¡Niños, sed buenos, que viene el Supremo!

Lo peor de la mayoría de magistrados del Supremo  –aparte de sus vicios frecuente e inútilmente denunciados de conservadurismo, franquismo, beatería (véase la biografía de su presidente, el señor Divar), corporativismo, parcialidad o arbitrariedad– es que pueden llegar a ser de una torpeza rayana en la subnormalidad, y pido perdón por usar un término que en ningún modo tiene que ver con los que sufren una deficiencia psíquica, simplemente quiero con ello expresar que la actuación de algunos de estos magistrados es tan torpe que hace pensar en una inteligencia por debajo de lo normal (= subnormal).

     Escucho en Radio Nacional que el magistrado Marchena ha acordado el archivo de la causa contra Garzón porque el delito de cohecho impropio, que parece ser ahora el único que el juez considera probado, ha prescrito. Es más, parece ser que ese plazo estaba superado cuando Antonio Panea y José Luis Mazón presentaron su querella contra Garzón (12 de junio de 2009).
     Quien esto escribe, desde su falsa ingenuidad, se pregunta: Y si el delito de cohecho impropio había prescrito, ¿por qué se admitió a trámite la querella y se llegó a instruir la causa, con los consiguientes gastos que ello conlleva?  Pero esa pregunta, así planteada, podría conducir a pensar que, por mucho que yo lo niegue, soy un ingenuo. Y no lo soy. Todo lo contrario. La experiencia de vivir en este país (renuncio a decir en este puto país) me ha convertido en un ser muy mal pensado (o sea, realista), con una tasa de aciertos que se aproxima al cien por cien de los casos de sospechas mejor o peor fundadas.

     Así que, para abreviar y no cansar a las muchas personas que tienen la amabilidad y la paciencia de leer mi blog, enumeraré las ideas que me ha sugerido esta resolución del juez Marchena:
  -          Bajo la batuta de los elementos más ultraconservadores de la judicatura y con el beneplácito del PP y de la iglesia católica, se pone en marcha la maquinaria del Supremo para anular a Baltasar Garzón. Para ello se buscan cauces de apariencia legal que permitan su procesamiento. Se encuentran idiotas y fascistas útiles (los abogados arriba mencionados o el “sindicato” Manos Sucias (¡uy!, ¿en qué estaría pensando?) cuya presidencia de honor ocupaba el infame juez Adolfo Prego.
      -          Se consiguen llevar adelante los tres procesamientos. El objetivo irrenunciable es conseguir la expulsión de Garzón de la carrera judicial. No se trata de meterle en la cárcel (no porque les disguste la idea sino porque sería difícil de lograr); lo que importa es que no pueda volver a instruir ningún caso en la Audiencia Nacional.

      -          Frente a cualquier asomo de justicia y dignidad, se le condena a 11 años de inhabilitación por permitir las escuchas de los chorizos de la Gürtel con sus abogados defensores –no menos chorizos que ellos–, con lo que el Supremo santifica la idea de condenar al juez y facilitar el sobreseimiento de la causa de los ladrones. ¡El objetivo está conseguido: Garzón es expulsado de la carrera judicial!
       -          Ya es el momento de tomar decisiones respecto de los otros asuntos que están sub judice: la prevaricación por el asunto de la Memoria Histórica y el cohecho impropio. Lo cierto es que ya importa poco el resultado de ambos casos, aunque en el de la Memoria Histórica los herederos del franquismo –que son muchos y están bien situados en todas las esferas de la vida política, financiera, judicial y eclesiástica de España– no van a soltar fácilmente la presa que tienen entre los colmillos.
       -      El juez Marchena decreta que el asunto del cohecho ha prescrito. Y se lava las manos (que buena falta le debe de hacer, igual que la conciencia). Pero no es todo tan simple. ¡No lo es! Y aquí surge, como una nube negra en el horizonte del pensamiento,  la intuición de quien suscribe, una intuición forjada tras años de oír hablar y ver actuar a esta gente (pese a todo, la sigo calificando de “gente”).  El juez Marchena dice que el delito ha prescrito, pero añade, sibilinamente, que no le queda ninguna duda de que se ha cometido el delito y que el juez Garzón cobró un dinero que no debía haber cobrado. O sea, que se vendió. Es decir, que Marchena pone a Garzón a la altura moral de Camps. Sólo que a Camps lo han declarado inocente. Y a Garzón, el juez Marchena lo declara culpable de un delito prescrito… ¡¡¡pero ya sin posibilidad de defensa!!! Porque en el caso de haber un juicio, incluso con condena, la opinión pública podría enterarse de los argumentos de la defensa, conocer las pruebas, tanto condenatorias como absolutorias. Pero, al no haber juicio, al declararse prescrito, Garzón queda indeleblemente condenado a ser acusado de culpable de cohecho impropio. Su nombre queda para siempre manchado. Y Marchena y el Supremo seguirán lavándose las manos y exigiendo respeto por sus decisiones.

