Repaso de la prensa

El repaso de la prensa de hoy me ha llevado a hacer tres consideraciones que someto a vuestra perspicaz lectura. 

Bancos incontinentes
Para que los bancos pudieran ver satisfecha la incontenible voracidad que, en estos tiempos de crisis, ha venido a suplantar a su anterior (aparente) generosidad en la oferta generalizada de créditos hipotecarios a precio de saldo, sería necesario que los contratos de los préstamos hipotecarios incorporasen a sus cláusulas la siguiente aclaración, que debería ser leída en tono solemne por los notarios a la hora de la firma:  “En el supuesto de impago del préstamo y en el caso de que el valor de mercado del bien hipotecado no alcanzara a satisfacer la deuda total contraída, además de la toma del bien hipotecado por el banco prestador, el prestatario se compromete a hacer entrega al banco de todos sus restantes bienes muebles e inmuebles si los tuviere, así como a poner a disposición de la entidad crediticia todos aquellos elementos corporales (incluidas ambas nalgas y zonas colindantes) que pudieran ser usados por el banco para, mediante el ejercicio del libre comercio (incluida la prostitución, sodomía, etc.), resarcirse de la deuda contraída hasta su total liquidación, incluso si ello implica la pérdida de la dignidad, de los recursos mínimos de supervivencia o de la vida misma del prestatario”.

Viene esto a cuento de una noticia que da cuenta de una decisión de la Audiencia Provincial de Navarra –la primera que se dicta en contra de los bancos y a favor de los usuarios–, según la cual el juez da la razón a un cliente del BBVA que llevó ante la Justicia a este banco porque, una vez que desposeído de su vivienda por falta de pago y la entidad se hizo con ella, se le seguía exigiendo “el pago del resto de la hipoteca”. Es lógico. Los bancos prestaban sin tino ni medida y ofrecían cantidades en ocasiones superiores al valor de tasación (por si el comprador quería hacer una reformita o adornar la compra con la adquisición de un todoterreno como regalo para la señora). Claro, al llegar las vacas flacas y tras la explosión de la burbuja del ladrillo, los pobres y depauperados bancos se dan cuenta de que habían estado metiendo la pata, pues algunos pisos, tras su reposesión, pasan a engrosar una no deseada cuenta de activos del banco, que más que activos son un brutal pasivo. Y, claro, lo sacan a pública subasta. Y, por supuesto, lo venden a cualquier precio, a veces a la mitad de su valor de mercado. Y, en muchas ocasiones, a amigos y enchufados previamente advertidos del chollo. El caso es hacer caja. Y luego se dedican a acogotar al deudor, que, ingenuamente, pensaba que con la pérdida de su casa ya quedaba resarcida y resuelta la deuda.

¡Craso error!  Un banco nunca puede perder. Los directivos bancarios nunca pueden equivocarse. Y para eso está la legislación, para ofrecer las respuestas que dan la razón al más fuerte. Y para eso está la fuerza y el peso de la ley, que, para estas ocasiones, suele ser insólitamente rápida. Y, salvo casos como el que hoy nos ocupa, los jueces siempre encuentran los recovecos legales para dar la razón… ¡a los bancos!

De nada sirve que la definición generalmente aceptada de préstamo hipotecario sea la siguiente: “Entrega de una organización (normalmente, un banco) a otra (por lo general, una persona física), de una determinada suma de dinero, a fin de que se proceda a su devolución en el tiempo (con los correspondientes intereses) y con la garantía de un inmueble para el supuesto de que no se proceda a la devolución”. Esta es la definición para ingenuos. Parece ser que una cosa es lo que dicen los contratos de hipoteca; y otra todas las interpretaciones a que da lugar la compleja y desconocida (por el normal de los mortales) Ley Hipotecaria.

En el caso que comento, el BBVA argumenta, igual que hacen los demás bancos en este tipo de casos, que, tal y como establece la ley, si el valor del inmueble no cubre el total del crédito concedido, el prestador está en su derecho a seguir exigiendo el pago de la totalidad del préstamo, pudiendo exigir el patrimonio “presente y futuro” del deudor.  Tan evidente es la actitud abusiva de los bancos y lo injusto de la legislación hipotecaria española –considerada por juristas internacionales como una de las más severas del mundo, pues en algunos casos puede constituir una cadena de por vida, cuando en otros países, como Francia, Estados Unidos, Alemania o Francia sólo la vivienda garantiza el pago de la cantidad hipotecada–, que se está elaborando un texto legal en el Parlamento  para poner freno a los abusos y excesos de los bancos (cuyo culo, por cierto, hemos contribuido a salvar todos los ciudadanos con el dinero de nuestros impuestos).

