El egoísmo de los pobres

     Imaginemos –todos somos capaces de usar nuestra imaginación– que los desfavorecidos de la Tierra, hartos de soportar la injusticia de su situación, en vez de intentar subvertir por la fuerza el orden establecido, se dirigieran a los responsables del reparto de bienes y riquezas y les dijeran: “Ha llegado la hora de cambiar esta situación. El mundo tiene unas riquezas que, si estuvieran bien distribuidas, permitirían a todos vivir con dignidad. Exigimos que se cambien las reglas del juego. No queremos violencia; no deseamos actuar con violencia ni ensañamiento a pesar de la situación de terrible injusticia que llevamos siglos soportando. Queremos cambiar las reglas de juego de forma civilizada.”Haz clic aquí para editar.

      Bien, dejemos a un lado lo escasamente creíble y lo utópico del planteamiento. Solo lo hago para sugerir, a título igualmente teórico y ficticio, que la respuesta que se diese a estos probos y pacíficos ciudadanos fuera la siguiente: “Ah, no. Ustedes son unos terribles egoístas. Lo que ustedes plantean es una argucia taimada y artera para conseguir ventajas sobre los demás. Ustedes quieren comer mejor, tener más dinero, mayor seguridad para sus familias, mejores viviendas. ¡A ustedes se les ve el plumero!” Bien, pues esta situación, por incongruente que suene, se ha producido en la realidad. Lo explico.
     Hace unos días, Podemos y Ciudadanos, tras alcanzar un acuerdo insólito y en principio contra natura, plantearon a los otros dos principales partidos la necesidad de modificar la Ley electoral, que es, a todas luces, injusta y, sobre todo, tramposa, pues fue concebida y pergeñada para que los dos grandes partidos que manejaron los hilos de la transición mantuvieran siempre una ventaja sobre los demás contendientes. O sea, lo que se ha dado en denominar, como si ello fuera un gran logro democrático, el bipartidismo. Debo aclarar que en la gestión de semejante bazofia democrática tuvieron una interesada y sospechosamente entusiasta participación los partidos nacionalistas catalán y vasco, pues las mismas ventajas tramposas que PP y PSOE iban a obtener con el sistema d’Hont en el ámbito estatal, las iban a gozar ellos en el terreno de sus respectivas comunidades. El único partido al que en el momento de la creación de la Ley Electoral se condenaba y castigaba era, como cabía esperar el PCE, posteriormente IU, grupo político que bastante tenía con saber que salía de sufrir persecución para ocupar unos escaños en el Parlamento.
     Los politólogos podrán aducir mil y una razones por las que determinados grupos (rurales, en particular) deben ser especialmente tenidos en cuenta a la hora de repartir los escaños. Pero lo que a todas luces resulta lógico y natural es que todos los votos tengan el mismo valor, y que el reparto de escaños sea proporcional (sin que se realicen “labores de cocina”) a los votos obtenidos. Y lo que no es normal es que en las elecciones de 2015 el reparto de escaños fuera absolutamente injusto y desproporcionado si atendemos a los votos conseguidos. No hay más que hacer una pequeña tabla comparativa de los escaños obtenidos y los que se habrían obtenido mediante un sistema de circunscripción única (con asignación de escaños en función del número de habitantes para favorecer a las provincias más despobladas) y, por último mediante un sistema proporcional puro (un ciudadano, un voto).
                          Escaños 2015              Circunscripción única       Sistema proporcional puro
PP                                 137                                         119                                                 105
PSOE                           85                                             81                                                    77
Podemos                    71                                             76                                                    84
C’s                                32                                              47                                                    49
   Naturalmente, estos resultados habrían significado un importante vuelco en el equilibrio de fuerzas parlamentarias, pero es evidente que, al PSOE, estos resultados no le habrían gustado porque hubieran significado que se verían no igualados sino superados por quienes parecen ser sus enemigos reales, o sea, la izquierda encabezada por Podemos e IU.
     Por ello no es sorprendente que, cuando Podemos y C’s han planteado su intención de promover una modificación de la Ley Electoral, hayan recibido una respuesta negativa por parte de los dos partidos que se han repartido desde siempre la parte del león de los escaños del Congreso.
Admitamos que, políticamente hablando (y empleo el término “político” en su sentido más negativo, es decir, en el de búsqueda de obtención y mantenimiento del poder a toda costa), es lógico que PP y PSOE se revuelvan y rechacen cualquier iniciativa que signifique una posibilidad de perder peso específico y reducir sus escaños parlamentarios. Lo que es más difícil de digerir es la postura y la respuesta que las dos representantes del partido “socialista” han dado a los medios para rechazar la propuesta de Podemos y C’s.
    Salió a los medios Adriana Lastra, vicesecretaria general socialista –ni siquiera lo hizo el secretario general– acompañada por Margarita Robles (quien siempre que la veo me hace recordar su repulsiva actitud en el caso Baltasar Garzón y, por tanto, me pone en estado de prevención y desconfianza absoluta) para darnos una formidable lección de cinismo político.
He aquí cómo despachaba la señora Lastra la postura oficial de su partido al respecto: “No es una cuestión a tratar entre dos o tres fuerzas políticas. Cuando hablamos de algo tan serio hay que tener la visión de todos los grupos de la Cámara”. Afirmación sencilla de rebatir. No se trata de dos o tres fuerzas políticas, sino que, de participar PP y PSOE en el debate del asunto como pretenden los promotores de la iniciativa, se trataría de las cuatro principales fuerzas políticas del Estado, con un porcentaje de representación nacional cercano al 90 de los electores. O la señora Lastra no sabe sumar o su cinismo es de un tamaño rayano en la desmesura. No tuvo el PSOE tanto escrúpulo democrático cuando se unió al PP para reformar el artículo 135 de la Constitución, yendo totalmente en contra de los intereses de la mayoría de los ciudadanos y obedeciendo las instrucciones de las grandes corporaciones económicas y financieras.
     Pero aún redondeó más su desfachatez la señora vicesecretaria general socialista cuando, sin que se le moviera una pestaña añadió: “La propuesta que presentan es porque les «beneficia» y han llegado a ella después de «sacar la calculadora». Una modus operandi «contrario» a la manera de trabajar del PSOE”. Ese descaro, esa osadía, ese desparpajo es como el del ricacho que comentaba al inicio de este escrito, que les dice a los pobres del mundo: “¿Cambiar el sistema? ¡Qué caradura! Vosotros lo que queréis es comer y tener un buen trabajo y una buena casa… ¡Sois unos egoístas del carajo!”
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