Este es hoy el triste titular de un periódico libre y no contaminado por la mafia financiera imperante en nuestro país. Sería un titular que no diría nada a un lector ajeno a nuestras desdichas políticas y judiciales, pero que ofrece una tremenda radiografía del mal que nos aqueja, y que tiene un diagnóstico muy preocupante: cáncer judicial en estado de evolución muy avanzado con muy escasas probabilidades de cura. El juez en cuestión se llama Ángel Hurtado, el único juez del tribunal de la Gürtel que se negó a que Mariano Rajoy fuera llamado a declarar como testigo, que emitió un voto particular contra la sentencia que certificó la existencia de una caja B en el PP y que pidió la absolución de este partido. Este señor va a formar parte ahora de la sala del Supremo, o sea, la que examinará en última instancia la mayoría de las causas penales en las que está inmerso “su partido” y distintos militantes del mismo.

     Leía hace unos días un artículo de la periodista Elisa Beni, con cuyos planteamientos muy a menudo coincido, y he querido dejar reposar durante unos cuantos días lo en él leído antes de hacer mi propia reflexión a propósito de nuestra malhadada monarquía, pues, si bien algunos de los conceptos vertidos en dicho artículo me parecían razonables, constaté que otros me exasperaban, pues conducían a una trampa en la que a menudo caen muchas personas que se autodefinen como progresistas o, incluso, republicanas.
     Planteaba la periodista en su artículo que “el debate [no debe plantearse como] un partido de fútbol entre monarquía o república, sino una reflexión sobre los valores y controles que queremos exigir a quien ostente la jefatura del Estado”. Esto, siendo cierto, no deja de ser obvio. Apenas hemos tenido tiempo de admitir esta básica coincidencia, cuando nos percatamos de que la autora ha estado a punto de colarnos una verdad de Perogrullo. ¿Cómo podría no exigirse el más alto grado de integridad moral y las más altas virtudes públicas a quien ostenta la principal magistratura del Estado y representa ante el mundo a todos los ciudadanos del país? Pues bien, esta obviedad se da de bruces con la realidad, pues en España, con la actual Constitución en la mano, el Jefe del Estado (el rey) es inviolable, intocable, inmune, lo que ha permitido que quien ocupó dicho cargo durante casi cuarenta años, haya demostrado ser un sinvergüenza redomado, un delincuente y un putero, cuyas acciones nos han abochornado ante el mundo a todos los españoles (al menos a los españoles decentes). ¿Dónde quedan esos valores exigibles “a quien ostenta la jefatura del Estado?” Y esto es así por mucho que se empeñen los más respetados expertos constitucionalistas en tratar de demostrar que esa inviolabilidad es solo relativa y muy discutible. La realidad es mucho más tozuda que sus valiosos razonamientos.
      Sigue más adelante Elisa Beni aportando un argumento que se ha convertido desde hace años en un clásico entre quienes defienden que monarquía o república son dos formas de Estado que pueden ser igual e indistintamente buenas o malas, dependiendo de quién esté sentado en el trono o en el sillón presidencial. Lo dice con estas palabras: “Como dijo Montesquieu, el régimen británico es el de una nación en el que la república se esconde bajo la forma monárquica y, como bien le completó Revel, a la inversa, Francia es una nación en la que la monarquía se esconde bajo la forma de la república”. ¿No os suena muy parecido al famoso ejemplo de cinismo expresado en su día por Felipe González cuando afirmó aquello de “gato blanco o gato negro, lo que importa es que cace ratones”? Y continúa la articulista con una frase que encierra un total desmentido de lo que anteriormente pretendía demostrar. Dice: “La moraleja de todo ello es que lo realmente importante es que la forma de constituirse que el Estado adopte sea respetuosa de lo que se han dado en llamar las virtudes republicanas”. He subrayado la frase anterior, pues tiene miga. ¿Por qué a las que generalmente se consideran virtudes públicas por excelencia (moralidad, ética, decencia, moderación, austeridad, honradez, integridad…) se las denomina “virtudes republicanas” y no “virtudes monárquicas”? ¿No será acaso porque esto último constituiría un despropósito?
       Termino con el último párrafo del artículo de Elisa Beni que he elegido por ser aquel en el que me siento más distanciado de su postura, que, no obstante, respeto. “No es real ni interesante establecer un debate entre monarquía y república, como si lo hiciéramos entre el absolutismo y la forma política en la que los ciudadanos son libres, iguales y fraternos. Eso es un anacronismo visceral español. Aquí la clave está en el adjetivo 'constitucional', porque esos principios republicanos están perfectamente recogidos en nuestra Carta Magna.” De nuevo, la normalmente excelente periodista nos tiende una trampa, pues nos obliga a reconocer que no todas las monarquías son absolutistas y algunas repúblicas son deleznables, por lo que la bondad o maldad de ciertos sistemas no dependen de que sean una monarquía o una república. Esta falsa conclusión, en muchos casos, da por finiquitado el debate.
      No estoy para nada de acuerdo con esta forma de argumentar, que parte de una absoluta falsedad en su base conceptual. Por supuesto que no se trata de enfrentar Monarquía y República. Es un conflicto falso, adulterado y tramposo enfrentar ambos conceptos. Y ello es así porque, en pleno siglo XXI, estos dos conceptos políticos no constituyen sistemas contrastables, confrontables, equiparables. La razón es muy sencilla. A nada que usemos unos mínimos criterios de sentido común, tendremos que aceptar que las monarquías no pueden tener cabida en nuestro tiempo, no al menos en países modernos con una cultura que se considera avanzada. Que una monarquía no signifique absolutismo no justifica su existencia. Las monarquías son instituciones retrógradas, y deberían desaparecer. Todas ellas. Por sentido de la historia; por respeto a la dignidad personal de los ciudadanos; por higiene política; por decencia social.
      Las monarquías ejemplifican los aspectos más indignos y mezquinos de las relaciones humanas, en tanto que vínculo de dependencia entre los ciudadanos y aquellas personas encargadas de gobernarlos. Cuando comienza la tercera década del siglo XXI, no es aceptable:

• que la jefatura del Estado (por mucho que esté sancionado por la Constitución), en lugar de ser ocupada por una persona libremente elegida por los ciudadanos, sea hereditaria y, por consiguiente, se implante "para siempre" una familia real (dinastía), como se hacía en la Edad Media, demostrando que en su día perdimos el tren de la “Ilustración”;
• que se mantengan conceptos y expresiones del más despreciable servilismo (monarca[1], corona, corte, aristocracia, rey, reina, príncipe, princesa, infanta, majestad, alteza, besamanos), conceptos y expresiones que ya suenan mal incluso en los cuentos infantiles;
• que los ciudadanos sufran la indignidad de seguir siendo súbditos;
• que unos ciudadanos, por el mero hecho de pertenecer a la familia que ocupa el trono, estén por encima del bien y del mal y, por supuesto, como es evidente en el caso de Juan Carlos de Borbón, por encima de la Ley (en el caso de Urdangarín, cabe puntualizar que: 1. no es un miembro perteneciente al núcleo de la familia, sino que lo es por matrimonio; 2. que echarlo a los leones era una forma de limpiar la cara a la familia; 3. que, en todo caso, el tratamiento que ha recibido, tanto en lo judicial como en lo penal, ha sido de evidente agravio comparativo respecto a otros reclusos;
• que, sin haberlo buscado y sin tener la menor culpa, los miembros de una familia (la real) queden convertidos en una especie de caballos de lujo para ser exhibidos en anacrónicos ceremoniales. Los que nacen en el seno de una familia reinante sin que les quepa la menor culpa por ello tienen derecho a que se les trate con la dignidad que merecen como personas, lo que implica el derecho a decidir sobre su vida y su futuro.