Y yo me pregunto, ¿para qué están los jueces sino para “interpretar” la letra de la ley y aplicar su espíritu? Por eso existen tribunales superiores, que pueden corregir –y de hecho lo hacen a menudo– las torcidas interpretaciones de los tribunales inferiores. Una sentencia puede pasar por no menos de tres tribunales antes de lograr la definitiva sentencia del Tribunal Supremo. Y, según los casos, tras el Supremo todavía cabe recurso al Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Porque, incluso si aceptamos el hecho de que la letra de la legislación hipotecaria española es a todas luces injusta, cabría hacer una lectura justa de dicha legislación. Para eso están los jueces. Para eso estudian tanto. Y para eso, al alcanzar su “alta magistratura” –palabra que deriva de magister, o sea, maestro–, se convierten en un “poder del Estado”, para ser más que meros aplicadores de criterios legales. Porque si para dictar sentencia no hubiera que hacer otra cosa que aplicar estrictamente determinadas cláusulas de una ley, sería mucho más rápido, eficaz y certero –y, desde luego, mucho más barato– crear un programa informático que tuviera todos los datos y aplicara con absoluto rigor cibernético los criterios legales.  Esperemos que cuando esta sentencia llegue al Supremo –adonde llegará con toda seguridad pues el BBVA ya ha anunciado su intención de recurrir–, los altos magistrados demuestren su capacidad para interpretar con una perspectiva que anteponga el sentido común, los principios morales y el sentido de la dignidad a la letra de la ley.  Claro que, a la vista de las cosas que ha hecho últimamente el Tribunal Supremo –pongamos por caso las decisiones del caso Garzón–, casi estoy por echarme a temblar.

¿Para cuándo la reforma del sistema judicial en España? 

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Listados electorales
 Al hilo del tema que abordaba en mi último post, he leído hoy una excelente columna en El País de una gran periodista a la que admiro y con la que, además, me divierto: Maruja Torres. Ya se sabe que la letra, más que con sangre, entra con risa. Y me río con Maruja por esa especie de “maldad” suya, ese sarcasmo burlón con el que hace que sea posible tragar el acíbar de sus justas críticas.

Respondiendo a la actitud elitista manifestada días atrás por Durán Lleida, cuando afirmó que para ser parlamentario hay que estar en posesión de unas aptitudes muy exigentes, que justificarían un sueldo en consonancia, se pregunta Maruja Torres a quién nos gustaría tener como representantes en el Parlamento. Y realizando una hábil maniobra, se responde a sí misma diciendo “a quién no queremos tener como representantes”. Bien, podemos intentar elaborar el retrato robot de nuestros parlamentarios ideales por exclusión. Yo no querría tener al ochenta o el noventa por ciento de los que lo son ahora, por una sencilla razón, como explicaba en mi anterior post: porque yo no los he elegido; los ha elegido su partido. No sé quiénes son, ni cómo piensan, ni qué antecedentes, méritos, ambiciones o ideales tienen. Añade Maruja Torres una categoría a la que vengo de aludir en mi artículo precedente: los bancarios (y los banqueros). ¡Coincido plenamente con ella! Ni queremos nadie a los corruptos cualquiera que sea su color, hayan sido ya imputados, procesados y juzgados o estén en libertad condicional. También es cierto que los corruptos generalmente se han corrompido después de alcanzar alguna cota de poder.

Entonces, ¿quiénes serían personas idóneas para ocupar cargos de representación y, en su caso, de gobierno? Lo obvio sería proponer un ejemplo, como hace Maruja Torres, con el que no podría estar yo más de acuerdo: José Antonio Labordeta. ¿Por qué? Pues es muy sencillo: porque Labordeta, dejando aparte el hecho de que era un ilustre paisano, representó los grandes valores que deberían adornar a un político: rectitud de conducta; idealismo (sabiendo que en ciertos momentos hay que ser realista, y no siempre posibilista); honestidad a prueba de bomba y de inspecciones de Hacienda; inteligencia y claridad de planteamientos; y sencillez y proximidad en el trato con la gente. No parece demasiado pedir; pero debe de ser dificilísimo de reunir en una persona por la escasez con que encontramos especímenes así en nuestra vida política.

