Mi escasamente estimado señor Lesmes:
             Me dirijo a usted tras leer sus nada edificantes declaraciones, en las que arremete contra todo aquel que se ha atrevido a poner en tela de juicio la bochornosa sentencia del caso de “La Manada”, ya se trate de juristas, políticos (no de derechas, por supuesto) o simples ciudadanos, como es el caso de quien suscribe.
             Y tomo la decisión de redactar esta misiva, que de antemano sé que va a tener una vida tan efímera como inútil, como mero arrebato y descarga de la destemplanza que algunos personajes públicos generan en mí desde hace mucho tiempo con sus desafortunadas manifestaciones (solo me refiero aquí a las declaraciones públicas, como la suya, señor Lesmes, y  no a otros lamentables aspectos como las mentiras, los latrocinios y los turbios manejos que tiñen y ensucian la vida pública. Eso es harina de otro costal y requiere tratamiento aparte).
              Comienzo mi carta contemplando la imagen que acompaña a la noticia que ha provocado mi impulso epistolar. Al observar ese rostro (al que la barba canosa que oportunamente se dejó usted hace cinco años confiere un toque de severidad y rectitud, al menos aparentes); esa toga tan planchada; esa sobria corbata negra (ligerísimamente ladeada para dar una pincelada humanizadora al conjunto); ese elegante collar de san Raimundo de Peñafort (al alcance de tan pocos seres humanos), tengo la impresión de que usted estaba predestinado a ser lo que es: un jurista respetable y respetado. Usted nació para alcanzar cotas inaccesibles al común de los mortales. Por eso, comprendo que nos hable con esa altanería despreciativa, con ese aire de superioridad enojada con que se habla desde el púlpito o desde la tribuna a los insignificantes seres normales, o sea, inferiores.
             Eso es lo que percibo contemplando su imagen. Claro que luego me he parado a leer con atención sus palabras y, al analizar lo que usted tiene el atrevimiento de decir, mi mente se ha despejado (como la de un borracho al que se da a oler amoniaco) y he conseguido rebajarle a usted a su auténtica dimensión, es decir, a la de un señor que estudió Derecho (probablemente con muy buenas notas), ganó unas oposiciones, estuvo en lugar adecuado en el momento adecuado y tuvo los amigos y apoyos adecuados para llegar a ser un gurú del mundo judicial (en su vertiente más politizada) y se concede a sí mismo el privilegio de mirar al resto de la ciudadanía con esa condescendencia propia de la gente poderosa.       Pero, con todo el golpe de efecto que procura su supuesta sabiduría jurídica, se equivoca usted, y mucho, señor Lesmes. Tiene usted abundantes confusiones, de las que no le considero ignorante sino, por el contrario, displicentemente despreciativo. Se las enumeraré desde mi  ignorancia de, en su opinión,  paleto jurídico.

1. Confunde Justicia con acervo legislativo. Está usted saturado de leyes, de códigos, de reglamentos. Y no me extraña. Se pasó usted muchos años de afanoso estudio de las Leyes y me temo que perdió la perspectiva, no obstante tan sencilla, de la realidad. El estudio del Derecho, y su posterior aplicación, debe tener siempre como finalidad “hacer justicia”. O sea, el Derecho debe estar siempre al servicio de la Justicia; de lo contrario, el Derecho pasa a ser Torcido. Si una sentencia, por atenerse a determinados recovecos del articulado legal, no hace justicia a un ciudadano (o ciudadana) cuyos derechos han sido gravemente lesionados, deja de ser Justicia.
2. Confunde usted respeto a las decisiones judiciales con sometimiento ciego y silencioso a las mismas. Se infiere de sus declaraciones que a usted le molestan las críticas a las decisiones de los jueces, supongo que, en principio, por corporativismo, aunque tampoco desdeño que sea por ese clasismo rancio al que hacía referencia al principio de mi misiva. Lo imagino a usted diciéndose para sus adentros: ¿Pero quién coño se creen que son estos malditos ignorantes para poner en tela de juicio una sentencia judicial? (Imagino que en la intimidad dirá usted tacos, como casi todo el mundo; si no es así, le ruego que me disculpe y los tache de la carta.) Pues, señor Lesmes, se equivoca usted gravemente. Los ciudadanos tienen pleno derecho a discrepar de las decisiones judiciales. Y a criticarlas, siempre que lo hagan dentro de unos cauces razonablemente respetuosos. Porque no quiero ni imaginar que esté usted en contra del derecho fundamental de todo ciudadano a la libertad de expresión. ¿O lo está usted?
3. Deduzco de sus palabras que usted piensa que para tener una idea clara de en qué consiste una decisión (una sentencia) justa hay que ser un experto en Derecho. Es posible que en determinados casos en que se dirimen complejas disputas de Derecho Civil, por ejemplo, disputas financieras, sea muy difícil tener una opinión si se desconoce el correspondiente código legislativo. Pero hay casos en los que el sentido común y una limpia conciencia constituyen los pilares de una correcta opinión. Y, si esa opinión es mantenida por la inmensa mayoría de la población, es muy difícil que una sentencia judicial que va en dirección contraria sea defendible. Los jueces no son infalibles como dicen que es el Papa, señor Lesmes. Los jueces yerran. Y lo hacen porque aplican sus propias creencias, su ideología, sus filias y sus fobias a la hora de interpretar la ley.
4. Dice usted que las críticas pueden comprometer gravemente el sistema de justicia.  Y yo le digo que el sistema judicial lleva años profunda y gravemente comprometido. Y no por las críticas que le pueda hacer la gente (esa gente a la que usted seguramente considera iletrada y despreciable); el sistema judicial está comprometido por gente que, como usted y otros como usted dentro de la Judicatura, señor Lesmes, ha hecho de la Justicia su cortijo, gente que desprecia valores como la Verdad y la Democracia, y que se esfuerza por hacer que la aplicación de la Justicia se adapte, como un traje a la medida, a sus creencias, a su ideología y a los intereses de los suyos. Podría hacer una enumeración de los casos que los ciudadanos profanos en Derecho, como yo, consideramos ultrajantes, escandalosos, y que se vienen produciendo de forma constante en nuestro país sin que a los responsables del sistema judicial que usted aparenta defender se les caiga la cara de vergüenza (no les veo que les dé ni un tímido sonrojo). No voy a hacer esa enumeración porque sería demasiado prolijo y porque considero que es tarea innecesaria, pues todo español de bien sabe perfectamente a  qué me refiero.