       Viene esto último a cuento de la anécdota vivida hace unos días por la hija de Felipe VI, la heredera, cuando fue ingenuamente preguntada en la calle por una niña mallorquina “qué quería ser de mayor”, y la inmediata respuesta de Letizia, que atajó la situación diciendo: “No es lo que quiere ser, sino lo que tiene que ser”. ¿Alguien se ha planteado dónde queda la dignidad y la libertad individual de esa niña a la que le ha cabido el dudoso honor de ser princesa heredera? ¿Se han preguntado sus padres alguna vez si Leonor quiere llegar a ser un día reina, o si preferiría ser cantante, periodista, profesora, librera o actriz de teatro?
      No quiero entrar en otros aspectos que todavía aportan más elementos adversos en el caso de la monarquía española, como, por ejemplo, que la actual dinastía fuera instaurada por un dictador genocida, y que el anterior rey (el emérito) jurase fidelidad a Franco y acatamiento a los principios del Movimiento, además de haber hecho, en diversas ocasiones, pública y encendida defensa del dictador. Pero no dedicaré una línea más a concretar los numerosos motivos que los ciudadanos españoles tienen para despreciar a este lamentable ejemplar de la dinastía Borbón.
     Tampoco me molestaré en desmontar la falacia de que el mantenimiento del protocolo de un presidente de la República es tan costoso como el mantenimiento de la Casa Real, entre otras cosas porque en una República no existe una extensa y onerosa “familia real” a la que mantener y a la que dar protección, ni Cuarto Militar, ni Guardia Real, ni 300 vehículos adscritos a su servicio, etcétera, etcétera. Todo eso cuenta, pero ahora no viene al caso. Mi argumento no necesita ir por esos derroteros, pues se basa en el convencimiento moral de que las monarquías tienen en su propia naturaleza suficientes motivos para su condena..., y para su necesaria desaparición.
      Otra cosa será definir qué tipo de República, o más sencillamente, qué tipo de Estado queremos o consideramos más conveniente para las características de nuestro país. Supongo que cada país podrá definir su sistema propio ateniéndose a sus aspectos históricos, sociológicos, geográficos o lingüísticos. Puede elegirse un presidente, por votación ciudadana directa, a partir de candidaturas presentadas por partidos políticos; o a partir de candidaturas independientes ajenas a los partidos tradicionales; o entre candidatos de alta valía personal e intelectual propuestos por organismos independientes (profesionales, judiciales, sindicales) o por grupos de ciudadanos en un número mínimo por determinar. Y ese presidente puede tener un único mandato de 4,5 o 6 años. O bien poder ser reelegible para un segundo mandato. Y la Constitución puede determinar de qué poderes disfruta, si los tiene, o si solo ostenta una función representativa. En todo caso, deberá ser elegido por los ciudadanos y estar sometido siempre al mandato de la Justicia, es decir, no ser inviolable, sobre todo en el ámbito de su actividad personal. Es evidente que unos modelos podrían ofrecer un resultado mejor que otros, sobre todo dependiendo de cada país. Y que, en cualquier caso, nunca habrá un modelo de Estado perfecto, pues siempre será el resultado de una decisión y de unos comportamientos políticos humanos.
       Y aquí viene la clave del argumento: un país no tendrá un sistema corrupto por el hecho de ser una República, sino dependiendo de la honradez y los programas de su gobierno de turno, es decir, del poder ejecutivo. Se esfuerzan los defensores de las monarquías por desacreditar el concepto de República, dando para ello ejemplos aberrantes de países donde hay instalados sistemas escasamente respetuosos con los derechos humanos, y suelen poner como ejemplo países como Hungría, Bielorrusia, Polonia, la propia Rusia. Eso es una falacia. Que tales países estén controlados por un dictador o por todo un sistema corrupto, no sucede porque su estructura estatal sea republicana, sino porque están dominados por regímenes podridos, violentos, despóticos, indeseables.
      Una República, lo mismo que una Monarquía, puede albergar un sistema de gobierno bueno o malo. La maldad, la violencia, el despotismo, la corrupción pueden tener cabida en ambos sistemas. Lo que ocurre es que una monarquía siempre será algo anacrónico, carente de sentido y justificación, incluso si está establecida en un país, en principio y sobre el papel, perfectamente democrático. El Reino Unido, Suecia, Holanda o Dinamarca son claros ejemplos de esta situación. Pero si los países que acabo de citar son democráticos, no lo son a causa de la Monarquía, sino “a pesar de ella”.
      En resumen. No caigamos en la trampa de debatir sobre la mayor conveniencia de la monarquía o la república. Las monarquías deben rechazarse por principio, por ser obsoletas, anacrónicas, indignas, injustas, ridículas, absurdas. Solo pueden tener un final digno y aceptable: su desaparición.


[1] No olvidemos la etimología de la palabra monarca, del griego μόναρχος, literalmente, “gobernante único”

      Los reyes, en general, y el actual espécimen residual de nuestra dinastía borbónica, en particular, necesitan justificar de algún modo su existencia, la cual, si se queda desnuda de ornamentos, ceremoniales y demás fruslerías protocolarias, resulta difícilmente entendible y a todas luces injustificable, incongruente y anacrónica. No voy a tratar de hacer una exposición argumentada de lo extemporáneo de una monarquía (cualquiera) en el siglo XXI, pues caería en el absurdo de intentar demostrar algo que en su esencia lleva implícita su propia demostración. Lo inconcebible es que esa institución arcaica –o, para ser más exactos, arqueológica– se mantenga activa entre nosotros y, aunque moribunda, trate de aferrarse a su bien provisto y cómodo pesebre, revistiéndose de una aparente oportunidad a través de una falsa modernidad.
      Surgen cada día en España nuevas voces que reclaman el derecho ciudadano a manifestar su rechazo de la monarquía y su preferencia por una República. Los monárquicos, especímenes conservadores e inmovilistas (o sea, retrógrados), aducen como argumento contra tal “desafuero”, entre otros desatinos, que el presidente de la República podría acabar convirtiéndose en un personaje indigno, nefasto, corrupto... Imagino que, cuando lo dicen, se les enciende una lucecita interior de alarma que les recuerda que la corrupción, el latrocinio y la obscenidad es precisamente lo que ha caracterizado a sus más recientes e idolatradas testas coronadas. Curiosamente, alguna vez he escuchado de boca de socialistas de carnet –y, por tanto, teóricos republicanos– aducir como argumento para no insistir en la abolición de la monarquía, que el Rey es, en primer lugar, un excelente “aglutinador” social, una especie de argamasa capaz de unir en un bloque compacto a tirios y troyanos, y, en segundo lugar, que es un personaje inocuo, sin poder real, y que podía ser peor tener a un Aznar (por poner un ejemplo nefasto) como presidente de la República. La respuesta a semejante idiotez cae por su propio peso, ya que: 1. en caso de producirse esa insinuada catástrofe y que pudiera llegar a ser presidente de la República, el susodicho y lamentable personaje permanecería en el cargo el tiempo que durase su mandato, o sea, cuatro años, mientras que un rey (y toda su familia parasitaria) se quedan de por vida; 2. a ese señor que dios confunda ya lo tuvimos de Presidente de Gobierno, que es un cargo que conlleva más peligro para el país, puesto que está dotado de mucho mayor poder ejecutivo que el cargo de presidente de la República; 3. y lo mejor de todo es que, a diferencia de lo que ocurre con la Monarquía, en caso de cometer algún delito durante el tiempo en que estuviera al frente de la jefatura del Estado, un presidente podría ser acusado, investigado, procesado y condenado, como cualquier otro ciudadano.
     Llegados a este punto, vienen a mi mente tres ideas que, aunque están íntimamente ligadas, exigen ser analizadas de forma separada
       El primero es la inviolabilidad del rey mientras está en el ejercicio de su cargo. Que un Jefe de Estado, por el hecho de llevar puesta una corona sobre las sienes y sentarse en un “trono”, sea legal y jurídicamente inviolable me parece un dislate tremebundo, una perversión repugnante, pues convierte al titular de una proclamada “monarquía parlamentaria y constitucional” en un monarca absolutista, elegido por “derecho divino” y con capacidad para cometer cualquier delito o tropelía sin que la Justicia pueda intervenir para castigarlo. Es esta una figura oscuramente medieval y divinizada en un mundo difícilmente entendible en el mundo actual. Es una incoherencia, un disparate y, digámoslo sin tapujos, un oprobio.
    Más de un jurista merecedor de respeto considera una aberración interpretar que la “inviolabilidad” del Rey plasmada en la Constitución equivale a “impunidad”, pues si nos atenemos al texto del artículo 62 de la Constitución, parece evidente que esa inviolabilidad solo sería aplicable a los actos realizados en el ejercicio de su cargo. He aquí lo que dice el texto constitucional: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo”. He subrayado la frase que expresa la necesidad de refrendo (por parte del Parlamento o del Ejecutivo), para que un acto realizado por el monarca sea considerado un acto “en el ejercicio de sus funciones”. Si no es así, debe entenderse que el rey no actúa como tal, sino como ciudadano normal y corriente. Entre otros juristas, el juez Castro Aragón, por ejemplo, considera que no sería necesaria una modificación de la Constitución para retirar el término “inviolable” y de este modo eliminar ambigüedades. El artículo 62 quedaría de este modo: “La persona del Rey no está sujeta a responsabilidad y sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo”. Son muchos los juristas que así lo entienden. No obstante, algo tan aparentemente sencillo se complica al constatar que la doctrina de la inviolabilidad ha sido torticeramente fijada por parte del pleno del Tribunal Constitucional para evitar que algún juez radical y bolivariano quiera meterle un gol a la monarquía por esa escuadra.
       El segundo escollo, todavía más escabroso y preocupante, es la dificultad –quizás debiera decir la casi absoluta imposibilidad real– para modificar la Constitución. Dicha dificultad desaparece como por encanto en el caso de que la modificación en cuestión sea del agrado de esa mayoría social que abarca a toda la derecha y a una parte de esa izquierda de color levemente rosado que vive alojada en el PSOE. Todos tenemos el triste recuerdo de la oprobiosa modificación constitucional del Artículo 135 que, a espaldas de la ciudadanía, tramitaron sin el menor pudor PP y PSOE para defender “el principio de estabilidad presupuestaria”, como les exigió la UE y ambos partidos obedientemente acataron.
       No cabe duda que una buena Constitución constituye uno de los pilares para un funcionamiento ordenado de las distintas instituciones de cualquier país. La Constitución así entendida es el principal pilar legislativo de un país, pero de ahí a convertirla en un texto sacrosanto va un abismo. Nada de lo que ha sido hecho por el ser humano (de forma individual o colectiva) es sagrado e inmutable. Y menos en el caso de la Constitución española, habida cuenta de que los constituyentes (los denominados “padres” de la Constitución), aun poniendo su mejor voluntad y sus mejores deseos, debieron redactarla en un momento en el que 1. aún resonaban las voces autoritarias de la dictadura incluso entre muchos de los propios constituyentes; 2. los partidos de izquierdas estaban dispuestos a renunciar a muchas de sus aspiraciones para hacerse “perdonar y aceptar”; 3. todos, pero en especial los “rojos”, sentían en el cogote la respiración de los generales en estado de permanente vigilancia; 4. la definición de la Jefatura del Estado había sido sellada por el dictador con el nombramiento de Juan Carlos de Borbón como rey “y sucesor” suyo. En otras palabras, la Constitución española nació lastrada, contaminada, cojitranca.
      La derecha (y en este caso, no me refiero solo a los partidos, en aquel entonces de vida incipiente, sino a la oligarquía representada por altos mandos militares, jueces, banqueros, jerarcas eclesiásticos, grandes terratenientes, poderosos industriales, etc.) toleró que la Constitución introdujera conceptos imprescindibles para que aquélla fuera generalmente aceptada, pero pensando que la realidad pondría a cada cual en su lugar. Ahí quedaban frases como estas, llenas de buena voluntad y belleza, pero que todos hemos visto cómo quedaban en agua de borrajas: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” (¿alguien se lo puede creer?) , o “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo (…) y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo” (¿qué les decimos a los que llevan años en el paro, a los que perciben un salario indigno insuficiente para mantener a sus familias o a las mujeres que sufren una brutal discriminación salarial?), o “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.” (¿No debería el Estado ser laico, en vez de aconfesional? ¿No se debería tener en cuenta las “no creencias” religiosas de cientos de miles de españoles y, por lo tanto, eliminar las subvenciones a las organizaciones religiosas, sobre todo a la iglesia católica, subvenciones que salen de los bolsillos de creyentes y no creyentes?)
      Considero que la lectura de certos artículos de la Constitución, confrontados con la realidad que vivimos en nuestro país, harían sonreír irónicamente a muchos, sonrojarse a otros (si tuvieran la honestidad de reconocer la verdad), fruncir el ceño con cabreo a quienes consideran que esta Constitución no les representa y, además, si tienen menos de 55 años, no la votaron o, como se dice con una expresión ñoña pero muy repetida, no “se la dieron a sí mismos”, y poner gesto de incredulidad a cualquiera que la lea como observador imparcial. Pero el problema es que los constituyentes –en especial aquellos que aportaban una clara impronta franquista (Manuel Fraga, Gabriel Cisneros, Miguel Herrero, Pérez-Llorca)– tuvieron buen cuidado de introducir en el propio texto constitucional, para eliminar de raíz cualquier veleidad modernizadora, unas condiciones para llevar a cabo cualquier modificación que lo hacen prácticamente inviable. Se exige que cualquier modificación reciba la aprobación de 2/3 en el Congreso y en el Senado, que se disuelvan inmediatamente ambas cámaras, que haya nuevas elecciones y que, una vez constituidas ambas cámaras, también lo aprueben, esta vez por mayoría simple, a todo lo cual debe seguir un referéndum nacional obligatorio y vinculante.
     ¿Habría una forma de eludir el insalvable escollo que plantea la aplicación estricta del texto constitucional para que el Parlamento se viera obligado –muy a su pesar– a introducir una enmienda profunda de la Constitución en el escabroso tema de la Jefatura del Estado, entre otros? Sin duda la habría. Bastaría con que el actual titular de la Corona, Felipe de Borbón, tuviera un mínimo de decencia, una dosis no desdeñable de inteligencia, algo de amor (no mucho) a España y gran sentido de la oportunidad histórica, y presentase su abdicación irrevocable, su renuncia al trono en su nombre y en el de sus descendientes. Claro que él nunca lo va a hacer motu proprio. Primero porque carece de todas las exigencias de carácter que acabo de apuntar más arriba, y porque, además, en primer lugar, comparte colchón (y, por tanto, opinión) con una mujer que ha demostrado tener una insaciable ambición y rapacidad, y, en segundo lugar, porque sigue habiendo toda una poderosa oligarquía (económica, judicial, militar y religiosa) que trataría por todos los medios (y digo “todos”) de impedírselo. Quizás debamos ser los propios ciudadanos, a través de todos los medios a nuestro alcance, quienes un día sí y otro también le recordemos que no lo queremos, que rechazamos la anacrónica institución que representa, que el mejor servicio que le puede hacer a España es renunciar y convertirse en un ciudadano más, dispuesto a vivir de su trabajo. O de sus inmensas rentas, que las tiene. Y a mí, llegados a ese punto, no me importaría nada dónde las disfrutaran, con tal que fuese a mucha distancia de nuestras fronteras. A conseguir esto podría contribuir la organización de un largamente debido referéndum sobre la jefatura del Estado, incluso si el mismo no fuera vinculante. Seguro que el resultado iba a dejar a más de uno con las bragas monárquicas en la mano.
      (La tatarabuela de Felipe VI, Isabel II, ya abdicó. Lo hizo en Francia, en el exilio, en 1870, como puede verse en la siguiente ilustración. A ver si por casualidad lee esto y toma buena nota. Total, puestos a pedir…)