Proponía yo listas abiertas. Ese sería un primer paso. Pero también cabría estudiar otras posibilidades. De la misma manera que se proponen candidatos para formar parte de comisiones o para ser galardonados con premios (Nobel, Príncipe de Asturias, Cervantes) o para ingresar en la Real Academia Española, ¿no podría establecerse un sistema para que los ciudadanos pudieran, mediante la recogida de firmas y la elaboración de un informe de idoneidad, proponer a personas con las características antes mencionadas para que fueran candidatas al Parlamento, por supuesto como independientes o dentro de una corriente política determinada (normalmente conservadora o progresista)? Añadiría que siempre y cuando esas personas dieran su beneplácito, por supuesto. Sé que es una idea quizás poco meditada, que requeriría matizaciones. Pero, ¿es un disparate? ¿O tiene visos de poder convertirse en un paso en la buena dirección?

Ninguna idea debe desecharse sin haberle dado la oportunidad de un debate abierto.

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Todo por la patria
El título suena a casa-cuartel de la Guardia Civil. Pero no es así. La frase me la inspiró ayer la deportista castellano-leonesa Marta Domínguez, implicada en la Operación Galgo, cuando en una insólita entrevista que le realizaron para televisión en el canal Veo7 y para El Mundo vino a decir que se sentía “muy defraudada por el trato que estaba recibiendo”, teniendo en cuenta “lo mucho que ella le había dado a España”

Deseo aclarar que, si por casualidad me veo obligado a escucharla, cualquier palabra que salga de la boca de Pedro J. Ramírez, el entrevistador y muñidor de la entrevista, cuyo historial profesional en el periodismo está lleno de amarillismo, mentiras y desfachatez, me produce una profunda desconfianza y una incontenible irritación. Pero aclararé a continuación que cuando escuché la frase antedicha de Marta Domínguez no sabía yo no en qué canal se daba la entrevista ni quién la hacía, pues se trataba de una información resumida ofrecida por TVE 1.

Una segunda aclaración para disipar posibles dudas respecto a mi opinión sobre el tema: apenas sé nada de la biografía de la atleta, aparte de saber que es campeona del mundo y subcampeona de Europa de 3.000 metros, ni tengo formada ninguna opinión personal sobre ella. Por consiguiente, ni la considero culpable ni  inocente. Simplemente sé que está implicada en un caso de distribución de sustancias dopantes a distintos atletas, y que un juez la ha llamado a declarar como testigo y posteriormente la ha imputado. Esto no quiere decir que sea culpable de nada, sino que podría serlo, y que el juez tendrá que estudiar el caso e interrogarla para decidir si pasa o no de la condición de imputada a la de procesada.

Hasta ahí, Marta Domínguez goza de la misma presunción de inocencia que cualquier otro español. Pero también tiene que responder, como cualquier otro español,  ante los tribunales de una serie de hechos que, con toda seguridad, la policía no se ha inventado para fastidiarla. Es evidente que si su nombre se ha visto mezclado con del de algún personaje que tiene fama notoria de ser un apañador de dopajes, como es el doctor Eufemiano Fuentes, y su nombre aparece en listas sospechosas, y la policía se llevó cajas de su casa tras efectuar un registro, algo debe de haber, salvo que esté convencida de que está siendo sometida a una persecución policial injusta e injustificada. ¿Quiere esto decir que es culpable de algo? Eso deberá demostrarse sin lugar a dudas, pero está claro que Marta Domínguez, como mínimo, ha andado en malas compañías. Y eso trae siempre malas consecuencias.

Pero es moda curiosa entre determinados famosos de este país exigir que la gente, los ciudadanos (o sea, los españoles) manifestemos nuestro apoyo decidido y sin fisuras (incluso en contra de las decisiones judiciales) para mostrar nuestro agradecimiento a lo mucho que debemos a estos personajes por la labor artística/deportiva/social/política que han desarrollado. De no hacerlo así, los españoles estamos demostrando ser un pueblo desagradecido. Permitidme una expresión castiza que resume y engloba todo posible comentario irónico y crítico a tal actitud: ¡¡¡qué morro!!!

¿Acaso cuando un deportista obtiene un éxito de ámbito internacional no se lleva consigo toda la gloria (y el dinero)? ¿Deberíamos estarle eternamente agradecidos? ¿Y perdonarle cualquier fechoría, si la comete? ¿Deja, por el hecho de ser buen deportista, de ser un ciudadano con todas las de la ley?

En nuestro país, tenemos una viciosa tendencia a confundir el culo con las témporas.