera dañinas y peligrosas “para la seguridad nacional” (quizás alguien sobreentienda que hablo de Julian Assange), permita, con una pasividad sorprendente, que el propio presidente que convocó públicamente a sus seguidores para marchar sobre el Capitolio, no haya sido puesto de inmediato a disposición judicial por incitación a la rebelión violenta, eso sí, previamente esposado (acción que a los policías americanos les encanta ejecutar a la menor oportunidad);  
        - por último, es realmente difícil de asimilar que un personaje inculto, ridículo, machista, racista, narcisista, con personalidad psicopática, pudiera ser elegido presidente del país más poderoso del mundo, y que durante cuatro años haya tenido en sus manos la seguridad de todo el Planeta.
         Por eso, los bochornosos acontecimientos que tuvieron lugar ayer, amén de ser una afrenta para la democracia –o lo que quede de ella en EEUU–, fueron un espectáculo triste, penoso, en el que fueron protagonistas unos miles de personajes que, por lo que las fotos que se transmitieron al resto del mundo dejan ver, constituyen la más deplorable muestra de un estrato social deprimido, ignorante, depauperado, al que Trump convenció de que él era la respuesta a todos sus males. Del mismo modo que Hitler convenció a buena parte del proletariado alemán más empobrecido de que el mal del país lo causaban los judíos y otros “parias” sociales, Trump puso en el ojo del huracán a todos los inmigrantes. Usó el lenguaje  más convincente. Les dio un enemigo al que odiar.Haz clic aquí para editar.
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        Joe Biden va a tener una tarea difícil. Afortunadamente, ha logrado dar un primer paso fundamental, con la conquista de los dos escaños del Senado. Nada de lo que intentase sería posible sin esa mayoría que acaba de lograr en Georgia. La sombra de Trump va a seguir azuzando a esas huestes de perdedores que conforman el lumpen social, moral e intelectual del país. La mayoría de ellos no tienen nada que perder. Y el peor enemigo es aquel al que no le importan las consecuencias de sus actos.
      Todos los líderes del mundo occidental han condenado sin paliativos lo ocurrido en Washington. Esas condenas a la rebelión violenta han alcanzado de lleno personalmente al Presidente ya defenestrado. Y cuando digo condenas sin paliativos, quiero decir que nadie ha tratado de establecer paralelismos, comparaciones, equivalencias, similitudes. No. Todos han sido tajantes. Lo ocurrido ha sido una violación intolerable de todo principio democrático.
         ¡No! ¡Miento! Ha habido uno que sí lo ha hecho, aunque a éste no se le pueda catalogar como líder del mundo occidental, sino solo como cabecilla de un grupo político. Me refiero a Pablo Casado líder del PP, quien ha tenido la indecencia de querer comparar lo ocurrido ayer en Estados Unidos con las Marchas por la Dignidad, las que, bajo el lema de “rodea el Congreso”, fueron protagonizadas por parados, preferentistas, sindicalistas, desahuciados y colectivos sociales. Solo un miserable de la política como Casado es capaz de establecer semejante paralelismo entre una acción armada, brutal y violenta, con las manifestaciones pacíficas, aunque violentamente disueltas por la policía, que tuvieron lugar en Madrid en 2015.
            A los comentarios de personajes residuales de la política (y de la inteligencia) como Abascal o Arrimadas no voy a dedicarles ni un segundo de mi tiempo.
 
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Al margen de lo anterior, esperaré con interés para ver en qué queda la llamada masiva hecha al vicepresidente Pence por gobernadores, senadores y congresistas de los dos partidos y profesores de universidad, para que invoque urgentemente la enmienda 25 para destituir a Trump. Un personaje así no puede seguir ocupando ese puesto. Nadie sabe las barbaridades que puede cometer en los 13 días que le quedan de presidencia.