      No hay peor análisis social que el que se limita a hacer simplificaciones, y el campo de la política es caldo de cultivo ideal para que en él florezca la simplificación. Si en política se producen ruido, voces discordantes, descalificaciones, insultos, mentiras, amenazas, forzosamente tiene que ser producto del enfrentamiento entre posiciones radicalmente opuestas. Ya no se va más allá. Es la culpa de los radicales de uno y otro extremo. Porque la virtud, la bondad, están en el centro.
      Hoy mismo, leía un artículo de Esther Palomeras, comentarista política con cuyas opiniones acostumbro a coincidir, en el que se felicitaba del aplauso de la Cámara al ministro Illa, cuya previa intervención –ovacionada por buena parte del Congreso–  había sido un dechado de diplomacia y mano izquierda, y había tenido palabras de agradecimiento para algunos de sus adversarios. (Aclaro entre paréntesis que los mencionados aplausos no fueron secundados ni por Vox ni por el PP.) Comentaba Palomeras su satisfacción por ver un momento de distensión en un escenario tenso, crispado y bronco, y defendía la tesis de que no debe verse al adversario político como un enemigo. Ojalá eso no fuera un deseo utópico. Pero es evidente que a los ciudadanos nunca se les podrá exigir que tengan una actitud amistosa o de generosidad, por ejemplo, con los miembros de la mafia, los narcotraficantes, los que ejercen la violencia contra las mujeres, los racistas, los homófobos, los fanáticos de cualquier religión. Este tipo de seres serán siempre “enemigos sociales”. Y trasladados a la política, esos seres difícilmente podrán ser considerados adversarios, sino enemigos.
      La política es –o debería ser– el terreno en el que se produce un enriquecedor debate de ideas, con sus correspondientes propuestas de actuación, para que los ciudadanos puedan decidir que opción prefieren que dirija la nación durante los siguientes años, sean estos 4 o 5, en función de lo que determine la Constitución de cada país.
      Dice en una entrevista periodística el filósofo Javier Gomá: “España no está dividida entre izquierda y derecha; está dividida entre populistas y quienes creen en la democracia liberal”. Considero que esta afirmación, además de precipitada y muy discutible, constituye una simplificación impropia de un respetado filósofo. Entiendo, no obstante, que una entrevista –que exige respuestas rápidas y, a ser posible, agudas– no es el medio más adecuado para explicar ideas profundas con el debido aplomo y hondura
     Yo estoy convencido de que España está básicamente dividida entre izquierda y derecha. Entre ambas, hay una masa amorfa de gente indiferente, apática, inculta, ramplona, generalmente de ideas sociales conservadoras, que, además, es objetivo perfecto para la labor manipuladora de ciertos medios de comunicación. Y diré más. No solo España, sino el mundo entero está dividido entre izquierda y derecha. Y para clarificar mi postura, me apresuro a  clarificar algo importante: considero izquierda todos aquellos movimientos que a lo largo de la Historia han puesto al Hombre (y a la Mujer), y la lucha por el logro de sus derechos, en el centro de su preocupación; y considero derecha todos aquellos movimientos que a tales derechos humanos han antepuesto los intereses de los poderosos (del dinero y su propiedad), los imperativos legales por encima de la justicia (las leyes las escriben siempre los poderosos) o los dictados de alguna divinidad. Haced la prueba: elegid cualquier punto programático de cualquier movimiento político y veréis que encaja sin dificultad en uno de los dos grandes grupos que acabo de expresar.
     Lógicamente, en una sociedad avanzada que ha ido accediendo a distintos grados de educación y cultura, los anteriores planteamientos se han ido articulando en una gran variedad de creencias, posturas, preferencias y matices. Pero, en lo fundamental, la gente –y, por consiguiente, los partidos políticos– solo son –solo pueden ser– de izquierdas o de derechas. Los partidos que se proclaman de centro suelen tener programas mayoritariamente de derechas salpicados con alguna pequeña concesión a asuntos de tipo social en favor de libertades individuales (derecho al aborto, al matrimonio homosexual, etc.).  Cuando un partido que se proclama de izquierdas acepta sin reparo, por obtener ventajas electorales, concesiones que repugnan a sus ideas (lo que mucha gente considera una muestra de pragmatismo), acaba cayendo en contradicciones autodestructivas, como le ha venido pasando en las últimas décadas al PSOE, o al Partido Laborista en el Reino Unido, por poner un ejemplo de allende nuestras fronteras. Es muy difícil, por el contrario, ver a un partido de derechas aceptando planteamientos de izquierdas, y si por casualidad se ve obligado a hacerlo, siempre es a regañadientes y con la firme intención de dar marcha atrás a la menor oportunidad.
      Esto significa que la vida política que se articula en lo que hemos dado en denominar democracia parlamentaria (dejaremos fuera las dictaduras de todo orden) sufre siempre la tensión que se produce entre los dos grandes movimientos mencionados: izquierda y derecha.
Curiosamente, cada vez es más frecuente definir los movimientos más extremos de las mencionadas posturas izquierda-derecha como “populismos”, otorgando a ambos extremos el mismo grado de reprobación. 
      No hay una definición clara y unívoca del concepto “populismo”. En principio, y habida cuenta de su etimología, parece evidente que se trata de un movimiento que centra su atención en el “pueblo” (del latín populus), diferenciando al pueblo llano de las élites económicas e intelectuales. No obstante, no hay una definición generalmente aceptada. Habría una forma positiva de ser populista, y consistiría en defender, por encima de cualquier otra consideración, los intereses de los más desfavorecidos económica y culturalmente. Habría, en el otro extremo, una forma viciada de ser populista, consistente en simplificar los mensajes (hablar a tontos) o en el predominio de los planteamientos y mensajes emocionales sobre los racionales, apelando a sentimientos toscos y primarios (desprecio por el desfavorecido, xenofobia, envidia, venganza, odio, falso orgullo, pseudopatriotismo desaforado…).
      Hay una empachosa tendencia a calificar de populismo la propuesta de medidas que simplemente son inequívocamente de izquierdas. Pongamos un ejemplo. Alguien juzga como populista la propuesta de que ningún ciudadano deba quedarse sin ingresos que le permitan sobrevivir con un mínimo de dignidad, y me refiero al “ingreso mínimo vital”. ¿No es loable intentar por todos los medios que ningún ciudadano se vea obligado a vivir en la indigencia? ¿No es digno de apoyo desear y luchar para que todos los españoles tengan asegurado su derecho a una vivienda digna, trabajo, sanidad y educación para sus hijos? ¿Es descerebrado pensar que un país como España puede –y debe– dedicar dinero público a conseguir esa mínima exigencia de dignidad para todos, cuando ese mismo país ha dedicado miles de millones para salvar del hundimiento a una banca corrupta y mal gestionada, y lo ha hecho con el dinero de todos los ciudadanos?
      El populismo de izquierdas, si aceptamos que una auténtica ideología radical de izquierdas va a ser siempre catalogada como populista –en mi opinión, indebidamente–, siempre propugna acciones políticas que buscan alcanzar una justicia social también radical, es decir, que nadie quede abandonado a su suerte ni en el terreno material (casa, comida), ni en el sanitario ni en el educativo. Esto, que es una aspiración digna, humanitaria, loable, es siempre respondido por el populismo de derechas con la inmediata descalificación del más necesitado (vagos que no quieren trabajar); con la amenaza xenófoba y ultranacionalista (puerta de entrada a inmigrantes a los que se regala lo que se les quita a los españoles); y con un argumento ultraneoliberal (el país no dispone de los medios para sostener semejante gasto), obviando el hecho de que la riqueza del país, simplemente, está mal e injustamente repartida y en manos de unos pocos. Este populismo de derechas, además, se reviste de unos elementos reduccionistas de contenido emocional, pero que considera que son dignificantes: la patria, la bandera, la (supuesta) grandeza histórica, la tradición (incluida la religiosa), todo ello formando una especie de infumable potpourri  ideológico.
      Si hiciéramos un listado (no exhaustivo) de aspiraciones de un partido de izquierdas, o sea, los objetivos que constituirían la base de su programa de gobierno, nos encontraríamos inevitablemente con los siguientes:

