¿Todos iguales ante la ley?

Dice la Constitución Española en su artículo 14: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. A esta declaración de buenas intenciones (que no otra cosa es el hermoso contenido de este artículo constitucional) cabe oponer una frase que leía hoy mismo: “Todos somos iguales ante la ley, pero no ante quienes son responsables de aplicarla”. 

     No sé realmente quién dijo –o escribió– esta última frase, pero es, sin duda, muy acertada. Supongo que podría aplicarse a muchos lugares del mundo, pero me temo que España es el epítome de la arbitrariedad, si no de la injusticia (que, al fin, mala justicia, justicia muy lenta e injusticia son conceptos que van de la mano y pertenecen a una misma familia). Por ello, en nuestro país se hace triste realidad la frase anterior, pues los responsables de aplicar la justicia actúan, de forma mayoritaria aunque con minoritarias y destacadas excepciones, respondiendo bien a su ideología –básicamente conservadora cuando no decididamente franquista–, bien a sus intereses personales o a los de su grupo ideológicamente coincidente, sea este político, familiar, religioso o económico.

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     El sistema de acceso a la carrera judicial es absurdo y obsoleto: solo premia la capacidad memorística, sin garantizar en absoluto valores tan imprescindibles en un juez como la integridad, el equilibrio emocional, el humanismo y la independencia de criterio. Es evidente que, mientras no se cambie dicho sistema de acceso a la carrera, que, además de constituir un bastión cerrado y fortificado, no hace sino crear clientelismo y corporativismo, la justicia española será deficiente y seguirá estando bajo sospecha. La prueba es que, últimamente, nos ha regalado todo un retablo de despropósitos, cuando no directamente abusos y probables prevaricaciones al más alto nivel jerárquico (es evidente que me refiero a los casos que han afectado al juez Garzón).

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     Ya se sabe que para entender las cosas, no hay como poner ejemplos. Y para encontrarlos, no hay como revisar las hemerotecas, algo que hoy día resulta de lo más sencillo si se dispone de un ordenador y de conexión a Internet, lo que está al alcance de todo el mundo. La vida cotidiana de la España judicial, nos ofrece ejemplos hasta la náusea, dicho esto en su sentido más literal.  
      Podemos ver cómo se posponen casos vergonzosos de corrupción hasta que prescriben, dejando limpias en apariencia conductas totalmente enfangadas (la gente ya ha olvidado que el flamante presidente de Telefónica es, según reconocía en su día una sentencia del Supremo, un delincuente al que no se pudo condenar por haber prescrito su delito de lucrarse vilmente en varios millones de euros mediante el infalible procedimiento de utilizar información privilegiada, y hoy gana 10,5 millones de euros anuales y es nombrado hijo predilecto de su ciudad (mi ciudad) para vergüenza de propios y extraños).

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      Es palmario el hecho de que en los juzgados, los propios jueces, los fiscales o personas con acceso a la documentación de los expedientes filtran datos que permiten que casos manifiestos de delito se salden sin penalización. Un ejemplo reciente es el de Javier Escribano, exdiputado del PP, acusado de corrupción por recibir un Porsche de regalo por amañar la concesión de un contrato millonario con la Xunta de Galicia. El juez ha dictaminado que, pese a la existencia de indicios evidentes de delito, la filtración había permitido la destrucción o el amaño de pruebas suficientes para condenar. ¡Otro chorizo a la calle!

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     Pero hay y seguirá habiendo otros casos similares (no olvidemos al impresentable expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, cuyos distintos expedientes judiciales trató desesperadamente de retrasar el gobierno valenciano de otro chorizo salvado mediante argucias procesales, Francisco Camps). 

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     Otras veces, esas filtraciones tienen por objeto desprestigiar a un político antes de que éste sea juzgado, y condenado o absuelto, como ha sido el caso del exministro José Blanco, por el que no siento ninguna simpatía personal, pero que fue colocado al pie de los caballos merced a las filtraciones interesadas del diario El Mundo, periódico despreciable y amarillista, sin que hubiera más prueba que las declaraciones de un empresario corrupto.

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¿Alcalde o promotor inmobiliario?