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      Este es hoy el triste titular de un periódico libre y no contaminado por la mafia financiera imperante en nuestro país. Sería un titular que no diría nada a un lector ajeno a nuestras desdichas políticas y judiciales, pero que ofrece una tremenda radiografía del mal que nos aqueja, y que tiene un diagnóstico muy preocupante: cáncer judicial en estado de evolución muy avanzado con muy escasas probabilidades de cura. El juez en cuestión se llama Ángel Hurtado, el único juez del tribunal de la Gürtel que se negó a que Mariano Rajoy fuera llamado a declarar como testigo, que emitió un voto particular contra la sentencia que certificó la existencia de una caja B en el PP y que pidió la absolución de este partido. Este señor va a formar parte ahora de la sala del Supremo, o sea, la que examinará en última instancia la mayoría de las causas penales en las que está inmerso “su partido” y distintos militantes del mismo.

     Leía hace unos días un artículo de la periodista Elisa Beni, con cuyos planteamientos muy a menudo coincido, y he querido dejar reposar durante unos cuantos días lo en él leído antes de hacer mi propia reflexión a propósito de nuestra malhadada monarquía, pues, si bien algunos de los conceptos vertidos en dicho artículo me parecían razonables, constaté que otros me exasperaban, pues conducían a una trampa en la que a menudo caen muchas personas que se autodefinen como progresistas o, incluso, republicanas.
     Planteaba la periodista en su artículo que “el debate [no debe plantearse como] un partido de fútbol entre monarquía o república, sino una reflexión sobre los valores y controles que queremos exigir a quien ostente la jefatura del Estado”. Esto, siendo cierto, no deja de ser obvio. Apenas hemos tenido tiempo de admitir esta básica coincidencia, cuando nos percatamos de que la autora ha estado a punto de colarnos una verdad de Perogrullo. ¿Cómo podría no exigirse el más alto grado de integridad moral y las más altas virtudes públicas a quien ostenta la principal magistratura del Estado y representa ante el mundo a todos los ciudadanos del país? Pues bien, esta obviedad se da de bruces con la realidad, pues en España, con la actual Constitución en la mano, el Jefe del Estado (el rey) es inviolable, intocable, inmune, lo que ha permitido que quien ocupó dicho cargo durante casi cuarenta años, haya demostrado ser un sinvergüenza redomado, un delincuente y un putero, cuyas acciones nos han abochornado ante el mundo a todos los españoles (al menos a los españoles decentes). ¿Dónde quedan esos valores exigibles “a quien ostenta la jefatura del Estado?” Y esto es así por mucho que se empeñen los más respetados expertos constitucionalistas en tratar de demostrar que esa inviolabilidad es solo relativa y muy discutible. La realidad es mucho más tozuda que sus valiosos razonamientos.
      Sigue más adelante Elisa Beni aportando un argumento que se ha convertido desde hace años en un clásico entre quienes defienden que monarquía o república son dos formas de Estado que pueden ser igual e indistintamente buenas o malas, dependiendo de quién esté sentado en el trono o en el sillón presidencial. Lo dice con estas palabras: “Como dijo Montesquieu, el régimen británico es el de una nación en el que la república se esconde bajo la forma monárquica y, como bien le completó Revel, a la inversa, Francia es una nación en la que la monarquía se esconde bajo la forma de la república”. ¿No os suena muy parecido al famoso ejemplo de cinismo expresado en su día por Felipe González cuando afirmó aquello de “gato blanco o gato negro, lo que importa es que cace ratones”? Y continúa la articulista con una frase que encierra un total desmentido de lo que anteriormente pretendía demostrar. Dice: “La moraleja de todo ello es que lo realmente importante es que la forma de constituirse que el Estado adopte sea respetuosa de lo que se han dado en llamar las virtudes republicanas”. He subrayado la frase anterior, pues tiene miga. ¿Por qué a las que generalmente se consideran virtudes públicas por excelencia (moralidad, ética, decencia, moderación, austeridad, honradez, integridad…) se las denomina “virtudes republicanas” y no “virtudes monárquicas”? ¿No será acaso porque esto último constituiría un despropósito?