• una nueva Constitución (o una profunda modificación de la actual) elaborada por un Consejo Constitutivo elegido mediante votación universal de toda la población de entre un conjunto de candidatos con probados conocimientos y experiencia (esto llevaría a la previsible e inevitable modificación de la Jefatura del Estado y del modelo de nación;
• reparto equitativo de la riqueza y, por tanto, reparto asimismo de las cargas impositivas en función de la capacidad económica real de cada uno;
• aseguramiento de que ningún ciudadano ni su familia quedan abandonados a una vida de indigencia y que todo el mundo dispone de vivienda digna;
• respeto exquisito por las libertades individuales (expresión, creencias, sexualidad…)
• absoluta igualdad entre hombres y mujeres, favoreciendo las medidas para compensar injustas desigualdades históricas;
• defensa de unas políticas industriales, comerciales que favorezcan un respeto integral del medio ambiente y un cambio radical en el actual sistema basado en el consumismo exacerbado;
• defensa estricta y firmemente vigilada de los derechos laborales (y nótese que no hablo de la “dictadura del proletariado);
• absoluta separación de poderes, con unos órganos de dirección de la justicia elegidos democráticamente y nunca dependientes de partidos políticos;
• un laicismo auténtico, en el que cualquier creencia religiosa sea respetada pero mantenida siempre en ámbitos privados (evidentemente, esto implicaría la denuncia del Concordato con la Santa Sede y la eliminación de todo tipo de ayudas y subvenciones a la Iglesia);
• un sistema público, gratuito y universal de educación (esto no significa negar el derecho a la educación privada que nunca debería estar subvencionada por el Estado);
• un sistema público, gratuito y universal de sanidad (esto no significa negar el derecho a la sanidad privada que nunca debería estar subvencionada por el Estado);
• una red de medios de comunicación públicos, independientes de cualquier interferencia partidista, con un consejo de vigilancia elegido por los ciudadanos;
• una Comisión independiente y elegida democráticamente de vigilancia de los medios privados de comunicación para que, dentro del más absoluto respeto a la libertad de expresión, se impidiera la publicación y difusión de mentiras, falsas noticias, bulos malintencionados, tendentes a influir de forma espuria y partidista en le opinión pública;
• fomento y aumento de la financiación en el campo de la investigación científica;
• fomento y aumento de la financiación en el campo de la cultura;
• persecución implacable de la corrupción a todos los niveles de la vida pública;
• mejora integral del sistema de justicia, lo que incluye dos cosas: 1. aceleración de los procesos judiciales, con la necesaria modernización de todos sus procesos, y 2. modificación radical a) del sistema de acceso a la carrera judicial y b) de la elección y composición del CGPJ.

      Es evidente que la anterior enumeración es incompleta, provisional y falta de desarrollo. Pero hago una pregunta.  ¿Alguien con un sentido ponderado, sensato, proporcionado y humanitario de la vida (en el sentido de que mira o se preocupa por el bien del género humano y, por extensión, de sus conciudadanos) podría honestamente rechazar alguno de los principios arriba expuestos?  Es evidente que pueden defenderse matizaciones diversas a los puntos mencionados. Y ahí debería radicar el debate no solo parlamentario, sino social. Lo que no puede hacerse es lo que la derecha española en su conjunto lleva meses haciendo, y que consiste en demonizar la ideología que propugna estos principios y acusar a sus defensores de populismo radical, comunismo bolivariano, amenaza para la unidad de España y otras lindezas aún más vitriólicas y demoledoras.
      Surgen entonces los “buenos de la película”, sosteniendo opiniones que hablan de populismos enfrentados, de radicalismos feroces “de uno y otro lado del espectro político”, de crispación generalizada, poniendo a los defensores de un izquierdismo radical pero democrático en un mismo plano de igualdad que la ultraderecha neofascista. ¡Y por ahí sí que no paso! ¡Me niego a aceptar esa falaz equidistancia “entre dos males”! ¡Me subleva esa idiotez de que todos podemos ser amigos y llevarnos bien! ¡No! ¡Yo no puedo ni quiero llevarme bien con cierta gente! ¡A algunos ni siquiera puedo ni quiero respetarlos! Solo aspiro a que me dejen en paz. Si dijera otra cosa sería un perfecto hipócrita. Yo no puedo ser amigo de un fascista, ni respetarlo. Yo no puedo tolerar la presencia en política de corruptos, ladrones, esquilmadores de lo público. Puedo respetar a una persona de derechas con la que no comparta ideas, creencias ni expectativas de futuro. Y combatiré sus ideas en todos los terrenos, pero dentro del respeto a la persona.
     Para terminar, añadiré que responder al insulto con el desprecio, desmontar las mentiras y llamar mentiroso a quien las propala, desnudar la verdad de los que quieren traer de nuevo el fascismo y la violencia a la escena pública, esas cosas no me convierten en un extremista ni en un crispador.  La tolerancia es buena. Es más; es necesaria. Pero jamás debe hacerse este regalo a los intolerantes. Aunque parezca una perogrullada o un trabalenguas, me gusta insistir en esta magnífica máxima de Karl Popper: ¡¡¡con los intolerantes, tolerancia cero!!!