     Veremos ahora en qué queda la situación del alcalde de Santiago, acusado por Hacienda de delito fiscal por quedarse casi 300.000 euros de IVA cobrado a sus clientes y no ingresado en las arcas públicas. Puedo recordar con horror, de mi época laboral con mi pequeña empresa de servicios lingüísticos, la rapidez y contundencia con que actuó Hacienda en una ocasión en que se nos olvidó hacer el ingreso trimestral del IVA el día 20 del mes correspondiente ¡¡y lo ingresamos dos días más tarde!! Llama la atención cómo un sinvergüenza que, además ocupa el puesto de alcalde de una gran ciudad, haya podido dejar de ingresar una cantidad tan impresionante de IVA (casi 300.000 euros, o sea, proporcionalmente al IVA de mi empresa, que apenas superaba los 2.000 euros) sin que le aplastara el peso de Hacienda. Eso sí, el señor alcalde de Santiago saca pecho, desenfunda su arsenal ideológico de derechas de toda la vida, y tiene la desfachatez de prohibir la actuación de un artista de reconocido prestigio mundial: Leo Bassi. La razón: que el gran cómico italiano es un firme defensor de radicales posiciones de izquierdas, además de ser ateo y abiertamente anticlerical. O sea, que el alcalde de Santiago, además de defraudador (delincuente), es un rancio inquisidor.

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¿Los reconocéis a todos?

     Pero si trasladamos  nuestra atención a otros ámbitos de la aplicación de la justicia, sabiendo el rigor con que se aplican las medidas cautelares con delincuentes de medio pelo y sin padrinos que les protejan, produce sonrojo el hecho de que no se hiciera ingresar en prisión a Jaume Matas, habida cuenta de la gravedad de los hechos probados, por el mero hecho de que su abogado iba a presentar un recurso de apelación en el Supremo y con la afirmación –solo enteramente creíble para su abogado– de que no había riesgo de fuga.

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Sor Mezquindad

     Bien, es evidente que los casos mencionados son como son por ser quienes son los delincuentes acusados, juzgados o no. Se me dirá que ha habido otros casos en los que personas izquierdas han podido beneficiarse de una actuación favorable de la justicia; o en que la presión de la opinión pública ha conseguido que un tribunal haya actuado en la dirección correcta; o en que un juez ha aplicado con rectitud la justicia, sin tener en cuenta la personalidad de los implicados (razón por la que se representa siempre a la Justicia con una venda en los ojos). Sin duda los ha habido, los hay y los seguirá habiendo. Pero son, con seguridad, mayoritarios los casos en que los jueces actúan a) aplicando los dictados de su conciencia personal, su ideología o sus creencias religiosas y no el espíritu de la ley; b) obedeciendo intereses corporativos o, lo que es peor, envidias u odios personales; c) en función de las presiones recibidas, sean estas de los medios de comunicación o  de sus superiores jerárquicos; d) con respeto reverente a la persona encausada, si ésta pertenece a determinados círculos sociales.
      Por ejemplo, y aunque esto pueda parecer un asunto menor, ¿por qué se ha permitido que la tal María Gómez Valbuena (sor María, la monja ladrona de niños recién nacidos) entrase a los Juzgados por una puerta lateral, evitando así la posibilidad de que fuera –lógica y justamente– abucheada por personas afectadas por sus vergonzosas y repugnantes acciones delictivas? ¿Es una deferencia con la iglesia católica? ¿Por qué se beneficia de esas atenciones esta monja, que es una supuesta delincuente, aunque lleve hábitos? En última instancia, ¿por qué se tienen estas deferencias con los representantes de la iglesia?

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     España es como un ring de boxeo, con cuatro rincones que lo definen y sostienen: la iglesia católica; la organización judicial; los representantes del poder económico (bancos y grandes empresas); y la derecha política (PP en España y CiU en Cataluña). En medio del ring, está el españolito corriente recibiendo mamporros de los cuatro rincones del cuadrilátero. Saldré al paso de quienes hayan dado un salto al ver que meto en el mismo cesto al PP y a los nacionalistas catalanes, y les diré que repasen los periódicos de los últimos años, y verán que las diferencias que parecen separarles, a unos y otros, son meramente juegos de artificio verbales, pero que, a la hora de la verdad, renuncian a sus odios ancestrales para repartirse felizmente el pastel del poder. A título de ejemplo: ¿no es llamativo (y vergonzoso) que los consejeros de PP y CiU se levantasen el otro día de la reunión del Consejo para evitar que, desde RTVE, se condenaran las declaraciones en contra de la homosexualidad del obispo de Alcalá?
       Lo que dios mantiene unido (intereses ideológicos, políticos y económicos comunes) no lo separa ni dios, valga la redundancia. Y, en caso de estropicio, los jueces lo remiendan. Así que, la luz que para todos debería representar la Justicia, se convierten en nuestro país en un panorama de claroscuros, con más oscuros que claros. No diré que es un túnel sin atisbo de la mínima claridad; pero sí afirmo que es un pasillo interior muy pobre y tenuemente iluminado.

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España, un claroscuro