       Termino con el último párrafo del artículo de Elisa Beni que he elegido por ser aquel en el que me siento más distanciado de su postura, que, no obstante, respeto. “No es real ni interesante establecer un debate entre monarquía y república, como si lo hiciéramos entre el absolutismo y la forma política en la que los ciudadanos son libres, iguales y fraternos. Eso es un anacronismo visceral español. Aquí la clave está en el adjetivo 'constitucional', porque esos principios republicanos están perfectamente recogidos en nuestra Carta Magna.” De nuevo, la normalmente excelente periodista nos tiende una trampa, pues nos obliga a reconocer que no todas las monarquías son absolutistas y algunas repúblicas son deleznables, por lo que la bondad o maldad de ciertos sistemas no dependen de que sean una monarquía o una república. Esta falsa conclusión, en muchos casos, da por finiquitado el debate.
      No estoy para nada de acuerdo con esta forma de argumentar, que parte de una absoluta falsedad en su base conceptual. Por supuesto que no se trata de enfrentar Monarquía y República. Es un conflicto falso, adulterado y tramposo enfrentar ambos conceptos. Y ello es así porque, en pleno siglo XXI, estos dos conceptos políticos no constituyen sistemas contrastables, confrontables, equiparables. La razón es muy sencilla. A nada que usemos unos mínimos criterios de sentido común, tendremos que aceptar que las monarquías no pueden tener cabida en nuestro tiempo, no al menos en países modernos con una cultura que se considera avanzada. Que una monarquía no signifique absolutismo no justifica su existencia. Las monarquías son instituciones retrógradas, y deberían desaparecer. Todas ellas. Por sentido de la historia; por respeto a la dignidad personal de los ciudadanos; por higiene política; por decencia social.
      Las monarquías ejemplifican los aspectos más indignos y mezquinos de las relaciones humanas, en tanto que vínculo de dependencia entre los ciudadanos y aquellas personas encargadas de gobernarlos. Cuando comienza la tercera década del siglo XXI, no es aceptable:

• que la jefatura del Estado (por mucho que esté sancionado por la Constitución), en lugar de ser ocupada por una persona libremente elegida por los ciudadanos, sea hereditaria y, por consiguiente, se implante "para siempre" una familia real (dinastía), como se hacía en la Edad Media, demostrando que en su día perdimos el tren de la “Ilustración”;
• que se mantengan conceptos y expresiones del más despreciable servilismo (monarca[1], corona, corte, aristocracia, rey, reina, príncipe, princesa, infanta, majestad, alteza, besamanos), conceptos y expresiones que ya suenan mal incluso en los cuentos infantiles;
• que los ciudadanos sufran la indignidad de seguir siendo súbditos;
• que unos ciudadanos, por el mero hecho de pertenecer a la familia que ocupa el trono, estén por encima del bien y del mal y, por supuesto, como es evidente en el caso de Juan Carlos de Borbón, por encima de la Ley (en el caso de Urdangarín, cabe puntualizar que: 1. no es un miembro perteneciente al núcleo de la familia, sino que lo es por matrimonio; 2. que echarlo a los leones era una forma de limpiar la cara a la familia; 3. que, en todo caso, el tratamiento que ha recibido, tanto en lo judicial como en lo penal, ha sido de evidente agravio comparativo respecto a otros reclusos;
• que, sin haberlo buscado y sin tener la menor culpa, los miembros de una familia (la real) queden convertidos en una especie de caballos de lujo para ser exhibidos en anacrónicos ceremoniales. Los que nacen en el seno de una familia reinante sin que les quepa la menor culpa por ello tienen derecho a que se les trate con la dignidad que merecen como personas, lo que implica el derecho a decidir sobre su vida y su futuro.

       Viene esto último a cuento de la anécdota vivida hace unos días por la hija de Felipe VI, la heredera, cuando fue ingenuamente preguntada en la calle por una niña mallorquina “qué quería ser de mayor”, y la inmediata respuesta de Letizia, que atajó la situación diciendo: “No es lo que quiere ser, sino lo que tiene que ser”. ¿Alguien se ha planteado dónde queda la dignidad y la libertad individual de esa niña a la que le ha cabido el dudoso honor de ser princesa heredera? ¿Se han preguntado sus padres alguna vez si Leonor quiere llegar a ser un día reina, o si preferiría ser cantante, periodista, profesora, librera o actriz de teatro?