    La carcunda –aunque también se acepta la palabra carcundia– es un término que surgió en Portugal a principios del siglo XIX y que, más tarde, pasó a enriquecer el repertorio semántico del español. En Portugal se aplicaba a los absolutistas que se oponían a la revolución hacia 1820.  En España, en el siglo XIX, se empezó a utilizar para denominar a carlistas, ultramontanos y neocatólicos; luego, en el siglo XX, pasó a definir a los sucesores ideológicos de aquéllos, englobando indistintamente a fascistas, ultraconservadores, meapilas, santurrones de toda laya, reaccionarios y retrógrados. Por supuesto, caen dentro de esta categoría todos los titulares de grandes fortunas y patrimonios, siempre temerosos de que los avances sociales les vengan a arrebatar sus bienes (y quién sabe, dicen ellos, si sus vidas). Irónicamente, les acompañan gustosos en ese viaje ideológico unos cuantos miles (¿centenares de miles?) de ciudadanos de tercera a los que apenas les llega para vivir con cierta decencia.
      Viene todo esto a cuento del comentario indignado que un amigo ha hecho tras la lectura de la carta que el periodista Ignacio Trillo ha escrito a la infausta jueza del 8M, cuyo nombre callaré para no darle la cancha que no merece. Decía mi amigo en su comentario que la carcunda se ha extendido por todas las estructuras del Estado con el apoyo y beneplácito de una parte demasiado importante de la sociedad civil.
      Tiene razón mi amigo. Pero yo abundo en su idea y la amplío, y afirmo que la carcunda no ha dejado de estar en todo momento presente en todas las estructuras del Estado. Gracias a una Transición fallida (en realidad, fue un absoluto fraude), ha estado presente –en algunos momentos de forma más o menos solapada; en otros, de forma abierta y agresiva– en todos los estamentos que sustentan la estructura del Estado: el Ejército, la banca y el sistema financiero, el poder judicial (es el más peligroso y dañino), el empresariado en su conjunto y los medios de comunicación (a la Iglesia, ni me molesto en mencionarla). En estos momentos, nos encontramos en una fase de abierta y brutal agresividad.
       Desde que prosperó la última moción de censura de 2018 y la izquierda logró ocupar el poder tras las elecciones generales de 2019, la gente del PP –toda la derecha sociológica– se sintió herida, agraviada, insultada, como si al arrebatarle el poder en las urnas les hubieran robado algo que, por derecho divino, les pertenece a ellos, y solo a ellos. Los políticos del PP (y muchos ciudadanos conservadores de los que conforman la carcunda que viven en el piso o el chalet de enfrente, se preguntaban “¿Cómo es posible que unos piojosos comunistas, que deberían estar agradecidos por permitirles participar en política en vez de meterlos en la cárcel, formen parte del Gobierno de la sacrosanta nación española? La rabia, la indignación y una ira incontenible inundaron sus corazones, y de su boca comenzaron a salir los más espantosos epítetos acompañados de espumarajos infectos. Ahora, cuando hablan, cuando escriben, ya no se molestan en dar argumentos, ya no proponen programas, ya no articulan ideas. Se limitan a verter todo el veneno acumulado, a la espera de contagiar a todo el país con su santo odio.
      Para colmo, paralelamente a todo lo anterior, en las últimas elecciones saltó con éxito a la palestra política un nuevo grupo: Vox, para convertirse en portavoz de la grandeza franquista española. Llegaron a la vida pública unos energúmenos (y unas energúmenas) que se atrevían a proclamar abiertamente que eran no solo franquistas convencidos, sino decididamente racistas, machistas, homófobos, xenófobos, anticomunistas, o sea, auténticos neonazis.  (Quizás podría añadirse que la mayoría de ellos no habían pegado nunca un palo al agua y habían vivido subvencionados por la asquerosa democracia, pero eso es tema para otro capítulo.)
       Y lo que ha ocurrido es que esas gentes que conforman la carcunda nacional, a la vista de los logros y, sobre todo, comprobando que las bravuconadas, amenazas, desafíos, insultos y demás perlas democráticas de la camada franquista no recibía ningún tipo de advertencia o amonestación por parte de las autoridades policiales o judiciales, han acabado por perder totalmente el pudor, se han dado cuenta de que pueden levantar la voz y sacar pecho (bien arropado por la bandera, por supuesto) y que hacerlo no solo no trae consecuencias negativas, sino que les va proporcionando réditos políticos.
      Los de Vox son el franquismo descarado (y descarnado), sin careta. Los del PP, hasta ahora representantes del franquismo más tímido y ruboroso (una especie de vino del país rebajado con un poquito de gaseosa), se han quitado la máscara de falsa democracia para evitar que sus votantes se escapen a la carrera más a la derecha. Y la forma de lograr sus propósitos --como ha sido tradicional en la derecha desde tiempos inmemoriales-- es el escándalo vocinglero, el griterío cínico, la injuria sin complejos, la mentira desvergonzada. Porque hay un sector de la sociedad --instalado para su desgracia en la categoría de la más absoluta insignificancia socio-económica-- que asume, acepta y traga con aquello que tiene más resonancia en los medios más cutres: desvergüenza, bulos, mentira, morbo, cutrerío…, y muchos decibelios. No en balde los amos de este estercolero en que vivimos, y que es el que alimenta al neocapitalismo, han sabido adoctrinar a ese lastimoso sector social a través de la inmundicia de sus radios y televisiones. 
        Nos guste o no, vivimos inmersos en la “carcundocracia”. 

      Lo hemos visto en infinidad de películas. Un reportero se acerca a un político conocido (o a cualquier otro personaje que sea objeto de especial interés público), se gana su confianza y consigue que le haga algún comentario “comprometido” de forma oficiosa (lo que ya todo el mundo conoce como off the record). El entrecomillado de comprometido indica que se trata de un comentario que solo puede –o debería– hacerse de forma privada, pero nunca en público. Pasado un tiempo –generalmente, corto– lo dicho al “reportero amigo” aparece publicado en grandes titulares y es inmediatamente usado como arma arrojadiza contra el personaje en cuestión, quien habrá pecado de irreflexivo, incauto, cándido o, simplemente, bisoño y carente de experiencia.

      Es lo que le ocurrió a Irene Montero cuando, con ocasión de la famosa manifestación del 8M, le comentó a una periodista avispada y con escasos escrúpulos que era normal que hubieran acudido menos personas de las que se esperaba, y que ello era probablemente consecuencia de las noticias que llegaban a España sobre el coronavirus. Como cabía esperar, dado el grado de agresividad, cainismo y desfachatez en que se ha montado la (ultra)derecha, a los representantes de PP y Vox les ha faltado tiempo para abundar en sus absurdas –yo diría grotescas– acusaciones de “homicidio” al Gobierno. El siguiente paso será acusar a Pedro Sánchez y sus ministros de genocidio, y así el esperpento estará plenamente servido.
      En cuanto se supo que en Canarias había un alemán contagiado, antes de que el gobierno impusiera el estado de alarma ya había gente que andaba por la calle con pavor a acercarse a otras personas. Recuerdo en concreto que el día 12 de marzo, cuatro días después de la Manifestación feminista y dos días antes de decretarse la cuarentena, me crucé, en los jardines de nuestra urbanización, con un vecino que me saludó sin detenerse y alejándose más de tres o cuatro metros de mí, para regocijo de las otras personas con las que yo conversaba en ese momento. En aquellas fechas, la gente comentaba lo que estaba ocurriendo en China, en menor medida en Italia y, lo que se sospechaba que podría llegar a ocurrir en nuestro país.
      El periodismo amarillo en general, y muy especialmente el “cloaquero” que ahora impera en España, no se anda con sutilezas. Sabe que la gente, mucha gente, aunque afortunadamente no toda, espera que le sirvan carnaza. Es un público adicto a la casquería, el insulto, los chismes, la comida bazofia. Siempre hay un medio –ya sea prensa escrita, televisada o radiofónica– dispuesto a servírsela. Y nunca faltan reporteros de calle (no los llamo periodistas porque en principio respeto esa profesión) prestos para obtener menudillos sabrosos mediante abuso de confianza, o sea, con falta de deontología (el off the record debe respetarse siempre, del mismo modo que se debe respetar que un periodista mantenga el anonimato de sus fuentes) gracias a la inexperiencia e ingenuidad de un profesional con poca brega en estos terrenos.
      Conste que estoy diferenciando entre la frase –a mita de camino entre desahogo y confidencia– dicha privadamente a alguien en cuya honestidad y discreción se confía y el exabrupto o la salida de tono soltados de forma inoportuna en la proximidad de micrófonos abiertos. En estos últimos casos no hay engaño ni desleal abuso de confianza. Todos recordamos el "¡Vaya coñazo que he soltado!" de Aznar en la UE; o cuando un micrófono captó un comentario José Bono, siendo presidente de Castilla-La Mancha, diciendo que el entonces primer ministro británico, Tony Blair era un "gilipollas".
      Sea como sea, que la prensa de un país centre su atención en un comentario personal filtrado a los medios de forma rastrera dice mucho y alto acerca de esa prensa. Y que ese mismo tema constituya uno de los principales temas de debate planteados a voz en grito en el Congreso de los Diputados por la oposición de derechas deja una imagen bastante lastimosa de la escena política de este país.
      Como resumen y a modo de corolario, recomendaría a los políticos cuya trayectoria no les ha dado la oportunidad de foguearse en estas lides que tuvieran en cuenta estos tres principios fundamentales a la hora de manejarse con “periodistas, reporteros y buscadores de perlas”:

1. El trabajo de los reporteros de micrófono “oportunista” no es periodismo; es otra cosa. (Un periodista se informa para informar a su vez y, como condición añadida, debe saber escribir de forma precisa y correcta, o bien expresarse oralmente con fluidez y claridad.)
2. Un periodista que se acerca con un micrófono, una sonrisa y una pregunta lanzada en tono amistoso no desea obtener una información serena y equilibrada; es un buscador de “primicias noticiables”, a ser posible de tono escandaloso.