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Caricatura de El País

     Para colmo, esta mañana he escuchado la intervención del presidente del Supremo y del CGPJ, José Carlos Dívar, en el Congreso. Debo admitir que me cuesta mucho escucharle. No sólo por lo que dice, sino por cómo lo dice. Tiene voz eclesial y un tono untuoso y dulzón que, por expresarlo con una frase muy de mis tierras aragonesas, “da pampurrias”  (término que viene a definir algo que fluctúa entre el aburrimiento, el asco, la rabia y las ganas de vomitar). Criticaba esta mañana el señor Dívar las “interpretaciones sesgadas” y las “descalificaciones interesadas” de las decisiones de los jueces. ¡Vamos, señor Dívar, no nos tome usted el pelo! Para interpretaciones sesgadas las que hacen de la Ley los ínclitos intérpretes del Supremo, que trabajan -es un decir- a sus órdenes. En cuanto a tachar las críticas a esas decisiones (críticas más que justificadas y, por lo que se ve, universales) de “descalificaciones interesadas”, habría que preguntar al señor Dívar qué diantres quiere decir al usar el adjetivo "interesado". Según la RAE, una opinión es interesada cuando “se mueve demasiado por el interés, o solo por él”. ¿Qué interés puedo tener yo, o mi primo Pepe, o el conjunto de mis amigos en descalificar las decisiones del Supremo? Creo que el señor Dívar, movido de su angélica memez estaba pensando en el propio demonio, ese ser maléfico en el que sigue creyendo.

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     Por cierto, hace dos o tres días tuve el infortunio y el nulo placer de ver en televisión a la portavoz de los múltiples señores Dívar del CGPJ, la señora Gabriela Bravo, que es una especie de muñeca Barbie jurídica con voz de alumna premio extraordinario de las Ursulinas, quien levantando amenazador el dedito (de su manecita derecha) afirmaba con voz que ella habría querido tronante, pero que era ridículamente abizcochada: “Las críticas que se están vertiendo contra las decisiones del Supremo son INTOLERABLES” (las mayúsculas las pongo por reflejar la intensidad de su voz en esta palabra). Perdóneme, señora Bravo, pero en el momento en que la escuché estaba a mitad de almuerzo y casi me atraganté. Como consecuencia de eso y del mal cuerpo que llevo con este tema de las sentencias del Supremo desde hace días, tuve el mal gusto de gritarle a usted (mejor dicho, a la pantalla de la tele): ¡Vete a la mierda! Le prometo que no volverá a ocurrir. De verdad. No habrá oportunidad porque nunca más volveré a escucharla cuando hable usted en público.
     En fin, amigos, como decía esta mañana mi admirada Almudena Grandes en su columna de El País, ella pensando en sus hijos y yo, más bien, en mis nietos: ¡Me aterra el país en el que van a vivir!

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