      No quiero entrar en otros aspectos que todavía aportan más elementos adversos en el caso de la monarquía española, como, por ejemplo, que la actual dinastía fuera instaurada por un dictador genocida, y que el anterior rey (el emérito) jurase fidelidad a Franco y acatamiento a los principios del Movimiento, además de haber hecho, en diversas ocasiones, pública y encendida defensa del dictador. Pero no dedicaré una línea más a concretar los numerosos motivos que los ciudadanos españoles tienen para despreciar a este lamentable ejemplar de la dinastía Borbón.
     Tampoco me molestaré en desmontar la falacia de que el mantenimiento del protocolo de un presidente de la República es tan costoso como el mantenimiento de la Casa Real, entre otras cosas porque en una República no existe una extensa y onerosa “familia real” a la que mantener y a la que dar protección, ni Cuarto Militar, ni Guardia Real, ni 300 vehículos adscritos a su servicio, etcétera, etcétera. Todo eso cuenta, pero ahora no viene al caso. Mi argumento no necesita ir por esos derroteros, pues se basa en el convencimiento moral de que las monarquías tienen en su propia naturaleza suficientes motivos para su condena..., y para su necesaria desaparición.
      Otra cosa será definir qué tipo de República, o más sencillamente, qué tipo de Estado queremos o consideramos más conveniente para las características de nuestro país. Supongo que cada país podrá definir su sistema propio ateniéndose a sus aspectos históricos, sociológicos, geográficos o lingüísticos. Puede elegirse un presidente, por votación ciudadana directa, a partir de candidaturas presentadas por partidos políticos; o a partir de candidaturas independientes ajenas a los partidos tradicionales; o entre candidatos de alta valía personal e intelectual propuestos por organismos independientes (profesionales, judiciales, sindicales) o por grupos de ciudadanos en un número mínimo por determinar. Y ese presidente puede tener un único mandato de 4,5 o 6 años. O bien poder ser reelegible para un segundo mandato. Y la Constitución puede determinar de qué poderes disfruta, si los tiene, o si solo ostenta una función representativa. En todo caso, deberá ser elegido por los ciudadanos y estar sometido siempre al mandato de la Justicia, es decir, no ser inviolable, sobre todo en el ámbito de su actividad personal. Es evidente que unos modelos podrían ofrecer un resultado mejor que otros, sobre todo dependiendo de cada país. Y que, en cualquier caso, nunca habrá un modelo de Estado perfecto, pues siempre será el resultado de una decisión y de unos comportamientos políticos humanos.
       Y aquí viene la clave del argumento: un país no tendrá un sistema corrupto por el hecho de ser una República, sino dependiendo de la honradez y los programas de su gobierno de turno, es decir, del poder ejecutivo. Se esfuerzan los defensores de las monarquías por desacreditar el concepto de República, dando para ello ejemplos aberrantes de países donde hay instalados sistemas escasamente respetuosos con los derechos humanos, y suelen poner como ejemplo países como Hungría, Bielorrusia, Polonia, la propia Rusia. Eso es una falacia. Que tales países estén controlados por un dictador o por todo un sistema corrupto, no sucede porque su estructura estatal sea republicana, sino porque están dominados por regímenes podridos, violentos, despóticos, indeseables.
      Una República, lo mismo que una Monarquía, puede albergar un sistema de gobierno bueno o malo. La maldad, la violencia, el despotismo, la corrupción pueden tener cabida en ambos sistemas. Lo que ocurre es que una monarquía siempre será algo anacrónico, carente de sentido y justificación, incluso si está establecida en un país, en principio y sobre el papel, perfectamente democrático. El Reino Unido, Suecia, Holanda o Dinamarca son claros ejemplos de esta situación. Pero si los países que acabo de citar son democráticos, no lo son a causa de la Monarquía, sino “a pesar de ella”.
      En resumen. No caigamos en la trampa de debatir sobre la mayor conveniencia de la monarquía o la república. Las monarquías deben rechazarse por principio, por ser obsoletas, anacrónicas, indignas, injustas, ridículas, absurdas. Solo pueden tener un final digno y aceptable: su desaparición.


[1] No olvidemos la etimología de la palabra monarca, del griego μόναρχος, literalmente, “gobernante único”