      Un periodista con un micrófono en la mano nunca es un amigo. Es alguien que nos puede vender por un platillo de lentejas.

     Me siento incapaz de hilvanar un buen discurso –coherente, ampliamente documentado, correctamente estructurado, sosegado, razonablemente carente de contradicciones y discordancias– sobre el tema del independentismo en general y sobre el independentismo catalán en particular. Son demasiados los factores que me perturban tan solo de pensar en intentarlo: ruido –mejor dicho, estrépito– mediático, sentimientos encontrados, vivencias personales, son algunos de esos factores. Si a todo lo anterior añado que soy enemigo de las convicciones inamovibles y que tengo una irremediable tendencia a poner en tela de juicio una y otra vez mis propias creencias, entenderéis lo mucho que me cuesta acometer la tarea de escribir esta crónica.
      Para hacer más fácil lo que de otro modo se me antoja un cometido arduo, he ideado un método –casi estratagema– que me permita decir todo lo que pienso (y, sobre todo, lo que siento) respecto al tema en cuestión, sin necesidad de tener que andar hilvanando conceptos y argumentos que se entrecruzan y solapan, y que dificultan en exceso la elaboración de un discurso coherente. Consiste ese método en presentar mis ideas desdoblándome en entrevistador y entrevistado, de modo que lo esencial de mi pensamiento al respecto pueda presentarlo en forma de respuestas a las preguntas que yo mismo me hago a menudo y que, quizás, a alguno de quienes me leáis os gustaría hacerme. ¡Allá voy!
Una primera pregunta doble. ¿Cuál es tu visión de Cataluña? Y, en segundo lugar, ¿ha variado mucho, algo, poco o nada esa visión tras los últimos sucesos del “procès”?
     Mi visión de Cataluña ha sido siempre de admiración y cariño. Como aragonés, viví geográficamente muy cerca de Cataluña. Y en lo personal, siempre sentí admiración por su cultura y su forma de ser, esto último entendido como una generalización, por supuesto, que en todas partes cuecen habas. He recorrido Cataluña de norte a sur y de este a oeste. Conozco bien su Pirineo, hermano del aragonés, su arte románico gerundense e ilerdense, sus viñedos y sus vinos (en especial sus cavas), su hermosa costa mediterránea de Figueres a Tortosa, su volcánica Garrotxa…; he leído con sumo placer a algunos de sus mejores escritores (Espriu, Sagarra, Pla, Rodoreda, Villalonga, los Goytisolo, Montalbán, Tusquets, Ferrater, Gil de Biedma, por nombrar los que ahora me vienen a la mente)…; y me bañé por primera vez en el mar en las playas Barcelona siendo muy niño...; más tarde compartí dos veranos de mi juventud, en armónica y amistosa convivencia con estudiantes catalanes que cumplían, junto con aragoneses, la absurda e inevitable obligación del servicio militar universitario en la provincia de Tarragona, en las Montañas de Prades, sin que los intercambios lingüísticos, indistintamente en castellano y en catalán, supusieran nunca motivo de fricción. Allí, en aquel campamento en el que dos veranos antes había estado también haciendo las milicias Joan Manuel Serrat, aprendí (aprendimos, aunque no sé si algunos ya lo han olvidado) lo que podía ser una respetuosa y saludable cohabitación, en la que los aragoneses acabábamos usando de la forma más natural toda clase de términos catalanes, y, por ejemplo, no decíamos dormir, sino clapar, y se afirmaba que nos ponían bromuro en el agua para que nadie “trempase” (o sea, que a ningún soldadito se le pusiera dura con los inevitables pensamientos eróticos suscitados por las largas abstinencias). El idioma une y hermana mucho, aunque parece que actualmente lo que hace es separar, enemistar, encabronar. En otras palabras, mi visión de Cataluña ha sido siempre de una franca proximidad, de cariño, de cercanía.
      Pasando a la segunda parte de la pregunta, puedo afirmar que mi visión y mi sentimiento no han variado en absoluto. En todo caso, me produce una inmensa tristeza comprobar el distanciamiento y el estéril enfrentamiento que se ha ido produciendo entre amplias capas de la población de ambos lados. Estoy convencido de que a uno y otro lado de la línea divisoria (geográfica, quiero decir), ha habido una torcida y espuria intención de fomentar ese enfrentamiento para satisfacer sucios e inconfesables intereses políticos (tanto partidistas como personales).
Pero todo lo anterior es puro sentimiento. Hay muy poco pensamiento político.
     ¿Y qué? ¿Acaso no hay sentimiento en la política? ¿Por qué no había de haber política en el sentimiento? El animal político que es el hombre no se despoja de sus sentimientos –ni de sus incertidumbres, sus miedos y sus prejuicios– al pensar y actuar en el terreno político. De hecho, en los últimos tiempos, los gurús de la cosa política, los que se revisten los hábitos del poder y la verdad absoluta, los que tejen y destejen el manto sociopolítico a su antojo, los grandes manipuladores, ésos, han traspasado todas las líneas trojas y han potenciado hasta la náusea la preeminencia del sentimiento en la vida política, en particular el más peligroso, el más aborrecible, el sentimiento supuestamente patriótico (al menos, así llamado), el que crea más enemigos, más odios, más barreras… Y la gente, con una asombrosa ingenuidad, ha entrado al trapo…, ¡nunca mejor dicho!, al trapo de las banderas, las banderitas, las banderolas, los estandartes, los colores (como en las ferias) y las musiquillas (los himnos). En cualquier caso, yo no puedo, ni quiero, separar mis sentimientos de mis pensamientos, pero, por supuesto, me refiero a mis sentimientos en positivo, a los que se han ido arraigando dentro de mí a lo largo de los años, y no de los que me quieran inculcar una panda de subdesarrollados intelectuales a través de los medios, con mucho ruido… ¡y pocas nueces!
Bien, pues ahí va una pregunta concreta, ¿estás a favor, o al menos no rechazas frontalmente, la idea del independentismo catalán?
      No estoy en absoluto a favor. En cuanto a rechazarlo frontalmente, quiero aclarar: rechazo absolutamente la idea, pero no a las personas que la defienden.
Eso es un poco complicado de entender
      En absoluto. Cada persona es libre de pensar como quiera. Y de defender sus ideas. Es más. No solo de defenderlas, sino de intentar transmitirlas a otros, siempre que sea mediante el diálogo, el debate, el contraste de opiniones. Yo soy contrario a los nacionalismos, todos ellos. Fundamentalmente porque son excluyentes, y en sus razones para excluir vamos a encontrar inevitablemente móviles espurios (xenofobia, arrogancia, complejo de superioridad, aporofobia…) Yo nunca tendría inconveniente en mantener un sereno y respetuoso debate con una persona nacionalista, aunque probablemente nunca llegaríamos a un acuerdo, pero lo importante es que todo quedase en debate, en discusión. Lo que no soporto es que me den gato por liebre, que no me digan la verdad, que oculten esos móviles espurios bajo discursos pseudopatrióticos, ondeando banderas. Y aquí englobo a los mentirosos de uno y otro lado de esa línea divisoria que parece separar ahora a poblaciones aparentemente irreconciliables. Ni los líderes de lo que era Convergència se han creído nunca lo del soberanismo, y en su momento se unieron gustosos al carro de la independencia como cortina de humo para tapar sus vergüenzas, que eran muchas, ni al Partido Popular le importa un higo lo de la patria unida; los políticos de Convergència y del PP solo tienen un dios y una patria: el dinero, a ser posible en un paraíso fiscal, y si no que se lo digan, por ejemplo a la familia Pujol, o a la familia Aznar, que ha regalado el patrimonio inmobiliario de los madrileños a un fondo buitre en cuyo consejo de administración se sienta su hijo. Todos, una cuadrilla de ladrones envueltos en banderas: unos, la estelada; los otros, la de la monarquía instaurada por Franco.
¿Estás de acuerdo con el derecho a decidir de los catalanes?