             No voy a cansarle más, señor Lesmes. Ya me he desahogado, que era lo que realmente necesitaba. No creo ni siquiera que esta humilde misiva llegue a su conocimiento. Tampoco importa. En realidad, salvo las escasas excepciones de quienes tienen lectores asegurados, quienes escribimos como he hecho yo hoy, lo hacemos para liberarnos de la angustiosa situación a la que nos vemos sometidos por gobernantes corruptos, administradores ineptos, y por un sistema político y judicial que está en manos espurias y carentes de respetabilidad.
            Reciba un respetuoso pero nada afectuoso saludo de un ciudadano de a pie.

      La Universidad –y me refiero necesariamente a la universidad pública, pues la privada no deja de ser un puro negocio– ha sido siempre, y debería seguir siéndolo, un reducto irreductible de independencia intelectual y, por supuesto, moral. 

​      El poder político siempre ha respetado la autonomía universitaria, incluso si ese respeto ha sido concedido a regañadientes. Únicamente las dictaduras, sabedoras de la fuerza incontenible de las ideas, se han atrevido a entrar a saco en ese reducto para convertirlo en un centro docente obediente y desideologizado. Pero incluso las dictaduras han chocado a menudo con la dificultad que implica tratar de domeñar la inteligencia y la rectitud moral. Ahí tenemos el ejemplo de los profesores López Aranguren, García Calvo y Tierno Galván, de los que el poder absoluto de Franco solo pudo librarse expulsándolos de sus puestos, pero cuyo magisterio intelectual no pudo acallar, mucho menos aniquilar. Nombrar a estos profesores no equivale a afirmar que fuesen los únicos, pues la enseña de la independencia intelectual y la integridad moral fue portada por muchos otros docentes igualmente ejemplares.
      Viene todo lo anterior a cuento del lamentable espectáculo que hemos vivido estos días con el asunto del famoso máster nunca estudiado u obtenido por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Quiero hacer abstracción de toda la capa de caspa y mugre con que se ha revestido este nuevo capítulo de corrupción que inunda nuestra vida pública. Voy un paso más allá.
     Escuchaba el otro día un comentario que puede parecer oportuno pero que procede de un planteamiento erróneo. Venía a decir lo siguiente, palabra de más o de menos: “Con la cantidad de casos de corrupción de todos conocidos, con los cientos de millones robados, los jueces y fiscales comprados, los dineros públicos despilfarrados, la miseria impuesta a cientos de miles de ciudadanos, ¿por qué se le da tanta importancia al hecho insignificante de que se haya falsificado un título universitario?” Pero no es ese el problema.
      Lo realmente alarmante, lo verdaderamente indignante es que los ladrones de la caverna no se hayan limitado a robar, que es lo suyo, lo que llevan en los genes. Lo que me produce a un tiempo irritación y espanto es que se hayan atrevido a poner sus sucias manos en la Universidad (y no añado pública porque se sobreentiende). Ya habían manchado, sin que la sociedad pareciera alarmarse en exceso, la judicatura, la fiscalía, los medios de comunicación pública, pero uno quería pensar que no se atreverían a embarrar con sus pezuñas el suelo universitario. Pero sí se han atrevido. Han ido tan lejos como van los dictadores.
      Porque lo de menos es que una mindundi trepadora haya querido presumir de lo que no es; eso es un mal menor en un político de derechas. Lo malo es que hayamos descubierto que han convertido una universidad pública en su pequeño cortijo, donde colocan a sus amiguetes como si se tratara de un negocio de compraventa de títulos. La lección de todo lo que hemos vivido –aún estamos viviendo– es que el atrevimiento de esta gente del PP no tiene límites, que no reconocen ningún terreno como sagrado –como no sea el de sus respectivas iglesias parroquiales–, que no hay barrera que no estén dispuestos a saltar por la fuerza; ni puerta que no se osen derribar; ni norma, ley, derecho que no se atrevan a saltarse, incumplir o despreciar.