     Estoy de acuerdo con que los ciudadanos puedan expresarse libremente. Si eso requiere un referéndum, bienvenido sea ese referéndum. Ya sé que muchos se me echarán encima y me hablarán de la Constitución, y bla bla bla. Por supuesto, la actual Constitución –que en su día nos metieron con calzador porque, entre otras cosas, había dos opciones: o la Constitución cocinada a gusto de la clase dirigente del momento (y aceptada de mala gana por la izquierda real) o el caos– no contempla la posibilidad de un referéndum de autodeterminación. Pero ahí quiero aclarar dos o tres puntos. El primero es que la Constitución se redactó de forma que fuera muy difícil modificarla, pero no es inamovible, ni mucho menos. El segundo es que la Constitución no deja de ser una ley, la principal, de acuerdo, pero una ley. Y no es la ley de dios; es una ley hecha por los hombres (por un grupo reducido de hombres a los que los cursis paniaguados les encanta denominar “padres de la Constitución”) y luego votada por mayoría; pero en ese punto también quiero dejar claro que nuestra Constitución no ha sido votada por ningún español menor de 60 años. Si a nosotros nos la metieron con calzador –yo voté en contra, aclaro– a los españoles entre 18 y 60 años se la han metido con un embudo porque no la pudieron votar. En tercer lugar, sin forzar la Constitución –que eso es algo que habrá que hacer algún día les guste o no a los conservadores de todo signo– se podía haber llegado sin apenas dificultades a establecer una España plurinacional de corte federal, que es algo casi plenamente integrado en nuestro sistema autonómico. Cuando ya se vislumbraba una posibilidad de conseguirlo mediante la promulgación de un Estatuto, vinieron los delincuentes de la política (léase, Partido Popular) y presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra 114 de los 223 artículos. Y luego llegó el Tribunal Constitucional, dominado mayoritariamente por magistrados afines a los delincuentes de la política y declararon inconstitucionales 14 artículos, y sujetos a la interpretación del tribunal otros 27. Y fue precisamente en aquel momento cuando la derecha española (españolista) puso la primera piedra del gran movimiento nacionalista, que salió enfurecido a las calles de Barcelona gritando “Som una nació. Nosaltres decidim”. ('Somos una nación. Nosotros decidimos'). Y a Convergència y al PP se les abrió el cielo. Ya tenían emprendida la guerra que deseaban, que ambos necesitaban.
      En cualquier caso, lo que no acepto de los nacionalistas catalanes es que, aprovechando la lógica indignación que produjo a todas las personas decentes –catalanas o no– la actuación de la policía el 1-O, hayan instigado un sentimiento de rabia y odio hacia todo lo español de forma generalizada e indiscriminada. Y también que estén tratando de convencer al mundo entero de que todos los catalanes son soberanistas. Eso es una falacia. Los catalanes independentistas merecen respeto y ser escuchados; pero los no nacionalistas, también. Y si las cifras no engañan, unos y otros representan más o menos el 50 por ciento de la población catalana. El govern debería ser el gobierno de todos los catalanes, no solo de los que desean la independencia.
        (Hago aquí un breve inciso con una anotación respecto a ciertas actuaciones  policiales. Aquí puede verse una brutal carga de los mossos  contra ciudadanos pacíficos que protestaban contra un desahucio. Esto no era obra del malvado ministro de Interior español.)
https://twitter.com/i/status/1207960795851755521
¿Quieres decir que hasta ahora no había habido sentimiento e ideología soberanista en Cataluña?
      Nunca se me ocurriría decir una idiotez así. Claro que lo ha habido. Desde hace muchas décadas. No llego a hacer mía la teoría catalanista de que con el final de la Guerra de Sucesión, a Cataluña le fuera arrebatada prácticamente su independencia. Eso es una interpretación absurda y gratuita de la Historia. En aquella guerra, que duró más de 12 años, los españoles se dividieron claramente en dos bandos: los borbónicos (que al final ganaron) y los austracistas (que perdieron). Estos últimos se encontraban mayoritariamente en la Corona de Aragón, que prefería un rey austriaco, que probablemente habría mantenido el sistema cuasi federalista existente hasta entonces. Felipe V, en una actitud muy borbónica al llegar a España convocó las cortes del Reino de Aragón y las cortes catalanas, pero sin la menor intención de respetar los pactos alcanzados con ellas. Luego llegó la guerra y, con la victoria de Felipe V de Borbón (a quien el diablo confunda junto con todos sus descendientes), llegó la durísima represión, que afectó a todos los que se habían posicionado a favor del monarca austriaco, de forma mayoritaria en la Corona de Aragón, y, por supuesto, en Barcelona. Esa fue, en unas pocas líneas, la historia sucedida; luego ha venido la historia cocinada.
Posteriormente, en el siglo XIX comenzó a surgir un movimiento catalanista, que en sus inicios fue, sobre todo de naturaleza cultural y tradicionalista. A principios del siglo XX, este movimiento adquirió ya tintes marcadamente políticos, aunque los primeros pasos se dieron en una línea regionalista o autonomista. Pero que a nadie se le olvide que el movimiento nacionalista de naturaleza independentista surge de entre las capas burguesas catalanas, no de los medios obreros e izquierdistas. En este sentido, a mí, personalmente me cuesta mucho entender a la gente de la CUP, que se autoproclaman de izquierda radical y no tienen empacho en maridarse con la gente de JuntsxCat.
Entonces, ¿qué opinas de ERC?
     Pues que es un partido con una ideología socialdemócrata, que siempre se ha mantenido al margen de la lucha de los partidos de izquierda en los aspectos más importantes (sindicalismo, defensa de la clase trabajadora, enfrentamiento al capitalismo neoliberal). Es un partido de extracción burguesa desde sus inicios, y en sus planteamientos nacionalistas se encuentran algunas de las características negativas de todos los nacionalismos burgueses, y que ya he mencionado anteriormente. Pero si he de decir algo positivo respecto a ERC, no tengo empacho en reconocer que sus políticos han sido los más coherentes y los que han actuado con mayor gallardía. Ahí está el contraste entre Oriol Junqueras, vicepresidente de la Generalitat cuando surgió el conflicto del procès, y su presidente, Puigdemont, a quien solo puedo calificar como un payaso o como un cobarde, que embarcó a toda la gente de su entorno en una aventura que les ha costado la cárcel, y él salió de najas para librarse de la trena. Junqueras, esté o no esté de acuerdo con él, me merece todo mi respeto. Puigdemont me parece un ser bastante despreciable.
¿Estás de acuerdo con el juicio y la sentencia del procès?
      Para nada. Ha sido un juicio político, y una sentencia injusta y desproporcionada. Me siento abochornado como ciudadano español de que se haya procedido de una forma tan injusta. Un sistema judicial que permite semejante despropósito es un sistema podrido, que requiere ser cambiado de arriba abajo.
¿Quieres decir que se debió aceptar la proclamación unilateral de independencia?
      No. Claro que no. En ningún lugar del mundo habría ningún Estado que aceptase una cosa así. La independencia, en caso de producirse, solo se puede alcanzar de dos formas: o por negociación y decisión pactada y consensuada, con unas reglas perfectamente establecidas de antemano, previa manifestación inequívoca de la voluntad de la mayoría a través de un referéndum minuciosamente definido y controlado; o mediante un levantamiento armado victorioso. Todo lo demás es un espectáculo esperpéntico, un sinsentido. Pero no un delito que pueda castigarse con tantos años de cárcel. Y lo que es más grave, que los condenados hayan pasado más de dos años en prisión provisional sin que hubiera posibilidad de libertad condicional. Eso ha sido algo vergonzoso, abyecto. Una venganza política digna de una dictadura de república bananera. En especial, en un país en el que los chorizos, los defraudadores, los ladrones, los mafiosos andan sueltos por la calle sacando pecho. O cuando se les da permisos para pasar las vacaciones de Navidad con sus familias.
¿Crees que no se ha producido ningún delito?
      No digo eso. Digo, y estoy convencido de ello, que no ha habido un delito de sedición ni de rebelión. Y, como yo, lo piensan –y así lo han manifestado a través de numerosos artículos– juristas de indudable prestigio, como Pérez Royo o Martín Pallín. No niego que se hayan podido producir delitos de menor cuantía, como desacato, desobediencia, falsificación de documentos o malversación de dinero público. Y no lo afirmo, sino que acepto la posibilidad. En todo caso, serían delitos que no conllevarían las penas que se han impuesto.
      Para colmo, ha tenido que venir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a sacarle los colores a nuestro infumable Tribunal Supremo y a decirle que debió permitir que Junqueras saliera de la cárcel para asumir su puesto de eurodiputado, para el que había sido elegido libremente por dos millones de ciudadanos catalanes, que, me imagino, tienen más razón, potestad y fuerza que unos cuantos togados del Supremo, seres humanos teóricamente muy doctos, pero no exentos de poder errar, como a todas luces parecen haber hecho.
¿Alguna conclusión?
     Un profundo sentimiento de tristeza y una no pequeña preocupación por el futuro que nos aguarda a catalanes y no catalanes. Sembrar un campo de minas tiene consecuencias nefastas: hace que luego sea muy difícil transitar por él sin que haya víctimas inocentes.
 

      Me topé ayer en Twitter con el siguiente mensaje, que es un ejemplo del pensamiento más absurdo e irracional, aunque no infrecuente, que se puede tener en la vida, considerando la vida como el escenario general en que se desenvuelve la política.
      “Fem net a tots els partits. Només 1 objectiu: INDEPENDÈNCIA. No som d’esquerres, no som de dretes, no som de centre: SOM CATALANS i volem l’independència de Catalunya. Un cop Catalunya assoleixi l’objectiu primordial i original ja redefinirem la política de país.”
      El autor, o los autores, pues parece que se trata de un usuario colectivo (compacto y muy homogéneo), deja(n) muy claras, en su breve autopresentación, sus ideas e intenciones, pues para que no quede duda de que se trata de un grupo catalán, muy catalán (y mucho catalán, como diría una Rajoy cualquiera) y, por consiguiente, abiertamente antiespañol –que parece ser la condición sine qua non para ser un buen catalán independentista– debajo de su nombre (EconomiaCAT) definen su identidad en mayúsculas tanto en catalán como en las principales lenguas europeas (inglés, alemán y francés) pero no en castellano, puesto esto podría contaminar y ensuciar su parcela identitaria. Así, escriben: CATALUNYA, CATALONIA, KATALONIEN, CATALOGNE. ¿Os queda claro, lectores?
      En la frase que constituye su tuitero mensaje bullen básicamente dos ideas. Comienzo por la segunda idea, esa que dice “una vez que se alcance el objetivo primordial y original, ya redefiniremos la política de país”. Esta frase es todo un ejemplo de idiotez, incluso de bellaquería.
      ¿Por qué es una idiotez? Porque ninguna empresa, ningún proyecto político de alcance puede acometerse sin un ideario, sin un programa, sin unos planteamientos socio-políticos. La independencia, que en sí misma es perfectamente defendible, constituye un objetivo a medio-largo plazo que puede llegar a alcanzarse con muy distintas ópticas y muy diferentes planteamientos. Porque conseguir la independencia equivale a conseguir la formación de una nueva nación, un nuevo Estado. Y una nación y un Estado pueden ser muy distintos, incluso opuestos, en función de la estructura política sobre la que se asienten y las leyes por las que se vaya a regir.
    ¿Por qué es una bellaquería? Porque plantear la independencia de un modo tan falso y aparentemente ingenuo tiene incluso un algo de tufillo eclesiástico, el aroma de un sermón que nos dice algo de este tenor: “No os planteéis duda alguna. Creed firmemente todo lo que os digo. Seguidme. Al final os espera la Vida Eterna”. Porque, en efecto, esa “vida eterna” sería alcanzar y poder vivir en una nación independiente, sí. Pero ¿qué clase de nación?, ¿regida por quién?, ¿con qué clase de Constitución?, ¿quién redactaría dicha Constitución?, ¿financiada por quién y a cambio de qué?, ¿quién organizaría y controlaría la banca, y bajo qué criterios?, ¿qué grado de intervención tendría el nuevo Estado en la economía?, ¿participaría mediante empresas públicas o dejaría todo al albur del libre mercado?, ¿cuál sería la futura relación del nuevo Estado con sus vecinos europeos, en especial España?, ¿qué haría el nuevo Estado si no fuera aceptado como miembro de la UE?, ¿dejaría España de existir y desaparecería de nuestras vidas?, ¿se establecería un sistema de doble nacionalidad?, ¿qué políticas implantaría el nuevo Estado en lo que se refiere a las migraciones?, ¿tendría el nuevo Estado no solo una policía, sino un Ejército?, ¿de ser así, quién lo crearía y con qué criterios?, etcétera, etcétera. Debemos tener la respuesta a todas esas preguntas antes de entregar nuestros votos (y nuestra alma) a esa causa única y suprema: la independencia.
       Estoy seguro de que no todos los que abogan por una Cataluña independiente darían las mismas respuestas a este brevísimo catálogo de preguntas. Cometen, además, los integrantes de este grupo lo que no sé si es un error gramatical o una descarada felonía. Dicen: “una vez que se alcance el objetivo primordial, ya redefiniremos la política de país”. ¡Absurdo! Para redefinir es preciso haber definido antes. Redefinir significa revisar, reescribir, modificar… Ellos no plantean nada que pueda ser revisado, reescrito o modificado.
    Paso ahora a comentar la primera idea del mensaje. Este grupo catalán afirma que el independentismo debe ser no ya lo primero, sino, de momento, lo único que ha de tener cabida en la mente de un buen catalán. Cualquier otra idea no sería sino un estorbo, un apéndice indeseable, que podría entorpecer la tarea a desarrollar y la meta a alcanzar. Su declaración es inequívoca: “no somos de izquierdas, no somos de derechas, no somos de centro”. Se siente uno tentado de añadir un escueto. “No somos”.  Es curioso, pero he podido comprobar que, cada vez que alguien dice eso de “no soy de derechas ni de izquierdas ni de centro”, añadiendo luego algo tan socorrido como, por ejemplo, “soy español” (o, en este caso, “sóc català”), acabo descubriendo que quien lo dice es. de forma invariable. de derechas de toda la vida.
      Pero no quiero desviarme. Voy al grano. Esta frase denota un nacionalismo en estado puro, rampante, asfixiante y excluyente (implica que los que no comparten ese sentimiento, si son catalanes, dejan de serlo). Pero, mucho cuidado, que este tipo de sentimiento –a no confundir con ideología– se da en todas partes en mayor o menor medida, no solo en la actual Cataluña, aunque aquí, por las muy especiales circunstancias que concurren, los magos de la manipulación han sabido llevar ese sentimiento a un estado de absoluto paroxismo. Los que venden patria –lo mismo que los que venden la Vida Eterna– son muy astutos, muy hábiles, y saben que no pueden entrar en el terreno de la argumentación, porque no manejan ideas que puedan ser debatidas, razonadas o refutadas; manejan sentimientos, y se apoyan en símbolos simples pero eficaces, capaces de llegar al corazón (bandera, identidad del terruño, historia común, ya sea inventada o parcialmente adulterada, atavismos, costumbres, folclore) y, sobre todo, en agravios compartidos, que son sentimientos que unen mucho contra un enemigo común. En los últimos meses, ese mismo nacionalismo de signo contrario ha ido creciendo en muy amplias capas de población del resto del Estado español, con el resultado de resucitar viejos y enmohecidos clichés y de convertir injustamente a los catalanes en el enemigo común de la “patria”. Son los peligros que conlleva el hecho de jugar con este tipo de cartas.
      He dicho intencionadamente –y lo mantengo– que no se debe confundir el sentimiento con la ideología. Se puede argumentar a favor o en contra de cosas muy diversas, y que son las que conforman una determinada ideología. Por ejemplo, puede discutirse la conveniencia o no de que el Estado intervenga directamente en la política económica del país; o hablar de los beneficios y desventajas de tener una sanidad y una educación públicas, frente a que sean de naturaleza privada; o defender que el Estado tenga un sistema monárquico frente a un sistema republicano; o mantener posturas divergentes acerca de la política fiscal y las normas impositivas que deben aplicarse en el país; opinar acerca del sistema judicial y la forma en que se debería elegir a los jueces que compongan el Tribunal Supremo y el Consejo del Poder Judicial; mantener posturas muy diversas e incluso enfrentadas sobre aspectos de la política internacional, o el alineamiento del país con organismos internacionales, etcétera… Podríamos seguir durante horas dando ejemplos de lo que constituye el concepto de “ideología”. Porque todos los casos que hemos presentado aquí son discutibles, debatibles, opinables. Sin duda, del tipo de postura que defendamos dependerá que se pueda decir de nosotros que somos personas de izquierdas o de derechas, progresistas o conservadores (o incluso mitad y mitad). Pero todo lo que atañe a los nacionalismos es puro sentimiento. Y ese es el terreno en el que yo me niego a jugar.
      En algunos de los escritos anteriores de mi blog, he dejado clara mi postura en temas como la patria o la bandera. Lo haré una vez más, a riesgo de que quienes me leen me consideren un pelmazo irredento. Para mí significa mucho más ser socialista (ojo, que no he dicho del partido socialista), ser progresista, que ser español. Lo primero es lo que mis vivencias, mis lecturas, mis experiencias, han hecho de mí y lo que yo he decidido ser. Lo otro, ser español es un mero accidente que ocurrió en mi vida y que yo no elegí. Ni me enorgullezco ni abomino de ello. Evidentemente, hay cosas que me hacen sentirme “próximo” de otros españoles –desde luego, no de todos, ni mucho menos– como consecuencia de haber compartido experiencias, recuerdos, paisajes, sabores, músicas. Pero ahí termina mi nacionalismo. Lo que me hace sentir profundos lazos de identidad no es la geografía (tengo amigos en la lejana Australia a los que siento más cerca de mi corazón que a la mayoría de españoles), ni la Historia (que yo no hice y que en muchos casos detesto), ni siquiera la lengua (me entiendo mucho mejor con personas que comparten mis ideas, aunque deba comunicarme con ellas en inglés).
      Sería interminable la lista de españoles –coetáneos o no– a los que repudio y de los que no me siento en absoluto conciudadano. ¿Cómo podría sentir la más mínima conexión con personajes tan nefandos como Fernando VII y todos sus descendientes, o con gente como Escrivá de Balaguer, Vallejo-Nájera, Rouco Varela, José María Aznar, Villarejo, Eduardo Inda, Jorge Fernández Díaz, sin necesidad por supuesto de mencionar a toda la plana mayor del franquismo con el genocida ferrolano a la cabeza? Solo me cabe el involuntario baldón de haber nacido en el mismo país. (Debo aclarar que me ha llevado mucho tiempo y larga meditación elegir unos pocos nombres para completar una pequeña lista meramente indicativa, aunque ni de lejos exhaustiva, que ejemplarizase el tipo de españoles que desprecio y de cuyas ideas y comportamientos abomino.) En cambio, podría hacer igualmente un larguísimo listado de personas de cuyas ideas me siento muy cercano y a las que siento como “compatriotas” sin serlo en sentido estricto. Y no me refiero solamente a los amigos que tengo en otros países. Me refiero a personas, de esta u otras épocas, a las que admiro o he admirado por sus ideas, sus escritos y sus acciones. De nuevo, a título de mero ejemplo, podría citar, entre otros, a Clara Campoamor, Salvador Allende, Nelson Mandela, Simone de Beauvoir, Leonard Cohen, Malala Yousafzai, o José Mujica.
      Ese es mi sentimiento de patria. Esas personas con las que comparto ideología y forma de ver el mundo conforman la patria a la que siento pertenecer. El resto: banderas, himnos, lenguas, tradiciones, son pura farfolla emocional, mera hojarasca.